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China aprobó una histórica reforma
El régimen comunista reconoció por ley la existencia de la propiedad privada y dio otro paso hacia la economía de mercado
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PEKIN.- En una histórica reforma que acentúa la tendencia del gigante asiático hacia una economía de mercado, la Asamblea Popular Nacional de China aprobó la primera ley que admite la propiedad privada y abolió así uno de los pilares de la ideología colectivista que imperó desde el nacimiento de la república comunista, en 1949.
Al cabo de 13 años de discusiones y más de sesenta cambios en el contenido original de la medida, 2799 legisladores chinos dieron el visto bueno a la reforma (hubo sólo 52 rechazos y 37 abstenciones), que apunta a proteger los intereses económicos privados, pero que mantiene la propiedad colectiva en el sector agrario.
Un reducido pero influyente grupo de ideólogos y ex jerarcas comunistas se opuso enérgicamente a la nueva medida, a la que consideraron una amenaza a la economía planificada por el Estado y un vehículo para la privatización indiscriminada de los sectores públicos. Otros opositores argumentaron que permitiría a algunos, sobre todo a funcionarios corruptos, proteger los bienes de los cuales se han apoderado ilegalmente.
El primer ministro, Wen Jiabao, evitó referirse a la nueva ley sobre la propiedad privada en una inusual conferencia de prensa brindada ayer, confirmando la impresión de que la nueva norma fue mal digerida por amplios sectores del Partido Comunista. Los defensores de la nueva legislación, sin embargo, destacaron la necesidad de clarificar los derechos de propiedad en un Estado que sigue siendo comunista aunque en la práctica las reformas económicas lanzadas en 1978 acabaron desde hace mucho con la colectivización maoísta.
La nueva norma fue bien recibida por empresarios, grupos de profesionales e intelectuales, además de los miles de chinos en Taiwan y Hong Kong, que en los últimos 20 años compraron bienes muebles e inmuebles por miles de millones de euros. El sector privado, incluyendo las inversiones extranjeras, constituye actualmente casi el 70% del Producto Bruto Interno y aporta el 70% de los ingresos fiscales.
El texto, de 247 artículos, que debe entrar en vigor el 1° de octubre, estipula que "la propiedad estatal, la colectiva y la individual [...] están protegidas por la ley y nadie puede infringirla".
El funcionario a cargo de asuntos legislativos del Congreso, Wang Shengming, dijo que la nueva ley refleja el "espíritu de reforma y apertura de China" y protege "ingresos legales, casas, artículos de uso diario, medios de producción y materias primas", así como herencias individuales, inversiones y ganancias de inversiones. Por su parte, el vicepresidente del comité permanente del Congreso, Wang Zhaoguo, dijo que una clara definición de propiedad es fundamental "para el desarrollo de la economía de mercado socialista".
Sin embargo, la norma no soluciona un problema crucial de la China moderna: la ausencia de los derechos de los campesinos sobre las tierras que explotan y de las cuales a veces son expoliados.
En el campo, la propiedad de la tierra es colectiva y el Estado la cede a los campesinos en régimen de usufructo durante períodos de hasta 70 años. Este sistema se sigue manteniendo con la nueva reglamentación porque, a juicio del gobierno, el medio rural no está todavía preparado para la privatización de la tierra, debido a la falta de un sistema extendido de seguridad social. Por tal razón, muchos consideran que la nueva medida evidencia aún más la brecha entre las dos Chinas: una urbana y capitalista, y otra rural y comunista. Esta distancia fue subrayada también por el premier chino, quien definió el desarrollo de su país como "inestable, desequilibrado, descoordinado e insostenible". Wen se refirió a los "desequilibrios entre el medio rural y el urbano, en el desarrollo de las diferentes regiones, así como entre el crecimiento económico y el desarrollo social".
El premier subrayó además la necesidad de avanzar en un desarrollo más contenido respecto del 10,6% de 2006, y admitió que la "razón principal" de la creciente corrupción es la "excesiva concentración del poder", aunque no dio indicaciones de cómo se evitará esto en el futuro.
Fin de privilegios
El Congreso chino también aprobó ayer una medida que eliminará de forma progresiva las ventajas para los inversores extranjeros y equiparará sus empresas con las locales, tal como lo exige la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta nueva ley prevé un impuesto único del 25% (hasta ahora variaba del 15 al 24%) para las empresas extranjeras y entrará en vigor el 1° de enero de 2008. Las empresas que están ya asentadas en China o comenzarán este año su actividad tendrán un período de transición de cinco años.
De esta forma, según algunos expertos, China pretende alejar a los inversores "de la producción de zapatos deportivos y llevarlos a la de microchips". El país asiático, añaden, ya no quiere ser el banco de mano de obra de los países industrializados, sino dirigirse hacia una economía del conocimiento y la alta tecnología.
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