Nicaragua, farsa consumada
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LA NACION
Cualquier persona razonable sabe que las elecciones recientemente celebradas en Nicaragua, por medio de las cuales el dictador Daniel Ortega logró su cuarto mandato consecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, han sido una simulación para refrendar al régimen autoritario mediante un fraude.
Mientras las elecciones democráticas se caracterizan por la certeza en las reglas de juego y la incertidumbre de los resultados, en este proceso ocurrió todo lo contrario.
Los comicios tuvieron lugar en un clima de fuerte represión, con los espacios de la oposición democrática cerrados y sin las garantías básicas de integridad electoral. Ortega ha sacado de la competencia electoral a sus opositores políticos ilegalmente: el régimen eliminó a tres partidos políticos por supuestamente violar la ley electoral, encarceló a siete candidatos a la presidencia y otros dos debieron exiliarse. En total, el régimen ha encarcelado a 39 líderes de la oposición, entre ellos a Cristiana Chamorro, una de las candidatas llamadas a ganar la presidencia. Además, entre julio y agosto de este año, el dictador nicaragüense ordenó el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario, asociaciones médicas y de defensa de los derechos de las mujeres. La prensa ha sido objeto de allanamientos de sedes, incautaciones de bienes e investigaciones administrativas y penales, y la oposición no cuenta –ni contó– con garantías mínimas para expresarse públicamente ni mucho menos para reunirse de forma pacífica. Los derechos políticos son cercenados a diario.
Al respecto, Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que en Nicaragua “no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia” y que Ortega ha “instalado un régimen de supresión de todas las libertades”.
Por su parte, y por medio de un durísimo comunicado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó las elecciones de una pantomima, y anticipó que utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para respaldar al pueblo nicaragüense y hacer rendir cuentas al régimen sandinista.
Es indudable que no se puede hablar de una elección democrática. A pesar de todas las pruebas que confirman la existencia de una dictadura que viola los derechos humanos y que no reconoce límites para seguir perpetuándose en el poder, los dichos de la portavoz del gobierno nacional, Gabriela Cerruti, anticipan que las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional terminarán aceptando ese resultado y convalidando la prolongación del dictatorial régimen nicaragüense.
Es de esperar que la comunidad internacional denuncie con firmeza la farsa electoral, desconozca los resultados y apoye a los sectores democráticos nicaragüenses con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen, exigiendo la inmediata liberación de los presos políticos, la plena vigencia de los derechos humanos, el fin del estado policial, el restablecimiento del orden constitucional y la urgente apertura de un proceso de negociación que incluya repetir las elecciones en las condiciones de competencia y transparencia que jamás debió perder.
Tipo de trabajo:
opinión
