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Al margen del reciente decreto presidencial, urge que el Gobierno promueva la rápida llegada de dosis para inocular a menores con factores de riesgo
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LA NACION
En medio de escándalos vip, con negociaciones inexplicables en distintos frentes y una secuela de fatales demoras, millones de argentinos aún aguardan ser vacunados. Entre quienes fueron considerados prioritarios no están ni estuvieron los chicos con patologías de riesgo o comorbilidades, que son quienes sufren más los efectos emocionales del aislamiento y el temor, sin escuelas ni vínculos presenciales. El porcentaje de muerte por Covid-19 es mayor en este segmento que en el resto de la población y el acompañamiento ante una eventual internación es por demás dificultoso.
La vacuna desarrollada por Pfizer es la única en el mundo que hasta el momento recibió aprobación para inocular a personas de entre 12 y 18 años. El instituto Gamaleya anunció en estos días que iniciará los testeos de la Sputnik en adolescentes, pero se estima que habrá de transcurrir por lo menos un año hasta que se puedan evaluar los resultados.
Si el aislamiento y los protocolos de cuidado impactan fuertemente sobre todos, tratemos de imaginar cuáles son sus efectos sobre quienes han visto sus rutinas absolutamente alteradas, muchas veces sin poder llegar a comprenderlo. Nefastas han mostrado ser las consecuencias de no poder salir ni continuar sus tratamientos sobre su desenvolvimiento y desarrollo, al punto de que muchos niños y jóvenes han involucionado en sus avances cognitivos, en sus capacidades físicas, tras años de denodados esfuerzos, debido a la interrupción de su atención. No hay terapias virtuales que funcionen para ellos cuando centros de día o de rehabilitación discontinuaron la atención. “Uno ve los retrocesos y se angustia”, refería la mamá de Tomás, un niño con estenosis pulmonar y discapacidad cognitiva severa.
El Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la salud y el trato igualitario
Un grupo de 350 familias sin interés político, ideológico ni económico impulsó la Red VacunaMe (Instagram @vacuna_me) para exigir que el Estado arbitre los medios para la inoculación de estos menores y, a través de la plataforma Change.org (http://shorturl.at/jxAOS), se acercan a las 200.000 firmas para exigir que el Gobierno acceda a dosis de Pfizer y priorice su vacunación.
El reciente decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley de vacunas para simplificar la negociación con los laboratorios estadounidenses incluyó la mención de la decisión de que “la Argentina adquiera inmunizadores pediátricos contra el coronavirus”. Sin embargo, no resuelve el problema del grupo en cuestión en lo inmediato. Desde distintos lugares del país, los padres intimaron por carta documento a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a que rectifique sus declaraciones públicas sobre la autorización de la vacuna Pfizer para mayores de 16 años, arbitre los medios para regularizar su ingreso y defina la apertura de un registro de menores de entre 12 y 17 años con patologías de riesgo para organizar su vacunación. No solo debe acelerarse la llegada de dosis de Pfizer, sino también promover que la Anmat la autorice a partir de los 12 años, como ya ocurre en Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile, entre otros países.
El trabajo desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) viene mostrando su limitación, primero, con los mayores con discapacidades que no fueron priorizados y que tardíamente accedieron a las vacunas, y ahora, con esta grave y penosa situación de los menores que a pocos parece preocupar, toda vez que desde la dependencia señalan que “acompañan la política sanitaria del Presidente”.
Estamos ante una demanda tan urgente como impostergable, una emergencia humanitaria con vidas de niños en riesgo. Y el Estado debe garantizar la vida, la salud y el trato igualitario.
Tipo de trabajo:
opinión
