Un sistema laboral para la reactivación productiva

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25 de agosto de 2020  • 00:00

Debe ser bien recibida la propuesta del exministro de Economía Roberto Lavagna para modernizar la legislación del trabajo y la negociación colectiva

El exministro de Economía Roberto Lavagna propuso una interesante modificación del sistema vigente de indemnización por despido que, de instrumentarse, contribuiría claramente a la creación de empleo. En efecto, la ley 20.744, actualmente aplicada, impone pesadas indemnizaciones cuando se debe prescindir de un empleado. Además, tanto esa situación como su costo se ven hoy agravados por la imposición de duplicar la indemnización por despido para anteriores contrataciones, o por su prohibición lisa y llana. La reiteración de este tipo de medidas ante cada crisis implica un riesgo cierto y un compromiso de largo aliento para todo empresario que estudia encarar un nuevo emprendimiento. Es común escuchar que contratar un nuevo trabajador es como adoptar una criatura. Se convierte en un vínculo para siempre.

La propuesta de Lavagna consiste en extender a todas las actividades el régimen vigente actualmente en la construcción. La empresa constructora deposita en una cuenta a nombre del trabajador un aporte mensual equivalente al 12% de su salario. El dinero acumulado proveerá un ingreso mensual durante un determinado tiempo para un trabajador que sea eventualmente despedido. Se sustituye de esta manera la gravosa indemnización por despido que desalienta la contratación de nuevos trabajadores.

El régimen laboral de la construcción es, en esencia, discontinuo, por lo cual el razonable sistema adoptado goza de aceptación gremial. La frecuencia con que el trabajador queda desempleado determina que el porcentaje del salario por depositar deba ser relativamente importante.

La empleabilidad en la industria y en los servicios se da de manera más continua y menos interrumpida. Por lo tanto, si se adoptara este sistema, el porcentaje por depositar debería ser menor. En los Estados Unidos, donde rige en forma generalizada este régimen, el aporte oscila en el 6% del salario. Con esta contribución, la empresa se exime de pagar una indemnización por despido, cualquiera sea la causa. El resultado ha sido beneficioso, tanto para empleadores como para trabajadores. La tasa de desocupación en los Estados Unidos se mantiene siempre por debajo de la de los países europeos y de naciones que vanamente pretenden proteger el empleo castigando y encareciendo el despido. Los principales beneficiados son, precisamente, los que buscan trabajo. Tal vez porque aquellos no están gremialmente representados es que los sindicalistas prefieren apostar a una falsa protección del empleo encareciendo el despido, una figura más sencilla de comprender, pero que termina desalentando las contrataciones.

La modificación del régimen de despido es solo uno de los capítulos de la tan necesaria reforma laboral. Otro de los cambios necesarios es privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa por sobre los convenios colectivos sectoriales resueltos entre las cúpulas gremiales y las cámaras empresarias. Plantear una negociación descentralizada permite que cada empresa negocie acuerdos con sus propios trabajadores en función de las posibilidades e intereses de ambos. Los representantes laborales, que deberán unificar su representación si hubiera varios gremios en una misma empresa, no reclamarán lo que sepan que la compañía no pueda otorgar. Hay una convergencia de intereses. Ambas partes desean el éxito de la empresa porque de ello depende el nivel real de salarios, así como la estabilidad del empleo y la remuneración del capital. Esta reforma requeriría un cambio en varios artículos de la ley de convenciones colectivas.

La ley de contrato de trabajo y las regulaciones que rigen por fuera de ella han impuesto limitaciones que no benefician a nadie. Un ejemplo lo constituyen las mejoras de productividad que podrían haberse obtenido ante los rápidos avances de la tecnología. En algunas actividades se han introducido cambios acordados con los gremios para mantener la competitividad. Así ocurrió, por ejemplo, con los petroleros en Vaca Muerta. Una reforma de fondo no debería quedar acotada a un sector; debería ser de carácter general e introducirse en la misma ley de contrato de trabajo para brindar un marco de estabilidad y confianza para todos.

Una reforma que apunte a mejorar la competitividad debería reducir el peso de los aportes e impuestos que deben pagarse por encima del salario de bolsillo, el tan mentado "costo laboral". Esta corrección, clave para la activación de fuentes de trabajo, se enfrenta con las ineficiencias de un sistema previsional abrumado por la incorporación a la clase pasiva de cientos de miles de personas sin los años de aportes necesarios para que la ecuación matemática mínimamente cierre. Ante condiciones de mayor expectativa de vida para la población, se impone también encarar seriamente una nueva reforma del régimen jubilatorio, como se viene haciendo en distintos países. El punto de partida debería ser el aumento gradual de la edad de retiro.

El exministro Lavagna ha tenido la plausible iniciativa de lanzar al ruedo una propuesta que marca el rumbo correcto, del mismo modo que los diputados de su fuerza política han dado una correcta señal al rechazar el cuestionable proyecto de reforma judicial. Deberá ahora continuarse con un programa de reformas más ambicioso, pero imprescindible. La reforma laboral es una de ellas. No habrá reactivación posible si no se promueve el empleo.

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