Falso testimonio, duras penas
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En el marco del juicio oral que se llevó a cabo en febrero, la querella y la fiscalía pidieron una condena de nueve años para Fiorella Damiani, consejera escolar libertaria acusada por falso testimonio. Había sido detenida en abril de 2025 en Bahía Blanca, liberada cinco días más tarde por tratarse de un delito excarcelable, y recibió su condena días pasados.
En 2017, la mujer acusó a los músicos Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. Ambos fueron detenidos. Ella incluso sostuvo sus dichos en la ampliación de denuncia, que tuvo lugar en 2021.
La aparición de videos recuperados de los celulares de los acusados fueron el punto de quiebre en la causa. Las imágenes acreditaron que el encuentro había sido consentido y que todos los participantes estaban lúcidos, luego de una fiesta de cumpleaños iniciada en un bar de Punta Alta de la que se retiraron los tres juntos. Las pericias médicas descartaron lesiones compatibles con una violación y rastros de drogas en la denunciante.
Los acusados, que fueron sobreseídos y recuperaron inmediatamente la libertad, iniciaron las acciones civiles y penales que condujeron a la detención de Damiani. La acusan de haber infringido el artículo 275 del Código Penal, que establece penas de uno a diez años de prisión para quien incurra en falso testimonio en una causa criminal, en perjuicio del inculpado.
Luego de jornadas de debates, declaración de testigos y peritos, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca condenó a la exconsejera escolar a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de falso testimonio, agravado por haberse producido en una causa criminal en perjuicio de los inculpados. El juez dio por acreditado que Damiani afirmó como un hecho algo que no existió. No irá a prisión, pero se le exigió fijar y mantener actualizado el domicilio, sometiéndose al control del Patronato de Liberados correspondiente.
No conformes con la condena, los denunciantes hablan de una “burla” y se espera que fiscalía y querella apelen la sentencia.
En noviembre de 2024, en el Senado nacional se impulsó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por Carolina Losada que agrava las penas por falsas denuncias, con énfasis en las vinculadas con la integridad sexual y la violencia de género, capaces de destruir la vida de una persona. En esto también debemos adaptarnos a un cambio de época, pues jueces y fiscales no deben temer a la hora de hacer justicia. La concepción hipócrita de que una mujer no es capaz de mentir debe quedar atrás para que todas las víctimas de violencia y abuso reciban la protección que merecen.



