Crece la destrucción del Amazonas

SAN PABLO.- Después de tres años de silencio, el gobierno brasileño acaba de revelar el tamaño de la deforestación de la región amazónica. Los datos muestran que entre 1995 y 1997 fueron arrasados más de 60 mil kilómetros de selva, una superficie mayor que, por ejemplo, Suiza. Las autoridades aseguran que el ritmo de destrucción está disminuyendo, pero los ecologistas desconfían.

La información oficial proviene del Instituto de Pesquisas Espaciales (Inpe) que, valiéndose del satélite Landsat, elabora mapas que indican los cambios en la vegetación amazónica. El estudio sistemático de los últimos tres años consumió cerca de US$ 2,5 millones y sus resultados eran aguardados con expectativa por varias organizaciones no gubernamentales que venían denunciando intentos del gobierno por ocultar las cifras.

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), organismo federal encargado de preservar la selva, avala las estadísticas dadas a conocer y sostiene que el pico de deforestación ocurrió en 1995 cuando fueron derrumbados casi 30.000 kilómetros cuadrados de árboles, pero que esa tendencia ya se invirtió y el último año la devastación apenas superó los 13.000 km2.

Militantes ecologistas sospechan que un cambio en la metodología de estudio de la vegetación sea el responsable por la variación en las cifras y se basan en el aumento de focos de incendio y la formación de enormes nubes de humo en vastas regiones del norte del país, para asegurar que la realidad es mucho más preocupante.

De acuerdo con el gobierno, las mayores áreas de deforestación se concentran en los Estados de Mato Grosso, Pará, Rondonia y Tocantins. La principal causa es la utilización de las tierras para el plantío de alimentos y la expansión de la ganadería bovina. Actualmente, la Amazonia presenta los mayores índices de migración de todo el país.

Según el informe, miles de pequeños agricultores emigran a la selva entusiasmados con la posibilidad de encontrar una fuente de subsistencia y seducidos por el retorno económico inmediato que obtienen al vender la madera inicialmente talada.

En ese sentido, dice el gobierno, se trata de un cuadro diferente al observado en las décadas del setenta y el ochenta, cuando la deforestación era asociada a grandes propiedades financiadas por incentivos fiscales.

Aún así, los latifundistas no están libres de culpa. El informe oficial dice que, debido a una interpretación errónea de la ley, los grandes propietarios derrumban la selva por el temor a que sus tierras sean consideradas improductivas y sometidas a la reforma agraria.

El aumento de la demanda de madera, producto de la estabilidad económica, es señalada también por el Ibama como una de las razones del arrasamiento de extensas regiones.

Aunque conscientes de la gravedad del tema, las autoridades brasileñas admiten que no es posible detener la tala, es decir, declarar una moratoria, como ha sido sugerido por diversas entidades. "Sería, como mínimo, irresponsable por no considerar la realidad socioeconómica. Suspender la deforestación hoy significa paralizar la producción de alimentos básicos y comprometer la seguridad alimentaria de la región, mantenida por los pequeños productores", argumenta el gobierno.

Misterio asiático

Aunque se trata del estudio más completo sobre la destrucción de la selva amazónica que se haya efectuado en los últimos años, el informe revelado es vago al referirse a la acción de las empresas madereras, especialmente las de origen asiático, que, según diversas denuncias, son las principales depredadoras de la región.

Según una investigación de la Cámara de Diputados, las madereras asiáticas son dueñas de más del 80% de las tierras situadas en lugares privilegiados de especies finas de maderas en el Estado del Amazonas.

Aunque la legislación brasileña obliga a las empresas a presentar planes de explotación para ser aprobados por el gobierno, en muchos casos las madereras actúan con el consentimiento y el apoyo de las administraciones locales, que llegan incluso a donarles terrenos para su instalación.

El informe de la Cámara de Diputados calcula que 5,8 millones de hectáreas de selva son derrumbadas cada año por esas industrias, con lo cual los recursos naturales del área podrán estar agotados en 50 años.

La falta de control de la extracción ilegal es reconocida por las autoridades, que poseen una tecnología que les permite detectar apenas lo que se conoce como deforestación, es decir, el corte raso de árboles, pero no la explotación selectiva de madera, método comúnmente utilizado por las empresas extranjeras.

Es por eso que las organizaciones ecologistas ven con desconfianza las estadísticas oficiales y acusan al gobierno brasileño de estar cerrando los ojos ante la destrucción de la mayor y más rica selva tropical del mundo.

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