Un freno a la voracidad fiscal de los municipios
Un reciente fallo de la Corte contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche debería ayudar a poner fin al descontrol de las tasas municipales
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló recientemente en contra de la tasa de seguridad e higiene que el municipio de San Carlos de Bariloche pretendía aplicarle al aeropuerto internacional de esa ciudad. La sentencia se conoció en medio de una creciente controversia por la voracidad fiscal de intendencias de diferentes lugares del país que castiga a los contribuyentes con tasas municipales que constituyen un atropello a la Constitución Nacional.
La decisión del máximo tribunal de la Nación, que hizo lugar a la demanda de la empresa Aeropuertos Argentina contra el municipio barilochense, revocó otra sentencia que habilitaba a la intendencia a ejercer el control de policía y cobrar tasas en el citado aeropuerto. La Corte consideró que las tierras sobre las cuales se halla emplazada la estación aérea forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, por lo que están sujetas a la jurisdicción federal.
El Aeropuerto de Bariloche integra el Sistema Nacional de Aeropuertos. Por lo tanto, de conformidad con un decreto que data de 1997, corresponde al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) planificar, ejecutar y fiscalizar la infraestructura aeroportuaria y todos los aspectos vinculados con la explotación, funcionamiento y administración de esa clase de aeropuertos, sujetos a la jurisdicción federal.
La demanda contra el municipio sostenía, con razón, que todo lo relativo a los aeropuertos, incluso aquello relacionado con la habilitación, seguridad e higiene, obras, instalaciones y servicios, al igual que las actividades de verificación, supervisión y contralor sobre ellos, corresponden al poder de policía del gobierno federal a través del Orsna, como organismo nacional con competencia específica en la materia. La municipalidad, en cambio, pretendía hacer valer leyes de la provincia de Río Negro por las cuales se anexaba el territorio nacional donde se encuentra el aeropuerto de Bariloche, cuando estas normas habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte en 2024.
Esta causa es demostrativa de la tensión derivada de la voracidad de ciertos municipios y de un afán recaudador, expresado en tributos excesivos y superpuestos entre jurisdicciones, que solo agigantan el costo argentino y desalientan la inversión.
El país está lleno de absurdas y múltiples tasas que desalientan la economía formal. Resultan emblemáticos ejemplos como el del municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, que ha impuesto una tasa de protección ambiental del 2%, que se suma a la disparatada de seguridad e higiene del 4,5%, lo que incrementa los precios que debe soportar un consumidor en supermercados en un 6,5%. A esas tasas se suman la vial, la fijada por empleado no residente local y la plusvalía de construcción, entre otras.
Las tasas municipales con base en ingresos totales colocan a la Argentina al tope del ranking mundial. Mientras en el resto del mundo, estas tasas no existen o bien son fijadas en función del costo de los servicios que provee el municipio, nuestro país posee las tasas municipales más gravosas del planeta.
Esta problemática ha enfrentado a los municipios con el gobierno nacional, que viene bregando por la eliminación de estas tasas que, a diferencia de los impuestos, deben constituir el pago por una contraprestación específica de los municipios, pero en muchos casos distan de serlo por cuanto se pagan tasas municipales por servicios que no ni siquiera se prestan.
Lo cierto es si tantos municipios, en especial en la provincia de Buenos Aires, pueden castigar a sus habitantes con las tasas más elevadas del mundo es por la existencia de un sistema que sistemáticamente oculta las tasas e impuestos que pagamos.
Desde el año último, se dio un gran paso con la incorporación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor -impulsado oportunamente por la ONG Lógica- en la ley 27.743, obligando a detallar el impuesto a los ingresos brutos y a visibilizar la carga fiscal nacional, provincial y municipal en tickets y facturas a consumidores finales. Lamentablemente, hasta el momento solo cuatro distritos -Chubut, Mendoza, Entre Ríos y, desde marzo de este año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se han sumado a este régimen, y en todos los casos este proceso está aún en vías de reglamentación. Provincias como Córdoba y Salta también podrían adherirse próximamente. En el resto de las provincias impera un silencio revelador de la resistencia a mostrar la verdad fiscal, cuando el derecho a la información adecuada y veraz para el consumidor figura en la propia Constitución Nacional.
Tipo de trabajo:
opinión
