El curso de la justicia moldeará los días por venir

Río de Janeiro.- A partir de hoy, algunos protagonistas de la política brasileña estarán en una nueva situación, si se confirman las previsiones sobre el resultado del juicio político a Dilma en el Senado.

Una vez destituida de la presidencia, Dilma quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos durante ocho años, cuando ya tenga 76. Estará de vuelta en el llano, sin fueros y bajo investigación por la justicia. Tendrá la compañía de Lula, que en octubre cumplirá 70 años. Ambos son investigados por sospechas de obstrucción de la justicia en el esclarecimiento de delitos de corrupción en Petrobras.

Michel Temer deja el interinato y se convierte en sucesor definitivo. Será, sin embargo, un presidente sub judice, que dependerá de una decisión de la justicia sobre su mandato, ya que el resultado del juicio político no afecta el proceso de impugnación de la formula Dilma-Temer, que ya está en curso. Ambos fueron acusados de abuso de autoridad, uso de la maquinaria estatal con fines electorales y financiamiento ilícito de su campaña de 2014.

Pero al ser destituida Dilma quedaría fuera de esos cargos y Temer pasaría a ser el único imputado en la causa. Irónicamente, esa denuncia fue impulsada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal apoyo actual del gobierno de Temer en el Congreso. El entonces vicepresidente Temer se defendió de esos cargos en abril, cinco semanas antes de que la Cámara baja suspendiera a Dilma. Pidió que las cuentas de campaña fuesen investigadas separadamente. Siendo cuentas individuales, argumentó Temer, él no podría responder por los eventuales delitos de su compañera de fórmula.

Los jueces del Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrentan problemas. Uno de ellos es la jurisprudencia establecida, que es contraria al juzgamiento separado de las cuentas de candidatos de una misma fórmula. Otro problema es la defensa conjunta presentada por Temer y Dilma ante el tribunal en 2015, y con esos mismos argumentos. Así que al parecer son pocas las chances que tiene Temer de no ser condenado.

En rigor de la ley, Temer tendría que demostrar que no fue beneficiario directo de las irregularidades que se prueben. Y comprobar la supuesta "irrelevancia" del aporte del vice a la elección del presidente, o sea, demostrar que el PMDB no influyó en la elección de sus candidatos en 2014.

La decisión del TSE está prevista para principios de 2017. Será un hito en el historial del presidente del tribunal, el juez Gilmar Mendes, tanto por el carácter inédito del fallo como por sus consecuencias. El fallo definirá si Temer puede cumplir el resto del mandato, hasta diciembre de 2018, o si pierde la presidencia y abandona la política, ya que quedaría inhabilitado hasta los 83 años. Ese resultado le abriría la puerta al Congreso para elegir a uno de los suyos para completar el mandato hasta las elecciones siguientes.

Ésa sería otra amarga ironía: la condena de un presidente y un vicepresidente elegidos por voto directo conduciría a una elección indirecta en el seno de un Poder Legislativo sumido en múltiples investigaciones por corrupción y en el descrédito de los electores. Según la consultora Ibope, apenas dos de cada 10 brasileños tienen confianza en el Congreso.

Hoy por hoy, el futuro parece más promisorio para Temer que para Dilma. Si tiene éxito en la recuperación de la economía, Temer posiblemente cuente con la indulgencia que caracteriza a esos tribunales, donde los jueces son políticos que visten togas.

Arranca septiembre y salvo algún imponderable ése será el escenario de la república, o como hemos convenido en llamarla, el escenario del "Lava Jato".

Traducción de Jaime Arrambide