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Valiente denuncia ante una flagrante injusticia
Sin verdad y sin justicia no hay pacificación posible; invocar los derechos humanos para violarlos constituye un profundo contrasentido
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LA NACION
Días atrás se conocieron las expresiones de monseñor Santiago Olivera, desde hace dos años obispo castrense de nuestro país, en el contexto de un curso de formación de capellanes militares, en el Vaticano. Expuso allí sobre detenciones y derechos humanos, en el aniversario de la Convención de Ginebra de 1949, que consagró principios por considerar ante la detención de personas. A título individual, este prelado abordó con valentía uno de los temas no resueltos en nuestro país, particularmente delicado para la sensibilidad de los argentinos.
Olivera parte de la acertada afirmación de que sin verdad y sin justicia no hay pacificación posible ni estable, y que las aberraciones que algunos pudieron haber cometido no justifican la vergonzosa situación que atraviesan los detenidos sin condena e incluso sin proceso. Invocar precisamente los derechos humanos para violarlos es un profundo contrasentido.
No han sido muchas las veces que la Iglesia o la política han levantado su voz para abogar por una situación inicua. La doctrina de los delitos de lesa humanidad ha servido de excusa para violar la dignidad de numerosos detenidos por la represión de la guerrilla. No hay delitos que puedan ser aplicables a todo un colectivo como el de las Fuerzas Armadas o de seguridad argentinas. Hay delincuentes individuales que deben ser juzgados y, en caso de ser encontrados culpables, ser sancionados.
No se trata de justificar los inaceptables excesos ni de pretender que no se apliquen condenas a quienes probadamente las merezcan. Pero no hemos de soslayar que tan individual es el efecto de la pena que, por ejemplo, hubo casos de personas de avanzada edad detenidas con prisión preventiva por casi una década, hasta que finalmente fueron juzgadas y absueltas unánimemente, que pusieron en evidencia que no eran ni culpables ni, por lo tanto, genocidas.
En esta compleja realidad está claro que no es posible reemplazar la justicia por la venganza. El obispo Olivera, que en cumplimiento de su misión pastoral ha recorrido los centros de detención y ha conversado con los presos y sus familiares, denuncia cifras escalofriantes, impropias para un país civilizado en el que se supone que rige el Estado de Derecho. Así, constata fehacientemente 533 fallecidos en prisión; presos con prisión preventiva por entre 3 y 6 años, 149 casos; entre 6 y 10 años, 290 casos, y con más de 10 años, 93 casos. Ante dramáticos testimonios que recogió durante años de tan injusta como dolorosa situación, que involucra a muchísimas personas enfermas y de avanzada edad, se pregunta: "¿Podemos hablar de derechos humanos con diez años de prisión preventiva, es decir, sin condena?". Con razón, afirma el obispo, se transforma de hecho en una "cadena perpetua" debido a una mala praxis judicial que no respeta el máximo legal de una prisión preventiva.
Por definición, los derechos humanos no admiten discriminaciones ideológicas: o son para todos o no lo son. Es imprescindible superar los enconos que puedan amenazar su pleno respeto, pues el Estado de Derecho no podrá asentarse sobre dichas bases ni contribuir a la armonía social.
Cómo podría el capellán castrense permanecer callado cuando a sus fieles, a los soldados, se los priva del derecho fundamental del debido proceso, se les niega el beneficio de la prisión domiciliara por edad o estado de salud, se les retacea el acceso a la debida atención médica y se los conduce así a la muerte, como reflejan las estremecedoras estadísticas. Este maltrato está claramente acotado a este colectivo, pues otros presos que no son víctimas de esta estigmatización, aun ya habiendo sido encontrados culpables con sentencias firmes, gozan en justicia de estos derechos. Hemos de recordar que gobiernan las leyes y no los hombres.
Reconoce con contrición el sacerdote que muchos "deberemos pedir perdón por tanto silencio" y cita al papa Francisco cuando, en diciembre de 2018, ante la Comisión Internacional de Pena de Muerte, dijo: "La dignidad humana debe ser custodiada sin excepciones, [...] la pena de muerte es una forma cruel de castigo" y las "condenas perpetuas son una forma de muerte encubierta".
Una oración cristiana pide para los hombres de buena voluntad un corazón misericordioso. En su etimología, la palabra misericordia propone "un corazón frente a las miserias", como la capacidad de conmocionarse ante la desdicha humana.
Es tan importante la justicia, como el conjunto de valores esenciales sobre los que deben basarse una sociedad y un Estado, que negarla es un crimen de lesa humanidad. El justo castigo no es tortura ni, mucho menos, ensañamiento o revancha. La realidad que describe el capellán castrense, que algunos ignorarán, pero que muchos conocemos aun cuando desde la política se pretenda continuar negándola, debería conmovernos. Urge poner límite a tanta iniquidad e injusticia.
LA NACION
