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¡Exprópiese!
Las amenazas a la propiedad privada, sumadas a la fuerte presión impositiva y la inseguridad jurídica, desalientan las inversiones y la creación de empleos
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LA NACION
Durante un acto en el que se puso en marcha un plan de viviendas, el presidente Alberto Fernández expresó que se justificaría la utilización de tierras “improductivas” de un particular para construir viviendas. Agregó que un “Estado presente” debía ser el instrumento para disponer de esas tierras. Del encuentro formaba parte el exintendente de Avellaneda y actual ministro de Desarrollo Urbano y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien fue elogiado por el primer mandatario y, a su vez, manifestó públicamente su apoyo a una norma dictada en su municipio para actuar en ese mismo sentido. Esta nueva ordenanza municipal establece que un inmueble puede ser expropiado por ausencia de construcción, aun cuando haya pagado impuestos fuertemente crecientes por esa razón. Las palabras del Presidente, como era de esperar, provocaron entusiasmo en grupos propensos a ocupar tierras ajenas.
La forma de utilización de una propiedad inmueble debe concernir a su legítimo dueño. Va contra la lógica que alguien la retenga y mantenga y permanezca ociosa, si debe pagar impuestos sobre ella. Pero aun cuando puedan existir esos casos, el eventual costo social de tal comportamiento estará siempre muy por debajo del que se conoce de cualquier explotación estatal. No hay más que ver lo ocurrido en los países que practicaron el colectivismo, cualquiera sea su cultura.
No estamos lejos de escuchar aquella orden que ha contribuido a la ruina de un país cuyo gobierno es admirado por quienes hoy nos gobiernan
El mensaje presidencial se produjo en el contexto de recientes acciones que marcan un claro rumbo hacia un estatismo más acentuado y hacia una degradación del derecho de propiedad. En esta columna editorial hemos tratado casos sintomáticos como los de Vicentin, Impsa, la hidrovía, la ocupación de tierras ante la pasividad oficial, y también otros en los que el Estado ha tomado o ha amenazado con quedarse con propiedad privada. Debemos considerar también las diversas vías en las que se ha afectado la propiedad sin adueñarse de ella, al menos en una primera etapa. Lo están viviendo las empresas de medicina prepaga y las compañías de servicios públicos cuyos precios y tarifas están regulados y sometidos a fuertes retrasos respecto de la inflación. De esta forma, el valor de estas empresas se reduce y hasta pueden caer en quiebra. Se convierten en un bocado fácil para los amigos del Gobierno o para el propio Estado.
Otra forma de afectar la propiedad personal es su confiscación gradual a través de gabelas impositivas que le quitan al contribuyente la totalidad de la renta y lo obligan a ceder parte del capital. Esto ocurre con el impuesto a los bienes personales desde que se creó y más aún desde que se incrementaron las alícuotas en 2020. Para colmo, se le ha sumado el llamado impuesto a la riqueza, que en forma confiscatoria entra de lleno en el capital. Ninguno de estos dos gravámenes tiene en cuenta los pasivos. Si se posee un bien comprado con un crédito que todavía no se ha devuelto, este no se puede deducir para el cálculo del impuesto.
El patrimonio de una persona es el fruto de la acumulación de ahorros anteriores realizados por ella o sus padres, sobre ingresos por trabajo o sobre rentas obtenidas enfrentando riesgos. Sobre ellos ya se pagó en su momento el impuesto a las ganancias; por lo tanto, cuando se gravan patrimonios se está duplicando la carga impositiva. Es una forma grosera, nada sutil, de confiscación de la propiedad. Se puede decir también que es una burla para quien ahorra. Todas estas formas y excesos están ocurriendo en esta gestión de gobierno y son causa de emigración de contribuyentes que buscan radicarse fiscalmente en Uruguay u otros países. Empieza a verificarse la ley que dice que, a partir de cierto valor, el incremento de un impuesto tiene el efecto de hacer caer la recaudación.
La amenaza a la propiedad se suma a la elevada presión impositiva, la inflexible legislación laboral, el cepo cambiario y la inseguridad jurídica para desalentar la inversión e impulsar la salida de empresas de nuestro país. Se ha conformado un círculo vicioso donde no hay creación sino destrucción de empleo privado. El populismo no atina sino a dar una respuesta: empleo público y planes sociales. Mientras tanto, los efluvios ideológicos impulsan al acendrado estatismo, a atacar la propiedad y a profundizar el problema. No estamos lejos de comenzar a escuchar aquella orden que ha contribuido a la ruina de un país cuyo gobierno es admirado por quienes hoy nos gobiernan: ¡Exprópiese!
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