Andrés Manuel López Obrador, un impensado halcón del conservadurismo fiscal

Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly

CIUDAD DE MÉXICO.- En diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, los inversores temían que ante el impacto de una crisis económica exógena México aumentara excesivamente el gasto público.

Como alcalde de la Ciudad de México entre 2000 y 2005, había sido fiscalmente bastante responsable, pero los mercados desconfiaban de su agenda populista como presidente, en especial debido al sombrío panorama económico que enfrentaba el país cuando asumió. Y ahora que la economía sufre la crisis exógena por excelencia y que los economistas esperan una contracción del 7% del PBI durante 2020, uno diría que es buen momento de abandonar la "disciplina fiscal", en especial cuando se multiplican las muertes por coronavirus.

Sin embargo, en tiempos de crisis López Obrador resultó ser un verdadero halcón fiscal, un extremista que nadie había imaginado: hasta el momento, México se resistió de manera contumaz a incrementar su deuda. Como primer curso de acción, el gobierno anunció un combo que incluye usar el fondo de estabilización y un fuerte recorte de los sueldos de los funcionarios públicos de alto rango.

Pero del lado del estímulo fiscal, López Obrador optó por un enfoque minimalista. El paquete de ayuda anunciado por el gobierno es equivalente al 3% del PBI, pero en gran medida se trata de una reasignación de partidas ya previstas: se calcula que el aumento adicional por la pandemia es de apenas 0,6% del PBI.

La cifra es significativamente menor que en otros países latinoamericanos. Brasil creó un "presupuesto de guerra" aparte para el coronavirus de más del 3% del PBI. En los países menos endeudados, como Chile y Perú, el estímulo podría rondar el 7% del PBI, y hasta la Argentina, que tiene muy limitadas fuentes de financiamiento, implementó un paquete de estímulo cercano al 2%.

Por pequeño que sea, el paquete de México, sumado al desplome de la recaudación por la recesión y la caída del precio del crudo, hará subir el déficit fiscal de 2020 a un 4,5% del PBI, frente al 2,3% de 2019. La deuda del sector público mexicano en relación con el PBI alcanzará en 2020 el 52%, muy por encima del 44,8% de fines de 2019. El Ministerio de Finanzas estima que más de la mitad de ese incremento se deberá a la devaluación del peso mexicano.

¿Qué hay detrás del conservadurismo fiscal de López Obrador? Dos razones principales. Primero, realmente cree que incrementar la deuda es perjudicial para la economía. Para dejarlo más claro: no es que esté pensando como un economista en la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos en el largo plazo, ni tomando decisiones en base a un complejo cálculo de valor actual neto.

López Obrador desprecia a los tecnócratas en general y a los economistas en particular. Parece ver más bien a su país como un hogar o una enorme empresa. Aumentar la deuda de ese hogar o de esa empresa probablemente conduzca a una crisis futura, así que debe evitarse a toda costa. Esa era, por supuesto, la visión predominante antes del advenimiento de la macroeconomía. Ahora sabemos que la expansión fiscal durante una recesión puede incluso hacer bajar la tasa de endeudamiento, si ayuda a mitigar el impacto negativo de la recesión en la producción.

El segundo factor detrás del conservadurismo fiscal del presidente es la creencia de que apoyar a las grandes empresas generará corrupción, por más que pueda ayudar a frenar los despidos. Así que prefiere ayudar a las pequeñas empresas y a los habitantes de bajos ingresos, mientras avanza con sus proyectos de inversión pública y ajusta al mínimo la emisión de deuda.

El frente fiscal de México tiene fragilidades estructurales. La recaudación impositiva es baja -el 13,5% del PBI en comparación con el 23% promedio en América Latina-, y aunque viene bajando, la dependencia de las exportaciones de petróleo sigue representando un 17,5% de los ingresos.

La creciente preocupación de los inversores frente a esa fragilidad estructural hizo que las agencias calificadoras le bajaran el pulgar a la credibilidad del gobierno mexicano.

Tal vez la señal más ominosa haya sido la decisión de Fitch & Moody's de rebajar la deuda de la estatal Pemex a "bonos basura", lo que impide que los fondos de inversión de grado compren bonos de la empresa.

A pesar de la austeridad fiscal, la respuesta de los mercados ha sido negativa. Hace poco, México recurrió al mercado en dólares con una gran emisión de 6000 millones en bonos, pero con un interés de entre 1 y 3 puntos por encima del que obtuvo Paraguay con su emisión de deuda en ese mismo momento.

Lo que preocupa a los inversores y las calificadoras es el tipo de gasto público que eligió hacer México y la posibilidad de que la austeridad profundice la recesión. Pero, en realidad, lo que más temen es el rubro general de la política económica.

El gobierno insiste en invertir en cuatro grandes proyectos: el Tren Maya, el proyecto Istmo, una nueva refinería de petróleo y la reconversión de una vieja base militar en un segundo aeropuerto internacional para la Ciudad de México. La participación privada en estos proyectos es limitada y es improbable que generen el impulso económico que López Obrador tenía previsto.

Sin políticas claras para restablecer la confianza del sector privado, la austeridad será fútil en el mejor de los casos, aunque podría ser una peligrosa trampa en el contexto de la pandemia. Si sigue por el camino actual, México tendrá que hacer recortes adicionales, que a su vez agravarían la recesión. El gobierno no puede romper ese ciclo por sí solo. Necesitará del sector privado para minimizar las consecuencias económicas del Covid-19.

Traducción Jaime Arrambide

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