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El expediente reservado del Banco Central: cómo Ueno se prestó plata a sí mismo y desató la crisis en Paraguay
Un informe de 199 páginas que el Banco Central del Paraguay envió a la Fiscalía reconstruye el mecanismo; el rastro pasa por Salta y por un banco argentino
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LA NACIONDiego Cabot
ASUNCIÓN.– Cada una de las 199 páginas lleva el sello de “carácter reservado”. El documento, al que accedió LA NACION, salió del Banco Central del Paraguay (BCP) el 3 de noviembre rumbo a la Fiscalía General del Estado, un día después de que el regulador ordenara la intervención de Ueno Bank. Al pie aparecen dos firmas: la de Carlos Carvallo Spalding, entonces presidente de la autoridad monetaria, y la del director Miguel Ángel Mora. Tres días después, la Fiscalía ordenó detener al primero, y al cuarto lo imputó por producir documentos públicos de contenido falso.
El texto esquiva la palabra denuncia y se presenta como una “comunicación de antecedentes” para que los fiscales investiguen. Pero lo que describe es el manual de cómo un banco con 2,9 millones de clientes financió a las empresas de sus propios dueños hasta quedarse sin solvencia: 12 sociedades, préstamos de hasta 10 años sin sola garantía, análisis de riesgo que no resistían una lectura y un destino del dinero que casi nunca coincidía con el declarado.
La mecánica que reconstruye el Central se cuenta en tres movimientos. El primero fue borrar el parentesco. Mowi, Grupo Hendy y Grupo M figuraban en los registros del BCP como empresas vinculadas al banco, porque compartían accionistas con el Grupo Vázquez. En septiembre de 2025, Itti y Grupo Vázquez se desprendieron de esas acciones y las pusieron en manos de personas de confianza. A fines de octubre de ese año, el banco pidió sacarlas de su grupo vinculado. No adjuntaron un solo papel.
El segundo fue abrir la canilla. Con el trámite aún sin respuesta, llegaron créditos a 7 y 10 años, a sola firma, y sobregiros por cientos de miles de millones de guaraníes. Mowi cobró su primer préstamo, de 12 millones de dólares, una semana después de cambiar de dueños. Los inspectores encontraron que las tres compartían una docena de operadores de home banking, todos empleados de Itti, y hasta la misma oficina.
El tercero fue hacer girar la plata. Los desembolsos no financiaban inversión alguna: el mismo día salían hacia Itti, Red Digital —la firma detrás de la red de cobranzas Wepa— y Redipro, que los usaban para tapar sus propios sobregiros y cubrir cheques en otros bancos. Las cuotas, a su vez, se pagaban con fondos de otras empresas del mismo grupo.
El caso de Mowi es el que el expediente sigue con más detalle. Los US$12,5 millones que recibió el 26 de septiembre de 2025 viajaron cuatro días después hacia Itti y Redipro. Ahí empezaron los sobregiros para cubrir cheques de otras empresas como Itti y Redisa en los bancos Basa y Zeta. Según el BCP, la carpeta del primer crédito ni siquiera estaba cargada en el sistema documental del banco.
En junio de 2026 el Central ordenó tratar a esas empresas como vinculadas y recalcular la exposición del banco. Ueno encontró una salida: el 15 de ese mes le vendió a Vinanzas, otra firma del grupo, los créditos de Mowi, Hendy y Grupo M por 74,4 millones de dólares al contado. La normativa del BCP solo admite esas ventas si se cobran en efectivo y prohíbe que el propio banco financie la compra, de manera directa o indirecta.
Vinanzas no tenía con qué pagar. Según el Informe de Hallazgos 011, antes de la operación necesitó recibir 76,1 millones de dólares de otras compañías. Esa plata había salido de Ueno. Satec y HD Invest tomaron créditos por 20 millones dólares y 35 millones de dólares y los usaron para comprarle cartera a Vinanzas. Ese circuito tuvo réplicas en decenas de sociedad.
Los fiscales tomaron casi al pie de la letra el relato del Central. En la imputación contra el expresidente Santiago Peña y Carvallo, el corazón de la acusación es la misma secuencia: créditos sin garantías a empresas del grupo financiadas con plata del Ueno Bank. Este, a su vez, fondeado con dinero de empresas públicas.
Escala en Salta
La Argentina aparece en el capítulo dedicado a Nubicom, la empresa que se quedó con parte del espectro 5G paraguayo. La sociedad nació en enero de 2025 con otro nombre y un capital de apenas 33 dólares. La mitad de las acciones era de Nubicom SRL, una firma constituida en Salta en 2014 con un capital de unos 44.000 dólares; la otra mitad, de su socio mayoritario, Emanuel Salinas, que la había recibido de Grupo Vázquez en septiembre de 2025.
