El fiscal Stornelli investiga a 14 militares venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad
La causa surge a partir de la denuncia de la fundación de George Clooney radicada en la Argentina por el principio de la jurisdicción universal
LA NACION
CARACAS.- El fiscal federal Carlos Stornelli acusó a catorce militares venezolanos que se desempeñaban como altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones de 2014 en Venezuela. La imputación se realizó luego de que la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentara una denuncia en la Argentina.
El fiscal imputó a una docena de militares de distinto rango, entre generales de brigada, coroneles, tenientes coroneles y sargentos de los destacamentos de Carabobo y Tocuyito.
El fiscal argentino también pidió enviar exhortos a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que remitan “copias de informes de las misiones internacionales enviadas a Venezuela y toda actuación relacionada a los manifestantes muertos”.
En 2014, Venezuela vivió multitudinarias protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Según Human Right Watch (HRW), los manifestantes sufrieron “uso brutal de la fuerza”. Además, decenas de personas “que no estaban armadas” e incluso “transeúntes”, fueron detenidas y sufrieron “abusos que incluyeron golpizas violentas, descargas eléctricas, quemaduras”. Asimismo, los obligaron a mantenerse “arrodilladas, sin moverse, por varias horas”.
La resolución de Stornelli surge a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, en inglés), creada por el actor George Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, tomando en cuenta la jurisprudencia de la Argentina en materia de derechos humanos. Esta organización representa a las familias de dos manifestantes venezolanos asesinados hace casi una década.
La negativa de la justicia venezolana a investigar a los jerarcas de la Guardia Nacional Bolivariana -sólo fueron juzgados oficiales de rangos subalternos como autores materiales- llevó a la fundación Clooney a motorizar una causa judicial ante los tribunales argentinos, los cuales se han basado en el principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio.
Según Naciones Unidas, el principio de jurisdicción universal “confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima”.
El Convenio de Ginebra (1949), le da potestad a los países miembros de buscar y comparecer ante tribunales a infractores sospechosos de violaciones graves, independientemente de su nacionalidad y del lugar donde tuvo lugar la presunta infracción.
Esta es una herramienta primordial para garantizar la prevención de las “graves violaciones” del derecho internacional humanitario. Así también la aplicación de “sanciones penales pertinentes”, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Desde junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal Karim Khan para reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
La CPI argumentó que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”. Nicolás Maduro formalizó la apelación de la decisión.
“El hecho de que ahora haya una investigación formal sobre los graves crímenes cometidos en Venezuela es un momento crucial para las víctimas y sus familiares. Ofrece una renovada esperanza para los sobrevivientes que están hace tiempo esperando justicia”, dijo Yasmine Chubin, directora legal de la fundación Clooney.
Los militares acusados
-El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2013 y 2014, mayor general Justo José Noguera Pietri. Se desempeñó como gobernador del estado Bolívar hasta 2021 y luego de su retiro militar ha ocupado importantes cargos en la región Guayana. Pietri encabeza uno de los sancionados por gobierno de Estados Unidos debido al “deterioro de la situación en Venezuela” y por blanqueamiento de capitales.
-General de brigada Arquímedes Herrera Ruso, comandante de la región número dos de Carabobo en 2014.
-General de división José Dionisio Goncalves Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo en 2014.
-Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, estado Carabobo en 2014.
-Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Región número dos de Carabobo en 2014
-Teniente coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, comandante del Destacamento número 24 de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014.
Asimismo, el teniente Luis Amaya Chirino y el sargento primero Johan Ramírez Hernández. Por último, los sargentos segundos José Urdaneta Urdaneta, Jhonny Mallarino Miranda, Luis Reyes González, Jorvy Pennaloza Ramírez y Roger Alejo Durán.
Agencia AP y diario El Nacional
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