Inseguridad: atacar las causas
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LA NACION
Enfrentar la creciente actividad delictiva, que hasta las propias autoridades vienen prenunciando, necesita de decisión para encarar una verdadera política de Estado
La delincuencia es el resultado de una suma de factores, de desidias, negligencias y connivencias. Es absolutamente bochornoso e injustificable pretender reducirla a una sola causa. Decir que se roba porque hay hambre es de un reduccionismo temerario. Peor aún es no hacerse cargo de la pobreza estructural que los distintos gobiernos en las últimas décadas no solo no han podido disminuir, sino que la han incrementado a fuerza de demagogia y de falta de políticas de Estado serias y duraderas.
En las últimas semanas, asistimos a un incremento del delito en muchos puntos del país. Aunque dramático, no se puede decir que ese dato sorprenda. Las mismas autoridades que venían celebrando la baja de los índices de criminalidad, solo cimentada en el confinamiento obligatorio derivado de la cuarentena por el Covid-19, ya lo venían advirtiendo.
Habrá un pico de delitos contra la propiedad cuando termine la cuarentena como consecuencia de la crisis económica, sostenía nada más ni nada menos que la interventora en el Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori.
Durante los primeros tiempos de la cuarentena, las causas judiciales por delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires cayeron casi un 60%. Pero esa situación duró poco. A medida que avanzaban los meses, la inseguridad volvía a tomar carrera. El problema es que aquella alerta previa no parece haber servido de mucho. Muy poco, más bien nada, se hizo en prevención de lo que muchos funcionarios veían venir.
Un ejemplo de esa desidia es el absurdo enfrentamiento entre las autoridades de seguridad nacional y bonaerense, enfrascadas en disputarse espacios de poder político en lugar de diseñar un plan unificado de prevención del delito y ataque a la criminalidad. A los tumbos y exigidas por el reclamo ciudadano de respuestas urgentes, recién hace unos días se acordó enviar refuerzos de las fuerzas de seguridad nacionales a zonas calientes del delito en la provincia de Buenos Aires, una estrategia que, por otro lado, no soluciona el problema de fondo como históricamente ha quedado demostrado.
La falta de decisión política para enfrentar con éxito esta espiral ascendente de inseguridad la confirman algunos números: mientras las autoridades nacionales prometieron enviar a la provincia de Buenos Aires 1500 efectivos para asistir a las fuerzas locales, llegaron apenas poco más de 500. En ese distrito hay unos 2500 policías fuera de servicio, tanto por contagios por Covid-19 como por estar aislados tras haber mantenido contacto directo con infectados. Sin embargo, hay 5000 uniformados federales asignados exclusivamente al control de permisos de tránsito. La vida no solo se defiende con un test médico o un acta de contravención. También, y muy especialmente, con un Estado comprometido en materia de seguridad, que tome las decisiones correctas a la hora de proteger al ciudadano.
Hechos acaecidos en las últimas semanas despertaron de su inexplicable aletargamiento a muchos dirigentes y pusieron en alerta a los ciudadanos comunes. En Quilmes, un adulto mayor, salvajemente golpeado, abatió a un ladrón en fuga que había ingresado a robar en su casa. En Mar del Plata, un hombre de 81 años mató de un escopetazo al hombre que se introdujo en su domicilio y que había salido de la cárcel hacía muy poco tiempo. En Ingeniero Maschwitz, un empresario murió asesinado a golpes en su casa.
No tardó mucho la discusión política en centrarse en la justicia por mano propia, en enfrentar a demagogos y garantistas con justicieros y desamparados del Estado. La respuesta al problema difícilmente salga de ese debate, que prescinde de analizar y atacar las causas, contemplando solo las consecuencias.
Una mujer de 30 años tuvo que ser operada recientemente porque el ladrón que la atacó para robarle el celular en una calle de Glew le quebró la tibia y el peroné. Le demandará un año volver a caminar. Frente a las cámaras de televisión, la joven dijo que entendía que hubiera gente que la estaba pasando muy mal por la falta de trabajo, pero que para ella el celular que le robaron era su única forma de contacto con el mundo laboral, con el que había logrado vender productos que ella misma preparaba para poder subsistir. Una moraleja que debería enseñar mucho a quienes consideran víctimas exclusivamente a los que delinquen.
Estamos los argentinos por ingresar en otro aislamiento forzado que nada tiene que ver con el coronavirus. Estamos cambiando el encierro de la cuarentena, atrincherándonos por el miedo a salir a la calle y ser asaltados, heridos o hasta perder la vida en manos de la delincuencia.
Hemos ingresado en una situación de riesgo corrosivo: no hay ingresos económicos por la pandemia y no hay políticas de Estado para prevenir y abordar debidamente el delito. A la inadmisible suelta de presos se suma un garantismo ciego –por no llamarlo abolicionismo– frente a una realidad de aristas múltiples. Asistimos a una extendida Justicia light, que justifica el delito y absuelve sin más en un preocupante sistema de puertas giratorias que pisotea también la valiosa labor de personal policial que se juega la vida. Y, en muchos casos, a una Justicia que ni siquiera avanza. No hay condena, no hay sanciones ejemplificadoras. La impunidad viene ganando la batalla tanto en el llano como en las más altas esferas del poder.
Falta de justicia y connivencia del poder político con la delincuencia son parte indisoluble de un populismo desembozado que, como siempre sucede, aprovecha situaciones críticas para hacerse más fuerte entre los más vulnerables.
Hace ya unas semanas han vuelto con fuerza las tomas de tierras públicas y privadas. En Guernica, por caso, vecinos de varias cuadras viven aterrados. Son objeto de pedradas y de incendios provocados para sacarlos de sus viviendas y quedarse con ellas. Los delincuentes se mueven en grupos, especialmente por las noches. Decenas de punteros organizan a gente necesitada para que se asienten en terrenos que no les pertenecen. Convocan a madres con niños pequeños y adultos mayores, a quienes fuerzan a intrusar tierras en nombre de algún jefe político o en el del propio puntero. Y se encargan de convertir esa necesidad en negocio, por cuanto terminan vendiendo esas mismas tierras a esas familias. Cuando llegan las fuerzas de seguridad se encuentran con loteos prolijamente determinados y con chicos y grandes dispuestos como escudos humanos en defensa de la usurpación. No hace falta mucha más evidencia para comprobar que esos grandes desplazamientos son imposibles sin la venia de una parte importante del poder político y de zonas liberadas por las policías.
Los ataques a campos y la rotura de silobolsas, que no pueden ser adjudicadas a personas con carencias alimentarias, son otro ejemplo de la connivencia político-delictiva.
La epidemia por coronavirus ha merecido y merece enorme atención, y está muy bien que así sea. Lamentablemente, otras epidemias penosas como la inseguridad no han conseguido tratamiento y mucho menos remedio en nuestro país a la sombra de quienes sacan partido personal de la situación. La mejor política preventiva en materia de seguridad deberá estar siempre asociada a la resolución de sus verdaderas causas.
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