Nuestro siempre sospechoso socio chino
Las autoridades nacionales deben velar por evitar que la Argentina termine convirtiéndose en un enclave para la proyección militar de la potencia asiática
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LA NACION
A pocos días de cumplirse una década del acuerdo de cooperación entre la Argentina y la República Popular China que convalidó, entre otras cosas, la instalación en Neuquén de la cuestionada estación aeroespacial bajo control de las fuerzas armadas chinas, el gobierno nacional anunció que se hará una inspección en esa base para garantizar que las actividades que allí se realicen sean las contempladas en el convenio respectivo.
Tal anuncio coincidió con la visita a la Argentina de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, y se produjo poco después de que el propio embajador estadounidense, Marc Stanley, advirtiera sobre la presencia militar china en nuestra región patagónica. “Con respecto a los chinos, me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial. No sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”, planteó el diplomático en una entrevista con LA NACION.
Los orígenes de la estación china Espacio Lejano, instalada en la localidad neuquina de Bajada del Agrio, a 250 kilómetros de la capital provincial, se remontan a julio de 2012, cuando la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC) firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el organismo argentino con competencia en esta cuestión. La finalidad era establecer condiciones para la implementación de instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para la investigación del espacio lejano en Neuquén. Cinco meses después, la CLTC, la Conae y el gobierno neuquino celebraron un segundo acuerdo con el mismo propósito.
En 2014, los gobiernos de la Argentina y China, encabezados respectivamente por Cristina Kirchner y por Xi Jinping, firmaron un acuerdo de cooperación, tendiente a la instrumentación de beneficios impositivos, aduaneros, migratorios y consulares para los entendimientos alcanzados en 2012. Para entonces, ya se había iniciado la construcción de la base china, aunque el acuerdo solo fue refrendado por una ley del Congreso en febrero de 2015.
Se trata de la primera estación aeroespacial instalada por China fuera de su territorio, en un predio de 200 hectáreas cedido por 50 años. Allí se ha instalado una antena de 35 metros de diámetro, capaz de explorar distancias superiores a los 300.000 kilómetros de la Tierra. En el acuerdo se estipuló que la Conae obtendría el beneficio de acceder al 10 por ciento del tiempo de uso de la antena para el desarrollo de proyectos de investigación científica nacional y de cooperación regional e internacional, equivalente a 2,4 horas diarias.
Las sospechas sobre la utilización de esta base aeroespacial por China con fines militares se hicieron sentir desde un principio, en especial desde que tomó estado público que el ente chino que suscribió el acuerdo dependía del propio ejército de ese país. Por otro lado, la existencia de documentos anexos secretos alentó las dudas sobre los verdaderos propósitos del acuerdo que dio lugar a la construcción de la estación.
El acuerdo con China vergonzosamente estipula que, en lugar de que sean nuestros huéspedes chinos quienen tengan prohibido interferir o interrumpir la actividades regulares realizadas en la región, será la Argentina la que deba sufrir restricciones al libre ejercicio de su soberanía sobre su propio territorio. Es así como obliga a nuestro país a limitar sus atribuciones para dictar medidas “que puedan interferir con las actividades de China” y a “explorar soluciones alternativas” para no afectar las tareas de la base.
Al tiempo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos que supone esta estación, distintos especialistas consideran que podría constituir una pieza clave frente a una hipotética guerra de satélites en el firmamento austral. El exasesor de Barack Obama en cuestiones de control de armas Frank Rose dijo a The New York Times que la base neuquina podría servir para inutilizar y destruir satélites, dado que su antena, de 450 toneladas, puede actuar como una gigantesca aspiradora de información. Según el analista internacional Luis Esteban González Manrique, la estación china emplea tres bandas del espectro electromagnético; dos de ellas –la X y la KA– se suelen reservar para uso oficial, incluidas comunicaciones militares de rastreo y guía de misiles.
Efectivamente, el tipo de instalación admite no solo el rastreo de satélites de uso civil y pacífico, sino también de usos militares y de espionaje, tales como la intercepción de comunicaciones sensibles de otros países y el envío de mensajes encriptados.
La instalación de la estación en Neuquén no es la única demostración del creciente interés chino en la Patagonia argentina. La pesca ilegal depredatoria que buques de ese país vienen realizando en nuestra zona económica exclusiva torna especialmente controvertidos y desventajosos los acuerdos de cooperación en materia pesquera que ha buscado Pekín, a lo cual hay que sumar su deseo de establecer y controlar un puerto en Tierra del Fuego, orientado a reabastecer buques pesqueros y a servir de puerta de ingreso a la Antártida.
El avance chino en nuestro país fue peligrosamente favorecido por los gobiernos kirchneristas, a partir de un claro alineamiento ideológico de Cristina Kirchner que se extendió también a Rusia y a gobiernos autocráticos de la región como los de Venezuela y Cuba, detrás de lo cual se ocultaron oscuros intereses.
Cierto es también que el kirchnerismo soñaba con un apoyo financiero de China que permitiera prolongar las políticas populistas y alejarse del FMI. Un proyecto tan disparatado como el planteado durante la pandemia de coronavirus, cuando el gobierno de Alberto Fernández prefirió descansar en la obtención de vacunas de Rusia y China, imaginando que podía prescindir de las dosis de los laboratorios estadounidenses.
Nadie puede ignorar que América Latina se está convirtiendo en una suerte de campo de batalla para la disputa comercial entre los Estados Unidos y China. Nada de malo tiene que el régimen chino busque hacerse de las materias primas esenciales que su economía necesita, con la denominada ruta de la seda. Pero sí resultaría inadmisible que pretendiera sumar enclaves para su proyección militar o para actividades ilícitas como la pesca ilegal depredatoria que, como lo hemos señalado en un reciente editorial, saquea a nuestro territorio marítimo.
Ejemplo de la indolencia o negociada conveniencia de quienes por entonces nos gobernaban es que, respecto de la estación aeroespacial china en Neuquén, el acuerdo original no incluía una prohibición taxativa sobre las tareas militares de la base. Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2018, la Argentina y China firmaron un protocolo adicional en el que se estableció que aquel acuerdo de 2014 se implementaría exclusivamente con miras al uso civil en el campo de la ciencia y la tecnología, y que la información resultante de sus investigaciones bajo ningún concepto podría ser empleada con fines militares. Es de esperar que las actuales autoridades nacionales velen por el cumplimiento estricto de este principio, aventando cualquier sospecha.
La defensa de los intereses estratégicos de la Argentina debe ubicarse siempre por encima de cualquier posición ideológica o partidaria, al tiempo que ningún interés particular puede prevalecer en desmedro de nuestra soberanía y seguridad nacional.
Tipo de trabajo:
opinión