Ese mismo mes, la empresa paraguaya elevó su capital a unos 26,9 millones de dólares, suscripto casi íntegramente por la sociedad salteña. Pero a junio de 2026 el capital efectivamente integrado seguía siendo de 33 dólares. Lo único que ingresó fueron unos 2,4 millones de dólares registrados como “aporte para futura capitalización” y atribuidos a Nubicom SRL. El BCP comprobó que la firma argentina había recibido antes fondos de Itti, del mismo grupo que el banco: el supuesto capital extranjero había salido de casa.
El dinero también hizo el viaje inverso. De un préstamo de 7,54 millones de dólares que Ueno le otorgó a Nubicom el 9 de junio de 2026, unos 4,6 millones de dólares salieron por transferencia internacional hacia una cuenta de Nubicom SRL en el Banco Macro. Otros 1,2 millones de dólares fueron a Nokia, en Finlandia.
Nubicom planteaba un proyecto de US$670 millones sin ingresos, con un activo compuesto casi por completo por licencias, marcas y patentes cuyo valor el Central no pudo verificar. Aun así, en mayo de 2026 Ueno le abrió una línea de US$85 millones sin garantías.
Los balances de los deudores cuentan la misma historia. Por caso, a fines de 2025, el 84% del activo de Mowi eran desarrollos intangibles. La empresa había perdido plata cuatro años seguidos y su única ganancia de 2025 salió de diferencias de cambio. Debía 12,5 veces su patrimonio, y su deuda de largo plazo equivalía a 154 veces lo que había facturado en el año.
Grupo Berilo recibió 69 millones de dólares, casi la mitad del costo de su proyecto inmobiliario, mientras sus accionistas comprometieron apenas 3,8 millones de dólares que ni siquiera figuraban en el balance. Office Design, una pequeña firma de amoblamientos, multiplicó su tamaño desde 2025 casi solo con deuda de Ueno. Y el proyecto de Nuevo Mundo Entertainment saltó de 5 millones a 33 millones de dólares sin sustento técnico.
El BCP no se acusa a sí mismo, pero su relato lo deja expuesto. El pedido de Ueno para desvincular a Mowi, Hendy y Grupo M quedó siete meses sin respuesta. La documentación llegó recién en mayo de 2026, y a pedido del supervisor. En ese lapso, el banco les prestó sin freno.
El expediente fiscal corre, además, la fecha de las primeras alarmas. Según la imputación, los controles mensuales de la Superintendencia ya detectaban en septiembre de 2025 que Ueno declaraba no tener excesos mientras la Central de Información mostraba lo contrario, y tres memorandos internos lo informaron ese mismo mes. En noviembre hubo otro memo y en junio de 2026 el Directorio del BCP dejó asentadas observaciones sobre Ueno en un acta. Ninguna de esas alertas frenó al banco.
El Informe de Hallazgos 011, del 5 de agosto de 2026, ya concluía que la venta a Vinanzas había sido financiada por el propio banco, una falta grave. El sumario se abrió recién el 24 de septiembre. El 7 de octubre, con la firma de Carvallo, el Central dijo al Senado que el exceso estaba corregido.
La cuenta judicial
Los cinco exdirectivos varones del banco esperan el juicio con prisión preventiva en el ex Tacumbú, y las dos exdirectoras lo hacen en sus casas, con tobillera electrónica. Santiago Peña, destituido por el Senado, fue imputado como instigador de lesión de confianza y por administración en provecho propio. Según los fiscales, mantuvo una relación económica y societaria previa con el holding dueño del banco.
En el caso de Peña, los fiscales reconstruyen una relación patrimonial con el grupo. Según la imputación, fue dueño de 6144 acciones de Ueno Holding, el 1,58% del capital, hasta que se las rescataron en marzo de 2025, con casi dos años de mandato encima. Conservó además un depósito de 330.000 de dólares en el banco y un bono de Itti por 48.000 dólares. Su hermano Francisco fue socio de la sociedad de Luxemburgo que controla el banco entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Y las fechas pesan: el 22 y el 27 de agosto de 2024, Peña recibió al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) en su despacho, y dos días después el Consejo del instituto aprobó comprar bonos de Ueno por unos 32 millones de dólares.
El sábado, el juez Humberto Otazú le dictó la prisión preventiva. No lo mandó a una cárcel común: dispuso que siga en el Regimiento Escolta Presidencial. La imputación pone la lupa sobre el hombre que firmó la acusación contra el banco. Carvallo, que presidió Financiera Ueno antes de llegar al Central, quedó imputado por lesión de confianza y por producir documentos públicos de contenido falso, un cargo que pone bajo sospecha los papeles con los que el BCP daba por corregido lo que sus propios técnicos marcaban. La Fiscalía pidió también su prisión preventiva. El regulador que firmó la acusación contra el banco terminó sentado en el mismo banquillo.
Por Diego Cabot
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