No es tiempo de "Lenintendo"

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6 de septiembre de 2020  • 00:00

Ni la Argentina ni su economía podrán ponerse de pie estigmatizando la seguridad jurídica, desalentando la inversión privada y engrosando el gasto público

La Argentina ha logrado reestructurar con éxito su deuda externa. Ahora comienza el desafío de poner a la Nación de pie. Algunos esperan, ansiosos, las 60 medidas que deberían reactivar el aparato productivo, algunas de las cuales se anticiparon con motivo del Día de la Industria y se continuarán anunciando de forma progresiva. Pero no vale la pena esperar: mientras el ministro de Economía negociaba con los acreedores, entre el Congreso y los DNU presidenciales, ya se ha definido el rumbo de nuestro país.

En diciembre del año pasado se sancionó la ley de solidaridad social y reactivación productiva, en el marco de la emergencia pública. En síntesis, aumento de la presión fiscal para mantener incólumes los gastos del Estado. Luego llegó la pandemia y se congelaron precios y tarifas, se alteraron los contratos de alquileres, se trastrocaron las relaciones laborales, se restringieron las importaciones, se profundizaron los controles cambiarios y se declaró servicio público la telefonía, internet y la televisión paga, como los seguros de salud. Otra regresión que apuesta a un pasado comprobadamente fracasado.

Esas medidas se sumaron a la ley de góndolas, la suspensión del régimen de economía del conocimiento, la nefasta regulación del teletrabajo, la estatización de la hidrovía y el intento de expropiar Vicentin y también Edesur. Todo ello, en el contexto del abrazo con Hugo Moyano, la liberación de presos, las tomas de tierras, las ocupaciones en parques nacionales y la reforma judicial para la impunidad.

Solo faltaba el prometido impuesto a la riqueza. Después de un primer intento el año pasado, el tándem Carlos Heller -Máximo Kirchner encontró la oportunidad de volver con un nuevo texto, justificado ahora por la pandemia.

No tiene importancia si el impuesto alcanzará a 12.000 personas o a 120. Lo peor de la norma no es el impuesto, disfrazado de contribución extraordinaria, sino los valores en juego: la Argentina es un país que siempre está dispuesto a alterar cualquier contrato, violar cualquier compromiso, confiscar cualquier ahorro, invocando alguna "emergencia" para seguir gastando. Una verdadera trampera para inversores.

Los considerandos del proyecto no tienen desperdicio. Las referencias al esfuerzo oficial para sostener a empresas y familias durante la cuarentena, a la caída del PBI y a la expansión de la pobreza son obviedades para arrinconar éticamente a la oposición y, eventualmente, a la Justicia, en un esfuerzo discursivo por lograr votos en el Congreso y simpatías en los tribunales. Falacia para legisladores culposos. Sofisma para una población angustiada. Ninguno de esos dramas se paliará con el nuevo impuesto, sino a la inversa. Sobre llovido, mojado.

Combinación de ideología fracasada con uso pueril de la desgracia colectiva, tan manifiesto y palmario que da vergüenza ajena. Como si Vladimir Lenin encontrase respuesta a su ¿Qué hacer? de 1902, jugando al Nintendo en 2020. ¿Aporte extraordinario? ¿Ley máxima? Lenintendo sería un apócope mejor.

No es temor al "comunismo" como en tiempos de la Revolución de Octubre. Es puro pragmatismo, luego de ver sus resultados, un siglo más tarde. Si la justicia social solo requiriese "tomar para repartir", la URSS seguiría existiendo, Cuba sería el Paraíso y Venezuela, el Edén. El mundo veneraría, como grandes estadistas, a los siete déspotas de Europa Oriental: Wojciech Jaruzelski (Polonia); Nicolas Ceaucescu (Rumania); János Kádár (Hungría); Gústav Husak (Checoslovaquia); Josip Broz "Tito" (Yugoslavia); Erich Honecker (Alemania) y a Todor Zhivkov (Bulgaria). En el mismo altar que a los grandes comandantes de la miseria: Josef Stalin, Mao Tse-Tung, Fidel Castro y Hugo Chávez, expertos en tomar para repartir.

Ninguno de los países citados como ejemplos en el proyecto tienen una crisis terminal por exceso de gasto público como la Argentina. Con extinción de la moneda, emisión descontrolada, absorción compulsiva del ahorro por el Estado, fuga de capitales, desfinanciación del Tesoro, caída continua del empleo registrado, cierres de empresas, expansión de la informalidad y pauperización de las familias.

