"Meter mano a la Justicia" (Parte II)

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16 de febrero de 2021  • 00:20

La palabra de un presidente debe ser cuidada y estar dirigida al conjunto de los ciudadanos y no una reacción a las presiones de quienes solo buscan impunidad

En el abierto ataque que dos de los poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) realizan sobre el Judicial, el putsch, tal como relatábamos en nuestra edición de ayer, resulta notoriamente visible la mano de la vicepresidenta Cristina Kirchner, preocupada por solucionar en su favor las numerosas causas en las que se la sospecha de haber cometido diversos delitos, junto a ex y a actuales funcionarios de gobierno. Para lograr ese objetivo e instalar un poder hegemónico en el país -e incluso concretar sus venganzas-, presionó tanto al presidente Alberto Fernández que lo ha llevado a realizar declaraciones tan controvertidas como peligrosas: "En la Justicia debemos meter mano", "el Poder Judicial es el único de los poderes que en 30 años de democracia no fue revisado en detalle" y "ha llegado la hora de que lo hagamos", dijo, si bien aclaró que "meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes". En el actual contexto, constituye una referencia gravísima de su parte.

Conociendo la inquietud de quien lo había ungido, el Presidente tenía dos propuestas para satisfacerla: un plan de reforma judicial y una comisión consultiva que avalaría cambios drásticos. Pero no fueron suficientes: aunque la vicepresidenta intervino en ambos proyectos, luego los ignoró y hasta los despreció, llegando a decir que el plan no era lo que ella quería. En el fondo, lo que pretende es revivir su frustrado proyecto de reforma judicial de 2013 fulminado de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

El plan del Ejecutivo fue diseñado por el Ministerio de Justicia siguiendo una antigua idea -buena en su origen, pero desvirtuada luego por el kirchnerismo- del actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, para diluir el poder de los pocos magistrados de Comodoro Py, distribuyéndolo entre muchos juzgados. Ya inicialmente se demoró por cuestionamientos de la propia vicepresidenta, hasta que finalmente fue enviado al Congreso. Implica un cambio total de la justicia penal del país, a un costo inmenso y que tiene como claro objetivo mejorar la situación de la propia Cristina Kirchner. Se trató además de una reforma a contramano de todos los Códigos procesales modernos. Mientras estos dotan a los fiscales de mayores poderes de investigación, lo que la reforma propone es básicamente la creación de muchísimos nuevos juzgados de instrucción, designándose en ellos a magistrados que puedan serle afines.

La democracia está siendo gravemente lesionada; es hora de abandonar la politiquería y de pensar seriamente en el superior bien de la República

Otra medida de Alberto Fernández fue designar una comisión para recomendar reformas en la Corte Suprema, en la Procuración del Tesoro y en el Consejo de la Magistratura. Aunque la idea no convencía demasiado a la voraz expresidenta de la Nación, presionó para que la integrara uno de sus abogados, Carlos Beraldi, y también su exsocio y abogado de Ricardo Echegaray, León Arslanian, junto con representantes de Justicia Legítima, la politizada agrupación judicial que ella misma impulsó. Buscando conclusiones de las votaciones, se fijó con un número impar la cantidad de miembros (11) de modo de evitar empates. Para dar sensación de objetividad y respeto por el género y el federalismo, se designó un grupo diverso, pero en el que se habían asegurado al menos seis miembros ideológicamente afines a sus intereses.

A ese comité de especialistas asesor del jefe del Estado se lo llamó extraoficialmente "Comisión Beraldi", pero ahora podría denominarse "Comisión de la mayoría automática". En otras palabras: en la superficie, aparece como diverso, pero dados los votos que la vicepresidenta tiene allí asegurados, no caben dudas de que concentra un poder de decisión muy sesgado. De esta forma, quienes tanto criticaron la mayoría automática de la Corte durante el menemismo, no dudaron en copiar el modelo para una comisión que debía asesorar sobre instituciones tan cruciales.

