Villa Mascardi: ¿territorio mapuche o argentino?
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LA NACION
Es necesario hacer prevalecer la ley frente al condenable proceder de grupos violentos que pretenden apoderarse de tierras que no les pertenecen
Pensar en nuestros maravillosos parques nacionales automáticamente nos remite al contacto con la naturaleza y el esparcimiento en apacibles entornos, por lo que siempre es deseable planificar el aumento de estas áreas. Desgraciadamente, no sabemos cuidar lo que ya tenemos: algunos parques del sur argentino son hoy territorio vandalizado por forajidos, sin paz para sus habitantes y con un destino tan incierto como preocupante.
En estas columnas nos venimos ocupando desde 2015 sobre lo que acontece en Villa Mascardi, tierra de nadie, a apenas 35 kilómetros de Bariloche. Invocando falsos derechos ancestrales, la comunidad Lafken Winkul Mapu, a cuya perversa historia también nos referimos, ocupó en 2017 lo que considera territorio "sagrado" y desde allí, incurriendo incluso en apología del delito en sus arengas, extiende su "control territorial" amedrentando a pobladores con la quema y destrucción de propiedades ante una vergonzosa inacción gubernamental.
A pesar de los cientos de denuncias presentadas, con 16 causas en investigación, y sin respuesta de la Justicia, los cada día más atemorizados vecinos exigieron días atrás una respuesta directa del presidente de la Nación, además de la intervención de las fuerzas federales. El nivel de sinrazón y abandono en el que el gobierno nacional los ha dejado los obliga a pedir un reconocimiento expreso de la soberanía argentina en el Parque Nacional Nahuel Huapi, así como el desalojo de los intrusos que ocupan no solo propiedades privadas, sino también predios del parque nacional protegido por leyes federales, desconociendo al propio Estado argentino.
La gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) afirma defender a los vecinos que pacífica y legítimamente habitan la región y exige que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no respalde la violencia, ya que el 99% de las comunidades que habitan Río Negro "tienen otra posición, otra actitud y otra historia". Si bien comprometió mayor presencia policial, también reconoce que "las estrategias que están desplegando allí no están dando buenos resultados", por lo que exigió que la Nación tome nota de la situación.
Sin embargo, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, insiste en la búsqueda de un "proceso de pacificación con el objetivo de bajar los niveles de violencia" y "generar herramientas de convivencia" con quienes largamente han demostrado no tener vocación alguna de diálogo y sí voracidad confrontativa y violenta. Las promesas de nuevos encuentros con los miembros de Lafken Winkul Mapu sin los vecinos solo ceden terreno, en sentido estricto y figurado, a los violentos usurpadores, que no registran más autoridad que la propia, pero que buscan resguardarse recurriendo a artilugios de esa misma ley que no reconocen.
Resulta desoladora la lista de delitos cometidos por pseudomovimientos reivindicativos, activistas de izquierda disfrazados de indígenas a los que ni sus propios pares reconocen
La cabaña La Cristalina fue el último escenario de vandalización con un modus operandi que continúa repitiéndose ante la absoluta falta de límites. Desde las redes sociales, los cada vez más cebados grupos agresores incluso anuncian que seguirán "recuperando territorio sin negociar ni transar, comprendiendo que la única opción es la autodefensa y el control territorial". También en las redes circulan los cantos cargados de amenazas que profieren violentos jóvenes de estas comunidades.
La lista de delitos cometidos por estos pseudomovimientos reivindicativos, activistas de izquierda disfrazados de indígenas a los que ni sus propios pares reconocen y con quienes también se enfrentan, sigue creciendo y las imágenes del lugar son desoladoras. Usurpaciones, incendios intencionales y saqueos de bienes públicos y privados, tomas de terrenos, intimidaciones y agresiones a lugareños y turistas, reiterados y violentos cortes de la ruta nacional 40 –otro flagrante delito federal–, colectivos y automóviles apedreados, incursiones nocturnas, bombas molotov contra las fuerzas policiales, ataques a las federales y a funcionarios del Poder Judicial, destrucción de la naturaleza en espacios de Parques Nacionales son solo algunos.
Todo esto continúa escalando penosamente porque la inacción de Parques Nacionales, de la Justicia Federal y del gobierno nacional en estos últimos años ha sido patética. Nuestra bella Patagonia, reconocida mundialmente, parece incluso distante para los propios barilochenses, que aún no toman dimensión de los efectos que estos descontrolados y crecientes ataques tendrán sobre la actividad turística local cuando los visitantes prefieran plazas más tranquilas y seguras en otras provincias.
Ha llegado el tiempo de involucrarnos, porque cada metro de terreno cedido a quienes pisotean la ley que rige nuestra convivencia en un suelo común nos amenaza a todos y a cada uno en nuestras libertades. "Hay una oleada de tomas de tierras y se va a profundizar", alertó el dirigenteJuan Grabois en relación con el tendal que dejará la pandemia. En Villa Mascardi los usurpadores llevan años sembrando el terror en su afán por desmembrar el territorio nacional, sin personería jurídica ni documentación que avale sus reclamos, y celebran sus logros. Les ha bastado con la fuerza para imponerse ante quienes mansamente, pero sin resignación, aún aguardan el respaldo a sus justos derechos hoy mancillados. Un Estado ausente es un Estado cómplice.
Parece casi un milagro que la sangre no haya llegado aún al lago y nos preguntamos qué hará entonces un gobierno que sigue mirando hacia otro lado. La invocación de falsos derechos ancestrales hace resonar en los oídos atentos aquellos bastardeados derechos humanos que muchos vuelven a querer imponer, con su peligrosa carga ideológica, para justificar lo injustificable. Tan peligrosa que hoy desafía nuevamente los preceptos constitucionales que sostienen la República. El peso de la ley debe garantizar la paz social, reducir las tensiones y terminar con los atropellos.
