Cristina Kirchner, contra la República
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LA NACION
El severo ataque de la vicepresidenta de la Nación a la Corte constituye un agravio a la división de poderes que revela su convicción autocrática
La cartade la vicepresidenta Cristina Kirchner que denuesta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un antes y un después en el respeto –o la falta de respeto– a la división de poderes de la República. Es un hecho gravísimo, sin precedente, que la más alta funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo presidenta de una de las dos cámaras del Congreso se dirija a otro de los poderes del Estado en el tono agraviante con el que lo ha hecho.
De más está decir que no es la primera vez que la señora de Kirchner ataca a la Justicia, pero acusar a la Corte de ser cabeza del lawfare que la propia vicepresidenta se ha inventado para intentar lavar las gruesas y numerosas acusaciones de corrupción que pesan sobre ella, además de un absurdo, es un enorme y burdo acto antidemocrático.
Entre otras críticas, la presidenta del Senado se queja de que el Poder Judicial sea "perpetuo", mientras que los otros dos poderes se definen en las urnas. ¿Habrá leído la doctora Kirchner la Constitución nacional? Desde la reforma de 1994, los jueces del más alto tribunal del país permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta y hasta cumplir los 75 años, con posibilidad de pedir un nuevo acuerdo para continuar en ese puesto. Si hubo ministros de la Corte que reclamaron seguir en sus cargos pasada la citada edad, por haber ingresado en ese cuerpo antes de aquella reforma, es un tema que debe discutirse en cada caso en particular, como se hizo en su oportunidad. Que a los miembros de la Corte los proponga el presidente y deban obtener el acuerdo de una mayoría calificada del Senado también está estipulado en la Constitución. ¿O acaso el mensaje de la señora de Kirchner es violar la Ley Fundamental? Las normas están para ser cumplidas. Eso debería saberlo una abogada y, sobre todo, una abogada exitosa.
El severo ataque de la vicepresidenta de la Nación a la Corte constituye un agravio a la división de poderes que revela su convicción autocrática
La carta que Cristina Kirchner dio a conocer anteayer es la quinta de una serie de pronunciamientos públicos tendientes a victimizarse frente a una Justicia que la investiga junto a varios de sus exfuncionarios por delitos contra la administración pública mientras ejerció la presidencia de la Nación. Si algo tiene de particular la furia con que se refirió a la Corte en la última misiva es la progresión temporal que derivó en su publicación: la dio a conocer apenas una semana después de que el más alto tribunal dejó firme la condena por corrupción contra Amado Boudou y que la Cámara de Casación validó la ley del arrepentido y los testimonios que la involucran en la denominada "causa de los cuadernos de las coimas". ¿Acaso el temor a que se demuestre su culpabilidad la llevó a este acto absolutamente aberrante contra los jueces supremos de la república?
En la peregrina concepción de Cristina Kirchner, habría decenas de personas que se autoinculparon en la comisión de delitos solamente para perjudicarla. Un universo de ciudadanos comunes, exfuncionarios, gremialistas, empresarios y periodistas que habrían orquestado una maniobra para convencer a todas las instancias judiciales de que se le aplique un inmerecido castigo. De las pruebas que sobreabundan, no opina.
Es lamentable, también, que Alberto Fernández haya declarado ayer que comparte muchos de los argumentos de la infamante carta de la vicepresidenta. Lamentable, pero esperable, ya que no ha mostrado el Presidente independencia respecto de la exjefa del Estado cuando ya en agosto pasado esta le enrostró públicamente que la reforma judicial que había enviado al Congreso para su debate no contemplaba la reestructuración que ella pretendía y, por lo tanto, que no era esa la ley que iba a aprobarse llegado el momento.
El terror a terminar tras las rejas hace que muchas personas pierdan la compostura, dispuestas incluso a mancillar hasta la propia dignidad.
Que el Presidente haya aceptado la participación del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en la comisión que lo asesora para, entre otras cuestiones, analizar el aumento del número de miembros de la Corte deja en evidencia el compromiso presidencial de allanarle el camino hacia la impunidad a quien lo ungió como cabeza de la fórmula electoral.
Ha llegado a decir la doctora Kirchner que la Corte podría empezar a dictar fallos "de neto corte económico para condicionar o extorsionar" al Gobierno y "hacerlo fracasar". Más que una descripción objetiva de la realidad, parece el enunciado de un mecanismo que nunca le fue ajeno mientras tuvo manejo de poder.
No podemos desentendernos de este brutal ataque contra la Corte que impacta sobre los cimientos de nuestra convivencia democrática. El ejercicio de nuestros derechos demanda el cumplimiento de nuestros deberes y debemos exigir a todos, ocupen el lugar que ocupen, el máximo respeto por las instituciones de la República.
