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Colombia: un detenido por el caso del collar bomba
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Bogota (EFE).- La Fiscalía General de Colombia ordenó ayer el arresto de un presunto delincuente común como primer implicado en el horrendo atentado con un collar bomba que a mediados de mayo último mató a una mujer y a un agente policial, informaron en Bogotá voceros de la entidad judicial.
En un primer momento, las miradas acusadoras del mundo se centraron sobre las Fuerzas Armadas Colombianas Revolucionarias (FARC, marxistas), pero éstas negaron toda conexión con el hecho.
El individuo fue identificado como José Miguel Suárez y había sido convocado por la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía en la capital colombiana a ofrecer una declaración acerca de esta acción terrorista, que causó conmoción en el país y el exterior.
Fuentes judiciales explicaron a la prensa que los fiscales que llevan el caso alegaron pruebas que implican a Suárez como uno de los presuntos responsables del crimen, que los investigadores han atribuido a una banda de la delincuencia común.
El individuo había sido privado de la libertad como sospechoso hace tres semanas por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía para que compareciera en una diligencia de indagatoria.
Los voceros dijeron que una vez que los responsables del proceso terminaron el interrogatorio decidieron vincular a Suárez con la causa criminal que se derivó del atentado y bajo los cargos de homicidio con agravantes, lesiones a personas, tenencia ilegal de explosivos y asociación para la delincuencia.
Suárez, un presunto chantajista común, fue alcanzado con una orden de arresto sin derecho a fianza, agregaron las autoridades judiciales.
Represalia
Según los resultados preliminares de la investigación, una banda de delincuentes comunes fue la autora del atentado con un collar explosivo que el 15 de mayo último causó la muerte de la hacendada Elvia Cortés de Pachón y a un agente de explosivos de la policía que intentaba desactivar la bomba.
Un suboficial del ejército y dos soldados también resultaron heridos por la deflagración que tuvo lugar en una zona rural de Chiquinquirá, población del centro del país y donde residía la víctima.
El collar bomba fue una represalia de los extorsionadores a la negativa de la familia de la señora Cortés de Pachón a pagar quince millones de pesos (unos 7500 dólares) que le eran exigidos como chantaje.
La supuesta responsabilidad, en un inicio, de la organización guerrillera FARC (la mayor del país) llevó al presidente Andrés Pastrana a suspender una audiencia pública internacional del proceso de paz que mantiene con ese grupo y que debía celebrarse del 29 al 30 de mayo en la zona de distensión del sur del país.
En respuesta, el grupo rebelde del país declaró en suspenso la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación, pero una rectificación oficial permitió superar esta crisis hace dos semanas.
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