Boris Johnson viajará a Bruselas para intentar destrabar el Brexit

PARÍS.– La tensión aumenta entre Londres y Bruselas a medida que se acerca el 31 de diciembre, fecha en que Gran Bretaña dejará la Unión Europea (UE) y los negociadores no consiguen llegar a un acuerdo que evite un catastrófico no deal. Con la intención de desbloquear la situación, el primer ministro británico Boris Johnson viajará a Bruselas "en los próximos días" para reunirse con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Pocas veces la bruma habrá sido tan espesa. Todas las miradas estaban hoy fijas en ambos dirigentes, cuya conversación telefónica debía sortear las diferencias que siguen oponiendo a ambas partes en la negociación de un acuerdo que enmarcará las relaciones bilaterales post-Brexit.

Sin embargo, después 90 minutos de diálogo, Von der Leyen y Johnson hicieron saber "que las condiciones" para finalizar ese acuerdo aún "no están reunidas". "Significativas diferencias" persisten en temas centrales como el acceso europeo a las aguas británicas para la pesca, la forma de resolver las diferencias en el futuro acuerdo y las garantías exigidas a Londres por la UE en materia de competencia, a cambio de un acceso sin tarifas ni cuotas a su inmenso mercado.

En todo caso, el ambiente en ambos lados del Canal de la Mancha no es de los mejores. Durante una reunión con los embajadores de los 27 países del bloque, el jefe de negociadores, Michel Barnier, no ocultó hoy por la mañana su pesimismo.

Por la noche, un responsable británico advertía a su vez que "la situación parece muy complicada y hay fuertes chances de que no se llegue a tiempo".

Pero esas gesticulaciones forman parte de la negociación. La verdad es que ante un bloque monolítico, Boris Johnson no tiene más remedio que lograr un acuerdo.

Desafío para Boris

Criticado incluso en sus propias filas por su calamitosa gestión de la crisis sanitaria y económica, el premier británico se encuentra ante un gigantesco desafío: sacar adelante un país que fue el más afectado del continente por el Covid-19 (más de 60.000 muertos por 65 millones de habitantes), con una recesión que alcanzará el 11,5% del PBI en 2020 –la caída más importante en 300 años– y con un desempleo que se duplicará en relación al año pasado, pasando de 3,8% a 6,5% de la población activa.

Antes de la pandemia y del golpe que sufrieron la aviación y la industria automovilística, la inversión había cesado en Gran Bretaña en 2016. La City perdió miles de empleos y 1,2 billones de euros fueron transferidos hacia el continente. A causa del Brexit, la economía británica tampoco podrá beneficiarse con el plan de reactivación europeo y quedará a merced de los mercados para financiar su deuda pública.

En el plano político, las restricciones a las libertades suscitan cada vez más oposición. No solo en las regiones del centro y el norte, tradicionalmente laboristas, cuyo apoyo explica su triunfo electoral de diciembre de 2019, sino también en el seno mismo de los conservadores. No menos de 60 diputados tories votaron en contra de su plan Covid-19, mientras que la oposición laborista vuelve con renovada fuerza de la mano de Keir Starmer, cuya seriedad y moderación ganan cada vez más simpatías.

Todas esas tensiones culminan ahora con el Brexit y su momento de verdad. La ausencia de un acuerdo sería perjudicial para la UE, pero dramática para el Reino Unido. Esa nueva conmoción sería un golpe de gracia a la economía británica, que envía el 46% de sus exportaciones –libres de tarifas aduaneras– hacia el gran mercado europeo.

El primer ministro británico sabe que debe llegar a ese acuerdo. Pero su estrategia, tan confusa frente a la UE como frente a la epidemia de Covid-19, crea un auténtico riesgo de no deal, mientras que su negativa a hacer todo tipo de concesión choca con realidades objetivas.

La pesca y la acuacultura solo representan el 0,04% del PBI británico. La exigencia europea de que las empresas británicas respeten el régimen de ayuda pública que rige en el bloque pretende asegurar una competencia equitativa. Por último, el restablecimiento de una frontera física entre la provincia británica del Ulster e Irlanda, miembro de la UE, sería una puerta abierta al retorno de la violencia y el terrorismo.