
Ejecutan a un político chino acusado de corrupción
Determinación: Pekín quiere demostrar así que será implacable con los que ponen en peligro el liderazgo del Partido Comunista.
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PEKIN.- Implacable en su determinación de luchar contra la corrupción, el gobierno chino ejecutó ayer a un importante funcionario de la administración pública, acusado de enriquecimiento ilícito.
Hu Changqing, ex gobernador de la provincia de Jiangxi y subdirector de la Administración de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado, es el inculpado de más alto rango en ser ejecutado desde la fundación de la República Popular de China, en 1949.
Hu, de 52 años, fue condenado a muerte por la corte de Nanchang el último 15 de febrero y perdió la apelación el 1º de marzo. Se lo acusó de haber aceptado 657.400 dólares en coimas, al tiempo que no pudo justificar propiedades por 194.000 dólares.
"Se aplicará con rigor la prohibición a los cuadros dirigentes de aprovecharse de sus atribuciones y de la influencia de sus cargos para conseguir beneficios ilegales...", sentenció el primer ministro, Zhu Rongji, en su informe sobre el estado del país, presentado el último domingo en la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP).
El ministro señaló también que "no se tendrá piedad ni se considerará el cargo de los inculpados" en la lucha contra la corrupción.
De este modo, Pekín no sólo ha advertido sino que ha demostrado su decisión de acabar de raíz con un problema endémico que daña la imagen del gobierno y del Partido Comunista Chino, y que además ha generado un enorme descontento social.
"Por un delito tan escandaloso, sólo la pena capital puede salvaguardar la ley, satisfacer la indignación popular, rectificar el estilo del Partido Comunista y luchar contra la corrupción", proclamó la prensa oficialista en su editorial de ayer.
Otro ejemplo claro de esta determinación es la ausencia, en la sesión de este año de la ANP, del vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea, Cheng Kejie, apartado de su cargo por sospechas de corrupción.
Cuestión política
La lucha contra la corrupción en China, declarada por el presidente Jiang Zemin "como un asunto de vida o muerte para la supervivencia del Partido Comunista", hasta ahora no ha dado los resultados esperados, según diversos analistas.
Los especialistas aducen que los órganos judiciales carecen de independencia a la hora de juzgar casos delicados, al estar controlados por el aparato político.
En este sentido, los expertos indican que todo se reduce a una cuestión política, ya que en caso de que un alto funcionario sea acusado de corrupción, los miembros del partido evaluarán los costos de publicitar cada causa, y es posible que algunas acusaciones queden en la nada.
Tal es el caso del escándalo que terminó con la detención de Lai Changxing, dueño de una empresa en la ciudad portuaria de Xiamen, donde durante años se llevaron a cabo, con el beneplácito de las autoridades, actividades de contrabando de diesel, caucho, cigarrillos y otros productos por unos 10.000 millones de dólares. En las operaciones estuvo involucrado un ex alcalde de Pekín.
Otros analistas diplomáticos, por último, sostienen que se hace urgente redactar una legislación sin las actuales lagunas si China pretende convertirse en miembro del club de las potencias económicas mundiales y lograr su próximo ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC).






