La mafia de los “trapitos”
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En una sociedad de ánimos caldeados, hay situaciones que resultan inevitables detonantes de episodios de imprevisibles consecuencias. La proliferación de cuidacoches ilegales es una de ellas; lo de limpiavidrios es otra. No hay automovilista de grandes centros urbanos que no se sienta violentado por funestos personajes que atacan en zonas de restaurantes, bares o espectáculos. El sábado pasado fue el turno de un médico que no quiso acceder a las demandas de su agresor. En el barrio de Flores, al mediodía, se negó a pagarle a un “trapito” que le exigía 5000 pesos y lo amenazaba de muerte en caso de no pagar. Una cámara de seguridad registró la secuencia, lo cual permite suponer que estarían identificados.
El médico se bajó del auto y el “cuidacoches” ilegal lo golpeó con una tabla de madera que tenía un clavo incrustado en la punta. En cuestión de minutos, se sumaron otros atacantes. Vecinos y comerciantes debieron intervenir para que no escalara aún más la refriega.
Un fiscal realizó la denuncia. El hombre, con heridas múltiples, terminó en el hospital. ¿Se animará también a hacerla? ¿Cuántas habrá ya radicadas sin que se haga algo para evitar estos atropellos?
Estas prácticas extorsivas son habituales. Sus víctimas pueden terminar con el auto rayado, abollado, un vidrio roto o algún faltante. Por temor, muchas víctimas terminan pagándoles. Muchos “trapitos” viven en la calle y las disputas territoriales entre ellos también son motivo de violencia.
Los comerciantes denuncian la situación y acusan a la policía de complicidad. Argumentan que suelen ser siempre las mismas personas y que, cuando en escasas ocasiones se las detiene, son rápidamente liberadas, y retoman sus “labores”. Los afectados reclaman mayor presencia policial y deben hacerse cargo del pago de seguridad privada.
Si no podemos terminar con esta actividad ilegal, ¿cómo podremos detener el avance del narcotráfico? Fuentes del gobierno porteño afirman que todo el tiempo se toman acciones contra ellos en las canchas, en las zonas de mayor circulación comercial y en eventos públicos. Afirman que este año ya les labraron más de 600 actas. Por tratarse de contravenciones, se argumenta que solo pueden ser intimados a retirarse, pero desde diciembre de 2018 la Ciudad cuenta con un nuevo Código Contravencional y de Procedimientos que prohíbe esa actividad, por el solo hecho de ofrecerse a realizarla, a menos que estén debidamente autorizados. Ayer, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, pidió que se avance con el tratamiento de la “reiterancia” en el Congreso nacional y aseguró que endurecerán las penas. El legislador porteño Yamil Santoro (Republicanos Unidos) acaba de presentar un proyecto en el mismo sentido, con penas de arresto efectivo de entre 5 y 60 días dependiendo de una serie de agravantes, y multas. Así como se combatió la ilegalidad de manteros, debería encararse una solución perentoria a esta grave situación.
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opinión
