Colombia: inician los juicios a paramilitares

BOGOTA.- En un suceso histórico para el país, 2695 ex paramilitares comenzaron ayer a responder ante la justicia colombiana por los delitos que cometieron, testimonios que generan una gran expectativa por la posible confesión de nexos con políticos y empresarios.

Esta segunda fase del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, de derecha) es histórica, pues es la primera vez que integrantes de un grupo armado ilegal se presentan ante la justicia para revelar sus crímenes de guerra. El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, dijo ayer que la justicia "está lista" para empezar esta segunda fase, que se centrará en que 2695 de los más de 31.000 desmovilizados de estos grupos de extrema derecha confiesen todos sus delitos para reparar a las víctimas.

Las primeras audiencias de esta etapa se realizarán en Barranquilla (Norte) y Medellín (Noroeste). Entre los jefes de ultraderecha que comparecerán ante las autoridades antes de finalizar 2006 está Salvatore Mancuso, quien deberá presentarse el próximo martes ante un juez especial en Medellín.

Pese al optimismo del Ejecutivo en la etapa de judicialización de los paramilitares, diversos grupos defensores de derechos humanos ven con recelo el éxito del proceso, porque muchas de las víctimas no quieren hablar por temor a represalias. Por tal razón, algunas ONG solicitaron al gobierno y a la fiscalía que los juicios contra los desarmados de las AUC sean televisados. "Las víctimas en su mayoría no leen la prensa escrita. La mejor manera de garantizarles participación en el proceso es publicitarlos por radio y TV", expresó al diario El Tiempo el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Carlos Rodríguez.

Colombia ha estado signada últimamente por el escándalo de la "parapolítica", como se dio en llamar la crisis surgida por el arresto de tres legisladores y una ex parlamentaria y por las investigaciones que realiza la Corte Suprema de Justicia a otros cinco congresistas, todos de la coalición gubernamental, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. Además, la ruptura decretada por las AUC de los diálogos con el gobierno, la semana pasada, ha llevado a los ex paramilitares a amenazar con contar "toda la verdad". Si no confiesan todo, los acusados perderían los beneficios de la polémica ley de justicia y paz, entre los que está el derecho a purgar penas de un máximo de 8 años por delitos como masacres de civiles, torturas, secuestros, asesinatos selectivos y narcotráfico.

"Quienes acceden a los beneficios deben tener en cuenta que la sociedad ha sido extremadamente generosa, pues en vez de 40 años de cárcel pueden pagar sólo siete años si colaboran con la ley", dijo el presidente de la Comisión de Reparación de las Víctimas, Eduardo Pizarro.

El presidente Alvaro Uribe autorizó ayer el indulto de unos 29.000 paramilitares, a quienes se les otorgó la condición de delincuentes políticos, pero excluyó a los autores de delitos atroces o de graves violaciones de los derechos humanos.

Por Agencias DPA, AFP y AP

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