Sin reforma laboral no hay creación de empleo
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LA NACION
Las regulaciones que intentan exageradamente proteger al trabajador impiden mejorar la productividad y acrecientan el riesgo de conflictos y reclamos judiciales
En estos días corría en las redes sociales una comparación de las tantas que destacan el drama argentino. Informaba que el astillero Samsung, de Corea del Sur, produjo 30 barcos en un año, ocupó 12.000 empleados y facturó 8000 millones de dólares, mientras que el astillero Río Santiago, con 4000 empleados, no produjo ningún barco y perdió 3600 millones de pesos. La diferencia es que el de Corea produce competitivamente para el mercado mundial, mientras que el astillero argentino no está en condiciones de hacerlo. La preferencia de compre estatal establecida por la ley de promoción de la industria naval no resuelve el problema, ya que el Estado, sus organismos y la Armada no encargan barcos. La incidencia del equipamiento del astillero sobre los costos y la competitividad no es demasiado relevante. En todo caso, el coreano puede producir barcos de mayor porte, lo que no le impediría al local competir internacionalmente en los rangos de tonelaje que por su dimensión sí puede fabricar.
Esta falta de competitividad se repite en gran parte de las actividades industriales locales, particularmente en aquellas con mayor intensidad de mano de obra y, más claramente, en las que no pueden recurrir al trabajo informal. Queda en evidencia que existe un serio problema laboral. No es el único factor negativo. Lo acompañan una elevada presión impositiva, entre muchos otros, pero nos enfocaremos en la cuestión de la eficiencia del trabajo.
Para las mismas calificaciones y homologados al tipo de cambio comercial, los salarios de bolsillo en Corea del Sur son un 110% más elevados que los de la Argentina. Si los salarios en Corea son más altos, ¿cómo se explica que sea el problema laboral lo que descoloca competitivamente a empresas argentinas? La deformación del costo laboral comienza con las cargas sobre el salario que en nuestro país se imponen a la empresa y al trabajador. Nos referimos a las que recaudan la Anses, la AFIP, la obra social o el sindicato. Es así como el costo salarial horario para la empresa argentina, en una comparación con la de Corea, ya no muestra la misma relación.
Continúa la explicación con la muy pobre productividad laboral y la conflictividad impuestas por el régimen legal o las propias convenciones colectivas. Las regulaciones que intentan exageradamente proteger al trabajador impiden mejorar la productividad y a la vez generan riesgo de conflictos y reclamos judiciales. Entre ellas, el régimen de despido que ha intentado proteger al trabajador haciendo muy costosa la ruptura de la relación laboral. En muchas ocasiones, tal como hoy ocurre, directamente se ha prohibido el despido. Todo esto, además de afectar la competitividad, desalienta la inversión y afecta la creación de empleo. Todo conduce irremediablemente al estancamiento económico, la elevada desocupación y a la pobreza.
La reforma laboral es imperiosamente necesaria para salir de este círculo vicioso. Comprende cuatro cambios recomendables: 1) privilegiar las negociaciones a nivel de empresa; 2) desregulación, simplificación y habilitación de nuevas modalidades de trabajo y productividad; 3) reducción del costo y riesgo de despido, y 4) libertad sindical.
Es conveniente privilegiar los acuerdos a nivel de empresa sobre los concretados a nivel de actividad. Nos referimos a salarios y condiciones laborales que se convengan en forma directa dentro de cada empresa, entre las partes patronal y laboral, siempre que se unifique la representación. Aunque tengan intereses distintos, ambas estarán finalmente alineadas en la búsqueda del éxito de la compañía. Ambas conocerán los límites y las posibilidades. Esto requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la ley de convenciones colectivas.
Deberán modificarse diversos contenidos de la ley de contrato de trabajo que impiden aumentar la productividad y que producen sobrecosto y riesgo laboral. La industria del conocimiento es una de las actividades que generan más empleo y, sin embargo, la actual legislación laboral no prevé las modalidades más adaptables de contratación y desaprovecha una oportunidad a la que reiteradamente nos hemos referido. Algunos cambios pueden obtenerse mediante decretos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, reglamentando el artículo 84 para ampliar las posibilidades de flexibilización laboral y productividad. El modelo sindical debe ser transparente y una garantía de ejercicio de la libertad de afiliación individual y colectiva. Se debe asegurar la democracia sindical en todos los planos, evitando la perduración en los cargos.
La reducción del costo y riesgo de despido es una reforma relevante que requiere necesariamente modificar la ley 20.744. En lo referido al despido o ruptura de la relación laboral se debe reformular el Título XII de esa norma (artículos 231 a 255). La alternativa más efectiva y conveniente es la que postula un sistema en el que se suprime la indemnización por despido compensándola por un seguro de desempleo significativo, al que también nos hemos referido. En el mundo se ha demostrado como el mejor camino para reducir el desempleo y minimizar el riesgo de cara a potenciar beneficiosamente la inversión. Lo que a simple vista parece contraintuitivo para quienes están empleados y pretenden permanencia es por lo contrario lo que impulsaría la creación de nuevos, numerosos y mejor remunerados puestos de trabajo. Los desocupados tendrían posibilidades que hoy se les niegan y se podría superar el estancamiento al que nos ha llevado ahuyentar inversores. Mientras los sectores sindicales sigan pregonando –en su propio beneficio– que defienden los derechos de los trabajadores cuando en muchos casos claramente los perjudican, no lograremos modificar el clima para atraer capitales y asegurar progreso y trabajo genuino para los argentinos.
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