Se necesitan jueces mejores, no jueces adictos

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12 de octubre de 2020  • 00:05

Una vez más, el Presidente desprecia el mérito al proponer como integrante de la Cámara Nacional Electoral a quien no ganó el concurso, pero es afín al Gobierno

Por si faltaran indicadores de la intención del oficialismo de someter al Poder Judicial a su arbitrio, la reciente propuesta del presidente Alberto Fernández para que el controvertido juez tucumano Daniel Bejas cubra la vacante existente en la Cámara Nacional Electoral (CNE) aporta un dato sustantivo.

A pesar de que la doctora Alejandra Lázzaro había quedado primera en el orden de mérito y de que cuenta con una extensa trayectoria en la carrera judicial, con más de tres décadas de desempeño dentro de la CNE, el Presidente eligió enviar al Senado el pliego del doctor Bejas, cuyo principal activo sería su fuerte vinculación con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y con el Partido Justicialista.

Bejas fue apoderado del PJ tucumano antes de ocupar cargos en la Justicia. También fue abogado de empresas del exmandatario provincial José Alperovich . En 2010, fue nombrado juez federal de Tucumán a instancias de una propuesta de la entonces presidenta Cristina Kirchner, luego de haber sido subrogante en ese mismo juzgado y en el Tribunal Oral Federal de la provincia.

Subyace en nuestros gobernantes una concepción peyorativa de la Justicia, de acuerdo con la cual no debe ser juez el mejor candidato al cargo, sino quien responda al gobierno de turno

En 2014, como juez federal, Bejas sobreseyó en una causa por presunto enriquecimiento ilícito a Manzur, quien por entonces era ministro de Salud de la Nación. Tal decisión judicial fue duramente cuestionada en su momento porque el magistrado no le exigió al imputado que presentara la documentación necesaria para justificar su crecimiento patrimonial.

El desempeño de Bejas como juez también recibió críticas por la tramitación de la causa en la que se acusó al general César Milani, exjefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner, por la desaparición seguida de muerte del soldado riojano Alberto Ledo, en 1976. El citado juez se abstuvo de citar a declaración indagatoria a Milani durante meses, hasta que se excusó y la causa pasó a otro juzgado.

Desde la oposición política, se ha señalado con fundados argumentos que la propuesta presidencial de catapultar a Bejas hacia la CNE es un premio a un juez militante que ha sabido custodiar la impunidad de funcionarios kirchneristas y que ahora podría pasar a ocupar un decisivo lugar en un tribunal que tiene competencia en todo el territorio de la Nación, que es la autoridad superior de aplicación de la legislación electoral y, como tal, responsable del adecuado desarrollo del proceso eleccionario, cuyos integrantes deberían estar a salvo de cualquier sospecha de parcialidad a favor del oficialismo cualquiera sea, lo que no parece ser el caso. Lamentablemente, durante su mandato, el presidente Mauricio Macri , también por especulaciones políticas, no cubrió el cargo para el cual el actual oficialismo ahora postula a Bejas.

La decisión de Alberto Fernández también fue cuestionada por considerársela una afrenta a la igualdad de género. Es cierto que Alejandra Lázzaro se hubiera convertido en la primera mujer en ser designada camarista nacional electoral. Pero más allá de eso, su injusta postergación constituye una afrenta al mérito y a quienes son dejados en el camino pese a ganar concursos.

Se impone dejar atrás el absurdo criterio de una Justicia adicta, reemplazándolo por el de una Justicia de calidad

Otro caso emblemático durante los 12 años de gobiernos kirchneristas ha sido el del doctor Ignacio Rodríguez Varela, quien fue ternado para cargos de juez o fiscal en 35 oportunidades, en la mayoría de las cuales obtuvo el mejor puntaje, pero siempre fue postergado, discriminado por portación de apellido, por haber sido su padre ministro de Justicia del gobierno militar. Solo en 2018, Rodríguez Varela pudo acceder merecidamente al cargo de juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La doctora Lázzaro llegó a la CNE en 1989, fue relatora del cuerpo y actualmente es secretaria de la Cámara que conforman Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.

No habría sido la única arbitrariedad cometida por el presidente Fernández que pueda asociarse con la influencia del poder político tucumano. Para la presidencia de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, el primer mandatario ha propuesto al Senado al abogado Mariano Gabriel Galletta, pese a que en la terna propuesta figuraba con un puntaje muy inferior a las dos restantes postulantes.

En efecto, de acuerdo con el orden de méritos elevado al Poder Ejecutivo Nacional en marzo de 2019, la doctora Vanessa Isabel Lucero aparecía con 133,75 puntos, seguida por la doctora Natalia Eloísa Castro, con 131,5 puntos. El doctor Galletta, quien terminó siendo elegido por el primer mandatario, había obtenido 106 puntos. Pero hay otro dato más curioso aún de este caso: en mayo del año pasado, el entonces presidente o Macri había enviado al Senado el pliego de la doctora Lucero, la ternada con mayor puntaje, pero en febrero de este año el actual jefe del Estado retiró ese pliego para recomenzar el trámite para la cobertura del cargo y, finalmente, propuso a quien figuraba tercero. Tal decisión fue objetada por quien encabezaba la terna: consideró el trámite "arbitrario y contrario a los parámetros internacionales en materia de igualdad de género en el acceso a los cargos públicos".

Resulta curioso que quien ha tomado estas decisiones en materia de nombramientos judiciales sea quien, días atrás, osó cuestionar infundadamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por "no querer asumir la necesidad de deconstruirse" y resistirse a aplicar la ley Micaela sobre violencia de género.

En ocasión de inaugurar el año legislativo, el presidente Fernández expresó en su discurso: "Como presidente de la Nación, ante esta Asamblea Legislativa, vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza". Ciertamente, los dos casos precedentemente enunciados no parecen estar en línea con el compromiso asumido.

Tampoco parece ir en la senda de la debida independencia de los poderes del Estado el hecho de que, el jueves último, el Frente de Todos haya impuesto su mayoría en el Senado para dar acuerdo a varios jueces que tienen un claro alineamiento con el kirchnerismo, como el exdirector de la Inspección General de Justicia (IGJ) Diego Cormick, militante de La Cámpora y miembro activo de la agrupación Justicia Legítima. El paquete de 28 magistrados que recibieron el correspondiente acuerdo de parte del oficialismo está integrado también por Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto como nuevo juez federal de Mercedes, distrito donde funciona una de las mesas judiciales del kirchnerismo, de la que forman parte, entre otros, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y su hermano Gerónimo Uztarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Como hemos señalado en otras oportunidades, subyace en nuestros gobernantes una concepción peyorativa de la Justicia, de acuerdo con la cual no debe ser juez el mejor candidato al cargo, sino quien responda política o ideológicamente al gobierno de turno. La hora actual impone dejar atrás este absurdo criterio en pos de una Justicia de calidad y no de una Justicia adicta al poder político.

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