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A salvo del Congreso, para Trump ahora la amenaza está en los tribunales
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WASHINGTON.-Tras la absolución de Donald Trump en el impeachment del Congreso norteamericano, el expresidente enfrenta ahora el riesgo real de causas penales por el asalto al Capitolio realizado por una turba de sus seguidores en enero pasado y otras cuestiones pendientes en la Justicia.
Ya en ese momento el fiscal general de Washington DC sugirió fugazmente que Trump podía ser acusado de incitación a la violencia. “Estamos buscando a todos los participantes del hecho, no solo a la gente que entró al edificio”, dijo el fiscal Michael Sherwin.
Y su propio abogado defensor Bruce Castor, meneó esta semana ante el Congreso esa posibilidad.
Al fin y al cabo, manifestó el defensor de Trump, si el entonces presidente había cometido delitos, no bien abandona el cargo, “van y lo arrestan”. “El Departamento de Justicia sabe lo que tiene que hacer con alguien así”, dijo Castor en una dudosa defensa.
Esta semana se supo también que los investigadores de Georgia dieron inicio al proceso que podría conducir a la presentación de cargos contra Trump por su intento para que el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, “encontrara” los votos necesarios para darle una victoria en ese estado en las elecciones presidenciales de 2020. Raffensperger se negó a hacerlo.
Es improbable que este proceso termine en una acusación formal, pero la investigación no es casual. El jueves, en el noticiero de la NBC, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, explicó que la investigación que lleva adelante su oficina va más allá de la grabación de la llamada con Raffensperger, que se filtró el mes pasado. De hecho, la investigación encabezada por Willis también corre en paralelo con otra investigación similar iniciada a nivel del estado de Georgia.
Trump enfrenta similares investigaciones asociadas en muchos otros lugares.
La recaudación de fondos y los gastos relacionados con su ceremonia de asunción en 2017, por ejemplo, están siendo investigados en al menos tres jurisdicciones.
“Estoy colaborando con tres fiscales distintos y ya no tengo vida propia”, se quejaba ya en agosto pasado Stephanie Wolkoff, exasistente de Melania Trump, en el programa “Good Morning America”. Se refería al Distrito Sur de Nueva York a nivel federal, y a los fiscales generales de Washington DC y de Nueva Jersey.
En 2019, un donante del comité de organización de la asunción de Trump se declaró culpable de intento de obstruir la investigación federal de las finanzas del comité. El mes pasado, la oficina del fiscal general de Washington DC alertó al hijo de Trump, Donald Jr., que quería interrogarlo al respecto.
Después están las investigaciones sobre los negocios particulares de Trump. En su testimonio ante el Congreso en 2019, el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, sugirió que la Trump Organization había intentado subvaluar sus propiedades para reducir sus obligaciones impositivas sobre esos inmuebles. Esa declaración parece haber impulsado un nuevo escrutinio de las finanzas de su excliente.
La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, está realizando una investigación civil sobre las finanzas de la Trump Organization que obtuvo un reciente espaldarazo en la Justicia, ya que por orden de la Corte Suprema del estado la empresa deberá presentar sus registros tributarios. En la ciudad de Nueva York, el fiscal de distrito de Manhattan está inmerso en una investigación criminal con el mismo enfoque. En diciembre, el diario The New York Times informó que después de las elecciones esa investigación se había “intensificado” aunque aclaraba que de todos modos “no hay certeza de que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., finalmente presente una acusación formal”.
Uno de los nubarrones que se cernían sobre Trump, sin embargo, se ha despejado. La semana pasada, la agencia de noticias AP informó que la investigación sobre violaciones a la ley de financiamiento de las campañas políticas y los pagos secretos realizados antes de las elecciones de 2016 estaba “muerta”. El propio Cohen se había declarado culpable de violar la ley federal, por su rol de intermediario de los pagos en dinero en efectivo hechos a dos mujeres que alegaban haber tenido relaciones extramatrimoniales con el entonces candidato. Con su admisión de culpabilidad, Cohen implicó directamente a Trump, pero es probable que esa investigación sobre el expresidente no avance.
Los riesgos que corre Trump ante los tribunales no se ciñen a estas investigaciones. También es objeto de una demanda por difamación de la periodista E. Jean Carroll.
En 2019, Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en la década de 1990. Trump rechazó la acusación, diciendo que la mujer mentía para vender libros. “Además, no es mi tipo”, dijo entonces Trump. A fines de 2019, Carroll presentó formalmente su demanda.
Mientras era presidente, Trump tenía fueros que lo protegían de cargos penales y se ocupó de que el Departamento de Justicia que estaba bajo su mando interviniera para tratar de descarrilar la demanda de Carroll. Ya no tiene esos fueros. Y aunque es improbable que Trump enfrente cargos penales relacionados con los eventos del 6 de enero en el Capitolio, núcleo del actual juicio político, tal vez alcance para que advierta lo poco que está en juego en este caso, en comparación con todo lo demás que todavía lo espera.
Traducción de Jaime Arrambide
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