La Argentina, ante un nuevo paradigma
Para aprovechar la inserción virtuosa de nuestro país en un mundo de oportunidades se requieren cambios profundos comenzando lo antes posible
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Al criticar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el diario socialista parisino Le Monde presagió que “en la Argentina se profundizará la destrucción de empleo ocurrida desde 2024”. Pero omite decir que la inflación y la pobreza provocadas por el kirchnerismo, su afinidad política, se redujeron luego de 15 años de demolición institucional. Y que en ese período proliferaron el empleo público, los planes sociales, las cooperativas de trabajo y otras formas desarticuladas de ganar sustento en la miseria, mientras los recursos del Estado se derivaban a la corrupción.
De todos modos, la advertencia sirve como disparador de esta columna editorial, pues nuestro país se encuentra ante un cambio acelerado de su paradigma socio-económico tradicional basado en una economía cerrada, de baja productividad y con estatismo asfixiante hacia otro de apertura, inversiones y competitividad. Se encuentra en curso una inserción virtuosa de la Argentina en un mundo de oportunidades que permite augurar tiempos mejores. Sin embargo, para aprovecharla en plenitud, se requieren cambios profundos, comenzando desde ahora. En particular, para que las Pyme y las economías regionales, intensivas en mano de obra, puedan integrarse con éxito en el nuevo mercado europeo como lo hicieron desde la República Checa hasta Polonia, superando su pasado de ineficiencia soviética.
El acuerdo –resistido por los agricultores franceses y dilatado por la Eurocámara al enviarlo al Tribunal de Justicia- significará para la UE abrir mercados a sus industrias, jaqueadas por los aranceles de Trump; acceder a alimentos más baratos; hacerse de minerales críticos para la transición energética y contar con hidrocarburos de provisión asegurada. Para el Mercosur, con 270 millones de habitantes y un PBI de 4.5 billones de dólares, la integración comercial con los 27 miembros de la UE, de casi 500 millones de habitantes y un PBI de 18 billones de dólares, le permitirá integrar la mayor zona de libre comercio del mundo, con 770 millones de consumidores. Nuestro país aspira a aprobar el acuerdo durante las sesiones extraordinarias del Congreso del mes próximo.
Ello será un catalizador que forzará cambios en la dinámica anquilosada del Mercosur, atrayendo inversiones para aprovechar de un mercado enorme y de alto poder adquisitivo. La existencia de un tratado con reglas de juego estables dará seguridad jurídica para el ingreso de capitales, el aporte de tecnologías y la creación de cadenas de valor confiables. Se abre así un período de reconfiguración del perfil productivo nacional, con expansión de áreas novedosas y reconversión de industrias existentes.
La Argentina es muy competitiva a nivel mundial (world champion) en la producción de granos y subproductos, carnes de altísima calidad, energía (gas y petróleo) y minerales críticos. Frente a exportaciones totales por 86.500 millones de dólares en 2025, para 2030 se prevén ventas de hidrocarburos al exterior por más de 30.000 millones; otro tanto de minerales y una cifra similar de productos agroindustriales.
Esos montos implican una creciente entrada de divisas y fortalecimiento del peso de carácter estructural y persistente. De ese modo, la vara de la competitividad del resto de las actividades productivas estará cada vez más alta, con una Argentina “más cara” de forma genuina. Se tratará de un cambio de precios relativos que mejorará el salario en términos reales y hará más costosas aquellas labores que, en el pasado, eran rentables gracias a devaluaciones, subsidios y protección frente a las importaciones.
Una oportuna modernización de la trama productiva le permitirá competir sin devaluar y crear empleo regular sin planes sociales ni artilugios de corto plazo. Claro está, a menos que el populismo lo arruine todo con un nuevo manotazo como en 2001 para preservar el statu quo, acumular poder y financiar desmesuras.
La nota de Le Monde debe ser leída como llamado de atención a políticos, legisladores, gobernadores y aun jueces, que, invocando el interés nacional o derechos adquiridos, protegen cajas sindicales, la industria del juicio, la inflexibilidad laboral, privilegios sectoriales, impuestos distorsivos, tasas abusivas y demás obstáculos que bloquean la indispensable reconversión para aprovechar el mercado ampliado. Sin advertir los desafíos que se avecinan, su miopía puede condenar al fracaso a Pymes urbanas o rurales, intensivas en mano de obra, expuestas al impacto inevitable del cambio de precios relativos. Su supervivencia requiere la baja del riesgo país para reducir el costo del capital y una dramática poda del “costo argentino” para aliviar sus mochilas cargadas de ventajas ajenas.
Habituados al vetusto esquema de déficit fiscal y sustitución de importaciones, donde todos los costos se trasladan a precios, ciertos políticos, legisladores, gobernadores (y aun jueces) no conciben un país competitivo, creador de empleo y con espaldas para financiar las prestaciones públicas que ellos mismos demandan. Esa experiencia la vivieron, con éxito, las naciones que se integraron a la UE como Grecia en 1981, España y Portugal en 1986 y los de Europa del Este después de 1989. Sus esfuerzos fueron retribuidos con prosperidad e inclusión social.
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia debería limitar abusos en los amparos erga omnes que jueces politizados ordenan invocando el artículo 43 de la Constitución nacional y también modificar la doctrina del caso Esso (2021) que permitió la expansión de tasas municipales sin sustento en muchas jurisdicciones. Esos desatinos impactan sobre el riesgo país y sobre el costo del capital necesario para la reconfiguración productiva, al afectar la credibilidad de las reformas.
La Argentina tiene solo 47 millones de habitantes en casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Está bendecida por sus climas y recursos naturales. Pero tan reducida población debe sufragar el costo de 1525 legisladores (329 nacionales y 1906 de las 24 legislaturas locales) más los concejos deliberantes en los 2234 municipios del país. Además de 4 millones de empleados públicos y 10 millones de integrantes de la clase pasiva (60% del presupuesto nacional) con un sistema previsional desfinanciado. El envejecimiento poblacional agrega el costo de solventar la salud y las discapacidades de adultos mayores, en muchos casos abusivas y fraudulentas. Todo ello provoca una presión fiscal insoportable para los empleadores que, al quitarles competitividad, haría explicable el ominoso presagio del diario francés.
El eventual impacto negativo del acuerdo sobre el empleo solo se hará realidad si la política no acompaña el esfuerzo por “nivelar la cancha” que lidera Federico Sturzenegger. El convenio fija un cronograma de 5, 10 y 15 años hasta llegar al arancel cero. Entretanto, los empresarios tendrán tiempo de reformular sus planes de negocios, incorporando capital privado, abriéndose al público o asociándose con otras compañías que les aporten gestión, tecnología y distribución para modernizarse.
Esta transformación, que hubiese debido ocurrir medio siglo antes, ahora es indispensable para que la Argentina aproveche las nuevas oportunidades preservando empleos y evitando efectos adversos.
Tipo de trabajo:
opinión
