La corrupción no se negocia y la impunidad no se vende
La propuesta de imputados en la causa de los cuadernos de las coimas de ser sobreseídos a cambio de dinero es improcedente; corresponde que se haga justicia
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Sería absurdo que la mayor maniobra de corrupción de este siglo terminara con el sobreseimiento de la mayoría de los empresarios acusados por cohecho a cambio de una “reparación integral”, que rondaría en conjunto los 25 millones de dólares y que les evitaría afrontar el juicio por los llamados cuadernos de las coimas. No se trata tampoco de una discusión dineraria: solo corresponde que se haga justicia y se entienda que la impunidad no se puede comprar.
Este escándalo, generado a partir de una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal y destinada a recaudar fondos ilegales durante las gestiones presidenciales del kirchnerismo, surgió a partir de una investigación periodística de LA NACION, tras el hallazgo de cuadernos en los que el chofer de aquel ministerio Oscar Centeno contó con lujo de detalles el mecanismo utilizado para recaudar los pagos ilegales que hacían empresarios beneficiados con contratos de obra pública. La expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada y se encuentra procesada como presunta jefa de una asociación ilícita.
Alrededor de medio centenar de empresarios, mayoritariamente del rubro de la construcción, pidieron al Tribunal Oral 7 que se extinguiera la acción penal en su contra a cambio de una suma de dinero, y así evitar sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral cuyo inicio está previsto para el 6 de noviembre.
A diferencia de los juicios abreviados, en los que el imputado puede reconocer el delito que se le atribuye y acordar una pena", con la reparación integral, no se reconocen los hechos que se juzgan en el proceso judicial. En tal sentido, el artículo 59, inciso 6, del Código Penal expresa que “la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
El daño a la confianza y a las instituciones del país no se reparará con dinero, sino con condenas ejemplares
Los argumentos de los abogados defensores de los empresarios imputados no resultan sólidos. Entre otros, se señaló la enorme dificultad que conllevaría poner en marcha un juicio de esta magnitud, en el que existen más de 600 testigos citados a declarar, y se estimó que serían necesarias entre 500 y 1000 audiencias que podrían llevar alrededor de diez años. Frente a ese argumento, el titular del área de litigios de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Galpern, sostuvo que el hecho de que un juicio pueda resultar complejo o muy extenso “no justifica extinguir la acción” penal, sino que “exige más compromiso institucional”. A su entender, permitir esa maniobra implicaría “mercantilizar la corrupción” y “banalizar delitos de enorme gravedad institucional”.
A la hora de evaluar el pedido de acceder a la reparación integral propuesta por algunos de los empresarios imputados, los jueces del Tribunal Oral 7 -Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori- no deberían desoír las sabias afirmaciones de la fiscal federal de la causa, Fabiana León, que podrían sintetizarse en una frase: la corrupción se juzga y la honra no se paga.
“En esta fiscalía no se vende impunidad”, aseveró la fiscal, para quien la reparación que pretenden los empresarios y también algunos exfuncionarios imputados frustraría fines penales indeclinables como la verdad y la eventual sanción e inhabilitación de los culpables. Dijo con acierto que si este expediente “se transa” o “se mercantiliza”, el mensaje hacia la sociedad sería letal, porque indicaría que “la ley se negocia cuando el imputado tiene poder o recursos”, renunciándose a la igualdad ante la ley. “Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia a quien puede pagar, rompe la simetría con el ciudadano común y erosiona la confianza democrática”, subrayó.
Es vital entender que el caso de los cuadernos de las coimas, al igual que otros hechos de corrupción asociados con el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y la malversación de fondos del Estado, no solo ha implicado un daño patrimonial para el erario público. También representa un golpe a la confianza en las instituciones y a la imagen internacional de la Argentina, que de ningún modo se reparará con el dinero que puedan aportar los imputados, sino únicamente con condenas ejemplares.
Tipo de trabajo:
opinión
