Ecuador: la marcha indígena llega a Quito en reclamo contra el “fraude” electoral y en medio de sangrientos motines

CARACAS.- La marcha indígena llegó a Quito tras recorrer casi 700 kilómetros desde la sierra sur ecuatoriana, dispuesta a clamar por el “fraude electoral” en la misma sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). La capital los recibió en medio de la conmoción provocada por el amotinamiento en tres cárceles del país, que se cobró la vida de al menos 62 reclusos y que las autoridades atribuyen a grupos delictivos.

A la cabeza de los protestantes, en bicicleta, figuraba el candidato Yaku Pérez, quien ha redoblado sus denuncias tras conocerse el pasado domingo que sus rivales, el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso, disputarán la segunda vuelta electoral del 11 de abril.

La gran sorpresa de las pasadas elecciones escuchó los vítores de sus seguidores, que gritaban “¡Yaku, presidente!” sin cesar. “Con este fraude están vulnerando a los más de dos millones de ecuatorianos que confiaron en este proyecto que no es individual, es colectivo. El sistema electoral está hecho para pasar agachaditos más de 800.000 votos”, arengó Pérez, quien exige que sean recontadas todas las actas en Guayas, cuya capital es Guayaquil, y en 16 de las 24 provincias del país.

“Aquí están las más de 16.000 actas con inconsistencias”, aseguró Pérez mientras señalaba las 12 cajas amontonadas a su lado. “Es un fraude estructural, que está desde las papeletas de votación, pasando por las urnas, luego el paquete electoral y las actas de uno (de su movimiento), que no coinciden con las escaneadas. El fraude se consuma en el sistema informático”, remachó el dirigente.

Después de seis días de iniciada la Marcha por la Transparencia y la Democracia, los indígenas desembarcaron en el Parque de El Arbolito, el mismo que en octubre de 2019 sirvió como punto de encuentro de las protestas antigubernamentales contra la subida del precio de la nafta. De momento, los concentrados son menos: medios locales calcularon que fueron unos pocos cientos los que entraron en la ciudad.

Los indígenas avanzaron más tarde hasta la sede del CNE para dejar constancia de su protesta. Se declararon en vigilia permanente y amenazan con un gran levantamiento si no se “cumple la ley”.

El candidato de Pachakutik, brazo político de las organizaciones indígenas, ocupó el tercer lugar en la primera vuelta, disputada el 7 de febrero, una vez computadas todas las actas electorales y revisadas una veintena de mesas que mostraban anomalías. Yaku obtuvo el 19,39% de los votos, frente al 19,74% de Lasso. Por delante de ambos se situó Arauz, con el 32,72% de los apoyos.

El proceso se vivió con máxima tensión, no sólo por lo ajustado del resultado, sino también por la irrupción de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía, que pretenden evaluar el sistema informático del CNE. Cuatro de los cinco rectores del CNE votaron en contra de que el contralor realice ahora una auditoría informática al sistema de escrutinio y de resultados. Apostaron por esperar a que acabe el proceso electoral tras el ballottage de abril.

La protesta indígena sucede entre los rigores de la pandemia y el desconcierto en el país provocado por los amotinamientos en las tres cárceles más grandes del país, situadas en Guayaquil, Cuenca y Latacunga. El gobierno explicó que se trataba de la “acción concertada de las organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios”.

Más de la mitad de las 62 víctimas se registraron en Cuenca, en el pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Turi. “He dispuesto al Ministerio de Defensa ejercer un control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios”, anunció el presidente Lenín Moreno.

Según las autoridades, todos los fallecidos son presos, además de varios policías heridos. En las primeras imágenes ofrecidas por la Fiscalía del interior del penal de Guayaquil, se constató la incautación de un arsenal de machetes y cuchillos y de dos armas de fuego.

El gobierno de Moreno decretó el año pasado el estado de emergencia en las cárceles para controlar a “grupos mafiosos” y reducir la violencia. Solo en diciembre, los enfrentamientos entre pandillas rivales en el interior de los centros penitenciarios ocasionaron la muerte de 11 reclusos.