Sumado a la bajísima productividad del sector privado, agobiado por el peso de ese gasto que destruyó el mercado de capitales, eliminó el crédito, amplió la brecha cambiaria y multiplicó la presión fiscal en las tres jurisdicciones. Sofocado por impuestos al trabajo, industria del juicio y costos logísticos insoportables. Asfixiado por decenas de regulaciones, algunas para beneficiar a sectores protegidos y otras para reparticiones y municipios ávidos de ingresos. ¿Quién puede exportar con ese peso sobre sus hombros? ¿Quién puede competir con otras naciones que ganan mercados a fuerza de mejor calidad y menor precio?

No somos un país escandinavo, donde lo pagado retorna en bienes y servicios de calidad, sin intermediación de complejos organigramas, ni desvíos de fondos para contrataciones amañadas o beneficios discrecionales. Se trata de nuestro país, donde los recursos públicos se desvanecen en gasto corriente, donde cualquier finalidad declarada es ficticia, solo un acápite presupuestario. Donde pocos centavos llegan a los beneficiarios finales pues se pierden en estructuras clientelares, nuevos organismos, nuevos directorios, nuevos contratos, nuevos asesores. ¿Equipamiento de salud, becas Progresar, subsidios a pymes, barrios populares, desarrollo del gas natural? ¿Quién lo tomará en serio? Hasta las universidades nacionales fueron utilizadas para contrataciones desviadas. No es tiempo de jugar al "Lenintendo".

Más sincero y productivo sería hablar de los 1528 legisladores (nacionales y provinciales) que tiene el país, de las casi 16.000 personas que cobran en el Congreso de la Nación (como la población de General Madariaga, Ayacucho, Brandsen o General Villegas) o bien de los 1739 nuevos cargos que implicará la reforma judicial, con un costo de $10 mil millones.

España, Rusia, Italia, Suiza, el Reino Unido, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos o Dinamarca, los ejemplos elegidos, se "agarrarían la cabeza" al saber cómo la Argentina, uno de los territorios más dotados del planeta, desperdicia su potencial productivo, para quemar sus últimos cartuchos de credibilidad, en un esfuerzo por preservar descomunales gastos sin retorno.

Ninguno creerá que la crisis actual se debe a la pandemia o a la herencia recibida de Macri, como reza el proyecto. Surge con claridad que este desastre es resultado de acumular desajustes fiscales, durante décadas, con fines electoralistas. Potenciados con defraudaciones al Estado, tan mayúsculas y asombrosas que parecen de series televisivas, y con actos de corrupción tan burdos que requieren de una reforma de la Justicia para consagrar la impunidad de sus responsables.

A pesar de tanta emergencia y tanto DNU, la Argentina no ha adoptado ninguna medida destinada a reducir ningún gasto, menos aún el gasto político, ni a aumentar la productividad de su esfuerzo colectivo. Para salir de este atolladero, se necesitan divisas, pues la industria no funciona sin importaciones. Divisas que solo podrán obtenerse mediante exportaciones y a través del ingreso de capitales.

Todo lo que se ha hecho ha sido al revés. La cola ha movido al perro. La prolongación inigualable de la cuarentena permitió alterar el formato republicano, en provecho del Poder Ejecutivo y en desmedro de los otros dos. La prioridad no ha sido el declamado bienestar colectivo, como objetivo de largo plazo, sino la impunidad de los corruptos, en el corto.

Pensar que el país puede crecer "desde abajo", con obras sin financiación y subsidios sin solvencia, cuando el Estado carece de crédito y de ingresos sustentables, es como intentar volar levantándose de los talones. Estigmatizar la seguridad jurídica, el ingreso de capitales y la inversión como artilugio de financistas que solo ofrecen un "derrame" de migajas del festín capitalista es otra fábula del pobrismo para aumentar su feligresía.

Una vez traspuesto el umbral del impuesto a la riqueza, ya no habrá vuelta atrás. Cuando se agoten los fondos que provea, dedicados a solventar un gasto que no para de crecer, difícilmente habrá otra alternativa que recurrir a otra medida confiscatoria para sostener un modelo habituado a las ollas populares, a los piquetes, a las fábricas cerradas y al aumento de subsidios para compensar la miseria que ese círculo vicioso produce.

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