Hacia mediados del año último, al advertir que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, no cedería a sus presiones de renuncia, Cristina Kirchner avanzó por varios caminos para controlar esa estratégica institución. Por un lado, propuso una nueva ley en reemplazo de la que en 2015 ella misma había impulsado. En esta oportunidad, para modificar el carácter vitalicio del procurador general y su designación por mayoría agravada. Según pretende, debería ser renovable y designado por mayoría simple de votos de los legisladores. Previamente, había cambiado el Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales al integrarlo con propia tropa, con lo que la suerte de estos estratégicos funcionarios queda en sus manos. El proyecto no será fácilmente aprobado. Paralelamente, el proyecto modifica drásticamente la composición del Tribunal de Enjuiciamiento. Al incluir a representantes de la Comisión Bicameral del Congreso, en reemplazo de fiscales y abogados que lo integraban, ello le permitirá a través de sus acólitos en dicha comisión suspender a aquellos fiscales que exhiban algún grado de independencia.

Exasperada, en diciembre pasado, concentró sus esfuerzos sobre la Corte Suprema, al redoblar su catarata de insultos y descalificaciones contra sus integrantes, y cuestionando el diseño constitucional del Poder Judicial, tal como señalamos en nuestro editorial de diciembre de 2020: "Cristina Kirchner, contra la República". Luego, se sumaron sus corifeos, como Graciana Peñafort y Eugenio Zaffaroni, y otros personajes reaccionarios como Hebe de Bonafini, Aníbal Fernández, Leopoldo Moreau y Luis D'Elía. Intenta desgastar a los jueces, pero también provocarlos para que le respondan y crear un conflicto que luego pueda utilizar para recusarlos y tener que nombrar conjueces.

A la bajeza de este procedimiento se suma el hecho de que se expide desde una alta investidura sabiendo que la Corte, como cuerpo, no le puede contestar. Amenaza con nombrar más magistrados para lograr mayoría allí (aunque sabe que no le alcanzan los votos para designarlos en el Senado) y, también, con crear un nuevo tribunal o bien un tribunal constitucional al modelo europeo o un tribunal federal intermedio para que actúe como alzada en las apelaciones de la vicepresidenta, con jueces designados por ella. En este caso, dicen basarse en las conclusiones de la "Comisión de la mayoría automática", como bautizamos ayer al grupo asesor del Presidente en materia judicial, pero -insistimos- no son ni claras ni categóricas y con respetables disensos de los doctores Enrique Bacigalupo, Gustavo Ferreyra, Inés Weinberg de Roca e Hilda Kogan.

En estos 12 meses, Cristina Kirchner ha logrado mayoría en el Consejo de la Magistratura, controla el Ministerio de Justicia, tiene posiciones claves en el Senado, en la Procuración del Tesoro y en todos los organismos de control; ya copó el Tribunal de Enjuiciamiento de los fiscales y va por más: avanza contra la Procuración General de la Nación; obtuvo la liberación de presos; consiguió desplazar jueces y designar adictos; puso a un incondicional en la Cámara Electoral; se reincorpora el juez Eduardo Farah a la Cámara Federal, e insiste en avalar manifestaciones en favor de los "presos políticos" que no existen, pues se trata de políticos presos. Por otro lado, con diversos acuerdos, premió a Alejo Ramos Padilla -el juez del forum shopping- con la designación como titular del juzgado federal con competencia electoral bonaerense, y designó juez en un tribunal clave a un exabogado suyo, Roberto Boico.

Empero, le falta un buen trecho, como sancionar su ley de la Procuración, anular la del arrepentido, hacer caer la causa de los cuadernos, copar o desapoderar a la Corte Suprema, entre otros tantos proyectos antidemocráticos que persigue.

La frase "meter mano en la Justicia" bien puede ser el lema de lo que está ocurriendo. Debe provocar una reacción de las instituciones y de la ciudadanía, condigna de la gravedad de la lesión que se está infringiendo, dejando de lado intereses sectoriales y pensando en el superior bien de la República.

Mañana: La tragedia de la Justicia

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