Crisis en Perú: la última tormenta política de Pedro Castillo que derivó en su destitución

LIMA.– El ahora expresidente peruano, Pedro Castillo, anunció sorpresivamente el miércoles en un mensaje la disolución del Congreso, unas horas antes de que el mandatario izquierdista se enfrentara a un tercer intento de destitución promovido por legisladores de oposición por “permanente incapacidad moral”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018. Pero, pese al intento del líder izquierdista, el Congreso finalmente votó por su destitución de la presidencia.

La sesión del Parlamento estaba programada a las 15 (hora local) “con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la presidencia de la República”, según lo aprobado por 73 congresistas hace una semana.

La “moción de vacancia” fue la tercera contra Castillo en 16 meses en el poder. En marzo, la oposición no alcanzó los votos para removerlo y en diciembre de 2021, el Congreso la desestimó antes de debatirla.

“Proponemos la vacancia de la presidencia de la República, ocupada por José Pedro Castillo Terrones, por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral”, decía la moción que apela al Artículo 113 de la Constitución de Perú.

Castillo, que registra un rechazo de 70% además de denuncias de cohecho a su entorno político y familiar, había sido invitado junto con su abogado, y disponía de 60 minutos para defenderse en esta evaluación política más que jurídica.

Sin embargo, antes de que esto sucediera, el líder izquierdista buscó disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia. En un mensaje televisado a la nación, dijo que se convocaría en la mayor brevedad a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que deberá elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.

El hasta entonces mandatario peruano también declaró que se reorganizaría el sistema de justicia y exigió a todos aquellos ciudadanos que posean “armamento” ilegal entregarlo a la Policía Nacional en un plazo máximo de 72 horas, según informó el diario El Comercio.

“Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de los pueblos (...) para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó”, había advertido Castillo el martes.

Choque de poderes

La pertinaz pugna entre el Ejecutivo y Legislativo se atizó este año por una investigación fiscal contra el mandatario por dirigir una presunta “organización criminal” que reparte contratos públicos a cambio de dinero.

Por ello, la fiscalía había pedido “suspender” (inhabilitar) a Castillo, una solicitud que aún evaluaba el Congreso dado que no existían precedentes.

Desde que Castillo asumió la presidencia en julio de 2021, tras ganar una apretada segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, ha vivido bajo el asedio del Congreso y la fiscalía. En octubre pidió a la OEA una mediación, denunciando “un golpe de Estado en marcha”.

“Seamos responsables y no repitamos el capítulo de historias pasadas”, dijo entonces el presidente. “Invito a que dejemos los odios de lado y el enfrentamiento que no contribuye en favor del país”.

Desde 2017, por el Congreso de Perú han pasado seis mociones de vacancia. Pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.

La oposición acusa a Castillo, un maestro rural de 53 años que debe gobernar hasta julio de 2026, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cinco gabinetes y una rotación de 80 ministros, algo inédito en Perú.

Una de las razones por las que se volvió recurrente el mecanismo de vacancia es la falta de mayoría parlamentaria del gobierno de turno.

Ello ocurre desde 2016, cuando Perú ingresó a una dinámica de confrontación que lo llevó a tener hasta tres presidentes en una semana en noviembre 2020.

La OEA, en escena

Una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó Perú a mediados de noviembre y emitió un informe solicitando “una tregua política de 100 días”.

Su pedido cayó en saco roto: “No hay espacio para la tregua, nadie quiere conversar con un presidente como Pedro Castillo que no proyecta confianza”, comentó a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya había advertido en diciembre de 2021 su preocupación por cómo se ha desvirtuado “por falta de definición objetiva la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú”.

Agencias AFP y Reuters

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