Narcoviolencia: Rosario expone lo peor de la política
Las tardías y descaradas respuestas gubernamentales a la masacre diaria que padecen los rosarinos implican seguir subestimando su gravedad
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LA NACION
El anuncio de Alberto Fernández de enviar a Rosario más fuerzas federales es obsceno por varios motivos. El primero, porque llega demasiado tarde: solo en 2022 fueron asesinadas más de 200 personas como producto de la narcoviolencia; el segundo, porque resulta canallesca la admisión de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de que el narco ha ganado en esa zona abandonada adrede a su suerte durante los tres años del actual mandato presidencial, y la tercera, pero no la última de las tan lamentables como inconcebibles razones de estos crímenes sin fin, porque nunca le preocupó al jefe del Estado acelerar el envío para su aprobación en el Senado de los pliegos del 30% de juzgados, fiscalías y defensorías federales que se encuentran vacantes y que tanto se necesita cubrir.
Ciertamente, el Presidente ha tenido numerosos cómplices para que la narcocriminalidad avanzara como lo ha hecho en Santa Fe y fuera extendiéndose a muchas otras zonas del país. A la falta de decisión política y a las pujas internas de poder en el oficialismo hay que sumar el freno impuesto por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, a la conformación de la comisión bicameral de reforma del Código Procesal Penal, y poder avanzar así con el proceso del sistema acusatorio. En la actualidad, los jueces dirigen las investigaciones y toman las decisiones. Con el sistema acusatorio cambia esta forma de llevar a cabo el proceso y recae en los fiscales la tarea de investigar. Sospechamos que la mayor traba en este punto es la especulación política, el recelo y el encono de la vicepresidenta contra el actual jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.
Hubo que esperar a que la mafia la emprendiera a balazos contra un supermercado de la familia política de Lionel Messi y que ciudadanos de a pie hicieran justicia por mano propia contra quienes señalan como los sicarios asesinos de un niño de 12 años para que las autoridades nacionales despertaran de su cómplice letargo pretendiendo mostrar algún rasgo de sensibilidad para con los santafesinos que viven cotidianamente en peligro extremo. Pero a no engañarse: si hubieran querido terminar con esta catástrofe lo habrían hecho mucho antes, precisamente desde 2020, cuando Alberto Fernández, a poco de asumir, se comprometió a terminar con el narcotráfico en Rosario.
El Presidente ha tenido numerosos cómplices para permitir que el narcocrimen avanzara como lo ha hecho en Rosario y se extendiera a muchas otras zonas del país
Hizo falta la brutal humillación internacional que significó que la Argentina estuviera en las páginas de los principales diarios del mundo por el ataque narco a la familia de Messi para que también se despabilara de su siesta especulativa el camporista y exdirector de la AFI Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia, convocando de urgencia a un plenario de comisiones para debatir un proyecto presentado hace casi un año por casi una veintena de diputados que pugnan para que se creen 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías, 6 juzgados federales y 6 más de jueces penales federales con funciones de revisión en Santa Fe. Ayer finalmente, hubo dictamen de comisión en Diputados. ¿Resultará un alivio para los santafesinos? No en el corto plazo. Con sus especulaciones políticas, demoras e internismos, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo son corresponsables de este creciente padecimiento criminal.
En tanto, no se ha verificado ese silencio de parte de la amplísima mayoría de integrantes del Poder Judicial, comenzando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, cabe recordar, realizó su último Encuentro Nacional de Jueces y Fiscales, en mayo de 2022, precisamente en Rosario, en apoyo de la ciudadanía, en explícito reclamo para que se cubrieran las vacantes y con el objetivo de que los funcionarios judiciales tengan la libertad y seguridad de poder trabajar sin las amenazas que reciben de parte de bandas de narcotraficantes.
No desconocen los magistrados y fiscales probos e independientes las complicidades de una minoría de sus colegas con el poder político. Ese es otro asunto por atender con la máxima urgencia. Mientras subsista esa connivencia, el narco seguirá avanzando hasta consolidarse en un Estado ante la mortal ausencia o ineficacia del propio Estado.
No es una novedad que muchos de los delincuentes continúan manejando bandas de asesinos y ordenando ataques, amenazas y secuestros extorsivos desde las cárceles donde se encuentran detenidos. Por esa razón, la Procuración General de la Nación acaba de exhortar al ministro de Justicia, Martín Soria, para que se extremen los recaudos con el objetivo de erradicar la utilización de teléfonos celulares en los penales federales, para que se coloquen inhibidores de señales en los pabellones y se haga cumplir la ley de 2017 por la que se prohíbe que los presos tengan celulares en los penales. Su violación, sostienen los fiscales, consolida los lazos delictivos que permiten la continuidad y el avance de las organizaciones criminales en todo el territorio argentino.
Hizo falta la brutal humillación internacional que significó que la Argentina estuviera en las páginas de los principales diarios del mundo por el ataque a la familia política de Lionel Messi para que buena parte de la dirigencia se despertara de su largo y cómplice letargo
A los ineficaces y tardíos anuncios presidenciales y a la descarada admisión de Aníbal Fernández de que el narcotráfico se enseñorea desde hace 20 años, justo cuando comenzaron a gobernar los Kirchner el país, se suman demasiadas evidencias de la irresponsabilidad con que se ha tomado el tema durante esas dos décadas: no se han eliminado las pistas clandestinas en Santiago del Estero ni vigilado debidamente las fronteras terrestres y fluviales de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes ni Misiones. No se ha sancionado la ley de extinción de dominio ni equipado a las fuerzas con radares, aviones y helicópteros indispensables para llegar a tiempo con efectivos a las pistas cuando se descarga la droga. Tampoco se han controlado rutas como la 34, la autopista de la droga ni la Hidrovía, conexión fluvial por la que se cuelan toneladas de estupefacientes.
Alberto Fernández tampoco ha terminado con la desastrosa gestión del ministro Soria ni de la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós de Rébori, una de las fundadoras de Justicia Legítima y autora de una resolución de 2021 por la que dispuso que la falta de arrepentimiento de un detenido no podrá ser tomada como un elemento que le impida ser beneficiado con una salida transitoria, la prisión domiciliaria o la libertad condicional. “No hay posibilidad de superar la superpoblación en las cárceles si no contamos con la alternativa del arresto domiciliario, con o sin control electrónico”, sostuvo la nefasta funcionaria, que transita la ruta de un garantismo cercano al abolicionismo.
Deberán admitir todos estos personajes su denodada preocupación por beneficiar siempre al victimario dejando librada a la víctima a su suerte. El caso rosarino los sube hoy a la tribuna actuando una responsabilidad que nunca asumieron y que, en definitiva, no hace más que dejarlos expuestos.
Tipo de trabajo:
opinión
