El obispo castrense objetó la detención de militares

Santiago Olivera
Santiago Olivera
Olivera expuso en el Vaticano y cuestionó casos de prisiones preventivas que llevan diez años
Elisabetta Piqué
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30 de octubre de 2019  

ROMA.- "¿Podemos hablar de derechos humanos con 10 años de prisión preventiva, es decir, sin condena?". Fue la pregunta que planteó ayer el obispo castrense argentino, Santiago Olivera, al denunciar las "injusticias" que viven en su país muchos militares acusados de crímenes de lesa humanidad, de edad avanzada, detenidos desde hace años con prisión preventiva.

Al exponer sobre "Detenciones y derechos humanos" en un curso de formación de capellanes militares católicos en derecho internacional humanitario, en el Vaticano, Olivera hizo un discurso muy crítico.

"Sería muy largo contar tantos testimonios que fui recogiendo en estos años. Tristes y dramáticos testimonios. Personas mayores que fueron detenidas durante más de nueve años, en una prolongada 'prisión preventiva', sufriendo todo lo que ese estado les ha significado. Fueron y son calificados de 'genocidas' y, a pesar de ello, algunos fueron absueltos. Peor aún, están siendo juzgados con leyes técnicamente retroactivas, alejadas de los principios fundamentales del derecho penal, nacional e internacional", acusó.

"Dicha prisión preventiva, así, se transforma de hecho en una cadena perpetua", agregó Olivera, al citar discursos en los que el papa Francisco -que suele visitar a presos en todos sus viajes-, no solo condenó la pena de muerte, sino también las penas perpetuas.

Con datos y estadísticas y evocando casos que conoció de cerca, Olivera habló de "mala praxis judicial" en los juicios de lesa humanidad, ya que a los imputados se los priva de libertad entre tanto se produce la sustanciación de la causa. "No se respeta en absoluto el máximo legal para dicho estado de detención", denunció.

"¿Podemos hablar de derechos humanos con 10 años de prisión preventiva, sin condena?", preguntó. "Por el contrario, estamos experimentando que finalizan prisiones preventivas que comenzaron por investigaciones de graves hechos de corrupción, que implicaron hasta la pérdida de vidas", advirtió. "Ello manifiesta sin duda una fragilidad jurídica o arbitrariedad. ¿Por qué no sucede lo mismo -la finalización de las prisiones preventivas sin juicio- con los militares presos? ¿Estamos frente a derechos humanos que para algunos no sirven o no pueden aplicarse?", planteó.

Olivera destacó que "la verdad es clave, pero completa, sin perder de vista la gravedad de lo que respecta a los militares de aquellos tiempos". "Cuando hablamos de derechos humanos debemos hacerlo en su concepción absoluta, para todos, sin ideologías, en la verdad y en la justicia", indicó. Y subrayó que "no podemos permanecer callados cuando se priva a los acusados del derecho fundamental del debido proceso".

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