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De la Espriella abre un nuevo frente contra el gobierno de Petro por presuntas irregularidades
El presidente colombiano entregó un informe de 135 páginas con el nombre de “El libro de la verdad”, en el que presenta 23 posibles casos de corrupción y 59 críticas a la gestión anterior
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LA NACION
BOGOTÁ.– El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó el martes ante la Fiscalía un informe de 135 páginas titulado “El libro de la verdad”, en el que reúne un total de 82 casos de supuestas irregularidades que argumenta cometió el gobierno de su antecesor, Gustavo Petro.
El informe, redactado en conjunto por cada uno de los ministros del flamante gobierno en base a las situaciones que presuntamente hallaron al momento de asumir sus carteras, presenta 23 casos que hacen referencia a posibles casos de corrupción, mientras que los otros 59 incluyen críticas al manejo del Estado de la gestión anterior, orientadas principalmente a lo que describen como la “destrucción del rigor técnico”.
Tras la presentación del informe, el propio expresidente y la actual oposición del Pacto Histórico rechazaron la relevancia de las acusaciones argumentando que las denuncias no incluyen pruebas y se corresponden, más que a delitos, a disputas ideológicas.
“No hay libro forense entregado por Abelardo a la fiscalía. Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito”, arremetió Petro en X el miércoles.
El exmandatario insistió sin embargo en que cada antiguo ministro “debe responder de inmediato cada punto” y aseguró que, en caso de delito, “su merecido es la pena”.
La presentación del informe representa el capítulo más reciente de la tensa transición que atraviesa Colombia, marcada por la inédita negativa del expresidente a reconocer la victoria electoral del nuevo mandatario y la imposibilidad de establecer un empalme técnico convencional entre ambas gestiones.
La denuncia de Abelardo
De la Espriella presentó el documento como una recopilación de los hallazgos de su equipo durante los 47 días de transición y las primeras semanas de gestión, y lo definió como “documentación técnica, rigurosa y con enfoque forense”.
“Estoy cumpliendo con la responsabilidad que me corresponde al reunir la información y no permitir que los hechos queden sepultados por el silencio y la impunidad”, dijo el mandatario, antes de aclarar que su función le obliga a “llevar la verdad hasta la puerta de la justicia y detenerse allí”.
De la Espriella pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al procurador, Gregorio Eljach, y al contralor, Jorge Eliécer Laverde –presentes en el acto del martes–, que determinen si los hechos denunciados constituyen delitos o, al menos, faltas disciplinarias.
Los tres posaron con el informe y prometieron investigar, sin ir más allá. “Su contenido, señor presidente, no lo dude, será objeto de evaluación técnica y jurídica”, afirmó Camargo.
La fiscal aseguró que conformará un “equipo especial”, encabezado por la jefa de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema y la directora especializada contra la corrupción, y remarcó que las pruebas serán contrastadas bajo “estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia” antes de definir si hay mérito para abrir una causa judicial.
Entre los 23 casos de corrupción figuran modificaciones en un proceso de contratación por unos 54 millones de dólares en el Fenoge, el fondo estatal de energías renovables, que ya derivaron en una investigación disciplinaria de la Procuraduría y en la suspensión del director del fondo.
También aparecen presuntas irregularidades en la concesión de notarías, con denuncias de sobornos de hasta casi 330 mil dólares por plaza, según el ministro de Justicia, Iván Cancino.
El grueso del documento, no obstante, son las 59 críticas de gestión, agrupadas bajo el diagnóstico de una “destrucción del rigor técnico” en la que el mérito fue presuntamente reemplazado por “relaciones de conveniencia y dependencia política en los nombramientos”.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es el de las llamadas “nóminas paralelas”, cerca de 900.000 contratos anuales bajo la figura de prestación de servicios que habrían representado un gasto de casi 5000 millones de dólares.
El libro cita una alerta de la Contraloría de enero de 2026 sobre 521.269 de esos contratos, por alrededor de 10 millones de dólares, firmados antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Como ejemplo puntual, señala que los contratos por prestación de servicios en el Ministerio de Ambiente pasaron de 142, por 700 mil dólares, en 2022, a 1199, por más de 27 millones de dólares, en 2025.
En el escrito también se advierte sobre el debilitamiento de la Fuerza Pública frente a la expansión de los grupos armados, con un déficit presupuestal cercano a los 14 billones de pesos que habría dejado solo ocho de 19 helicópteros MI-17 operativos.
Además, el texto dedica un capítulo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) –que cobra particular relevancia porque ser la entidad que conduce la respuesta al terremoto del 10 de agosto–, donde el hallazgo más grave es que apenas se ejecutó el 4,3% de los 5000 millones dólares asignados durante el gobierno de Petro.
El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, defendió el miércoles la decisión de incluir las denuncias por corrupción con las críticas a la gestión en un mismo documento y adelantó que el libro presentado es apenas el primero de varios.
“No necesariamente todos son actos sujetos de investigación por parte de la Fiscalía, pero son actos que no representan un buen manejo de la cosa pública”, dijo en entrevista con Blu Radio.
La respuesta de Petro
Petro se concentró en cuestionar los señalamientos relacionados con las políticas públicas y evitó referirse en detalle a los casos de presunta corrupción.
El expresidente comparó el informe con el llamado “libro blanco” que presentó el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuando asumió la ciudad y denunció irregularidades de la administración de Daniel Quintero. Según Petro, aquellos señalamientos tampoco derivaron hasta ahora en condenas.
Sus aliados de la oposición también rechazaron distintos capítulos del informe. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda cuestionó particularmente las críticas del nuevo gobierno a los avances en la entrega de tierras a campesinos.
“Se busca restituir las tierras a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares. La verdad es que De la Espriella y su círculo quieren impulsar la contrarreforma agraria”, declaró en X.
Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, calificó el documento como “un panfleto de refritos y de declaraciones políticas”.
El exfuncionario admitió que hubo corrupción durante el gobierno anterior y que los responsables deben responder ante la Justicia, pero acusó a la gestión de Abelardo de utilizar el informe para “desviar la atención de lo mal que está arrancando” su mandato.
Agencia ANSA y diarios El País y El Tiempo (GDA)
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