Dinamarca pone en marcha un polémico plan para erradicar los "guetos étnicos"

PARÍS.– Con su población de 92% de extranjeros, Mjolnerparken, una urbanización al noroeste de Copenhague, es uno de los sitios más temidos de Dinamarca.

Azotada por problemas sociales, desempleo, inseguridad y una guerra sangrienta entre bandas rivales que el año pasado provocó tres muertos y 25 heridos por el control de la droga, Mjolnerparken es lo que más se parece a lo que el gobierno de centroderecha designó oficialmente como "guetos étnicos".

En marzo pasado, sin aviso previo, ocho ministros encabezados por el jefe del gobierno liberal, Lars Lokke Rasmussen, llegaron allí masivamente con policías y otras fuerzas de seguridad: habían elegido a Mjolnerparken para anunciar un vasto programa destinado a desmantelar las 16 zonas urbanas del país que el gobierno considera como auténticos guetos.

Bautizado "Una Dinamarca sin sociedades paralelas", el programa pretende terminar con esas zonas antes de 2030. Para facilitar la integración, busca sobre todo limitar a 30% la proporción de chicos extranjeros en las escuelas.

"Debemos poder reconocer nuestro país. Hay sitios en Dinamarca donde no reconozco lo que veo", declaró el primer ministro.

En el menú de ese vasto programa: guardería obligatoria para los chicos a partir de un año de edad, cursos obligatorios de cultura y valores daneses, un gran proyecto de renovación urbana, mayores ayudas para la búsqueda de empleo y para los estudiantes extranjeros, así como penas de prisión de hasta cuatro años para aquellos padres que obliguen a sus hijos a regresar al país de origen para casarse, por ejemplo.

Pero no todo es rosa en el país de la generosidad. Entre las medidas más criticadas, la ministra de la Integración, Inger Stojbert -apodada "la dama de hierro danesa"- también propuso penalizar a los beneficiarios de subsidios sociales, así como aplicar mayores penas para los crímenes cometidos en esas zonas sensibles, que en el resto de Dinamarca.

Esta no es la primera vez que Stojber hace hablar de ella. En 2016 había propuesto confiscar los bienes de los solicitantes de asilo que superaran los 2000 dólares (excluyendo joyas y objetos personales). Más recientemente, durante el mes del Ramadán, manifestó su inquietud por la seguridad de los transportes públicos, donde ciertos empleados podían pasar 16 horas sin comer ni beber.

El vocero del gobierno en cuestiones de inmigración, Marcus Knuth, lo reconoce: la política de Dinamarca en ese terreno se parece un poco a lo que los psicólogos de la década de 1980 llamaban tought love. "Amor a la dura", se podría decir en español. Hay que saber que en el Parlamento, los liberales gobiernan con el apoyo implícito del xenófobo Partido del Pueblo Danés, cuya plataforma se opone ferozmente a la inmigración.

"Los solicitantes de asilo saben que Dinamarca es uno de los países más generosos en el terreno social", dice Marcus Knuth. "Pero también tenemos problemas de integración. Hay somalíes en nuestro país que viven aquí desde hace 19 años y no saben hablar el idioma. Cantidad de problemas de criminalidad en las escuelas y en los lugares de trabajo están ligados a la inmigración. Tampoco queremos los inmensos guetos que se ven actualmente en Suecia, por ejemplo", agrega.

Y las 70 medidas votadas por el Parlamento hace tres años parecen producir resultados: en dos años, el número de solicitudes de refugio se redujo de 21.000 a 3500.

Muchos afirman, por el contrario, que no hay guetos en Dinamarca. Sin embargo, en el país existe un sorprendente consenso sobre la inmigración. A pesar de vigorosos debates en la Cámara, el programa es apoyado por los tres principales partidos: liberales, socialdemócratas y el Partido del Pueblo.

Para Karen-Lise Karman, responsable de los servicios municipales de integración de Copenhague, "ser refugiado en Dinamarca es un empleo a tiempo completo".

Una vez admitido, cada refugiado recibe un subsidio de más de 1000 dólares por mes. Lo mismo que reciben los estudiantes. El recién llegado se compromete a seguir cursos de danés obligatorios y participar en una serie de pasantías en empresas por 12 semanas. Todo el proceso puede durar cinco años, hasta que el candidato encuentre un trabajo.

"Sí, hay demagogia y estigmatización en las políticas de este gobierno", admite el politólogo Jorgen Goul Andersen. "Pero también mucha generosidad". A su juicio, el país anuncia con frecuencia lo que sucederá en le resto de Europa.

"Fuimos los primeros, por ejemplo, en crear un Ministerio de la Integración. Hace 30 años, cuando decíamos que había problemas de integración, nos trataban de racistas. Nuestras élites cerraron los ojos durante mucho tiempo. Reconocerlo, no nos impidió seguir siendo una sociedad muy tolerante", concluye.

A aquellos que califican a Dinamarca de racista, el politólogo recuerda que, durante la última guerra, el país fue uno de los únicos que, ocupado por Alemania, supo proteger su población judía de la deportación. Hoy, los daneses son una de las cinco naciones del mundo que consagra más del 0,7% de su PBI a la ayuda internacional, mientras Canadá se ubica por debajo del 0,3%.

Pero las iniciativas aprobadas en gran parte por una mayoría parlamentaria suscitan numerosas críticas: "Castigar, castigar. El gobierno solo tiene esa palabra en la boca", se lamenta Mohammed Aslam, presidente de la Asociación de Mjolnerparken.

Resumiendo esas inquietudes, Gunvor Christensen, especialista del Instituto de Investigación Social (SFI), duda de los efectos de ese "plan bulldozer", que arrasará manzanas enteras de la ciudad para remplazarlas por modernas torres destinadas a estudiantes y familias de clase media.

Y advierte: "Muchos estudios, sobre todo en Holanda, que usó medios drásticos para terminar con los guetos, demostraron que la política de renovación y diversidad social no condujo a un mayor empleo o a elevar el nivel de educación de los residentes más desfavorecidos".