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El gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos en España hasta 2030 en medio de masivas protestas
El desalojo por la fuerza de Maricarmen, una jubilada madrileña de 87 años, desató una ola de manifestaciones y reclamos por una nueva política de la vivienda
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LA NACION
MADRID.- El gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes un plan para la paralización de los desalojos en España hasta 2030, en medio de masivas protestas tras el desalojo de una jubilada madrileña de 87 años. Miles de personas acampaban en la Puerta del Sol en reclamo de respuestas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó en redes sociales las medidas acordadas bajo la figura del “Decreto Maricarmen” en el Consejo de Ministros, que reúne a la coalición de gobierno, y que ahora deben pasar por el Congreso. Según el diario El País, la votación legislativa tendrá lugar este mismo viernes.
Se trata de un paquete de medidas sobre la vivienda exigido por el Sindicato de Inquilinas y plataformas sociales en España, tras masivas protestas y acampadas (como la de la Puerta del Sol en Madrid, que sigue activa) motivadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de un piso en Madrid tras vivir de alquiler durante 70 años.
Como parte de las medidas acordadas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus socios de Sumar, se anunció una prórroga ampliada de los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028, regulación de temporada y habitaciones, desahucios parados hasta 2030 y prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre. Además, en el gobierno se alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo decreto.
“Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre. Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible”, fue el mensaje de la ministra García que cerró el anuncio esperado por los cientos de manifestantes.
Desde la oposición, el Partido Popular (PP) rechazó los decretos, con fuertes críticas al gobierno de Sánchez.
“Sabemos desde hace muchos años que la vivienda es el principal problema de los españoles. El gobierno ha sido un actor necesario para que sea el principal problema de los españoles. Y en 24 horas el gobierno quiere arreglar lo que ha destruido en ocho años. Las medidas van orientadas todavía más a destruir el mercado de la vivienda”, dijo la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, en rueda de prensa en el Congreso.
“Ellos se buscaron este lío sin tener mayoría parlamentaria. En este lío se metieron ellos por querer gobernar habiendo perdido las elecciones y no pueden pretender que el PP les saque de este lío”, agregó, de cara a la votación del viernes.
El anuncio llegó mientras decenas de personas se manifestaban en un acampe en la Puerta del Sol, a pesar de que la Comunidad de Madrid le dio un plazo de 48 horas a la Delegación del Gobierno para que desaloje la plaza. Este tipo de reclamo derivó en que se detuviera un nuevo desalojo a pocos metros de allí, según consignó el diario local El Mundo.
Grave crisis de vivienda en España
España, al igual que muchos otros países europeos, atraviesa una grave crisis de vivienda, en un momento en que los precios de los inmuebles se disparan y los alquileres suben más rápido que el crecimiento de los salarios reales debido al lento ritmo de construcción de viviendas, que no logra satisfacer la demanda.
El país tuvo dificultades para alcanzar el ritmo de construcción de viviendas que tenía antes de la crisis financiera de 2008, y el déficit de unos 750.000 inmuebles aumentará hasta superar el millón en 2028, según el Banco de España, casi el doble que en Italia.
Dado que cada vez hay menos personas que pueden permitirse comprar una vivienda, el alquiler aumentó, lo que ejerce presión sobre el mercado, al igual que el auge del turismo. El precio medio del alquiler, de 1176 euros (1337 dólares), equivale aproximadamente al 98,7% del salario medio mensual en España, según el Consejo de la Juventud de España.
Los problemas de España tienen su eco en otras ciudades de Europa. El partido alemán La Izquierda (Die Linke) ganó este mes las elecciones regionales de Berlín, prometiendo que haría asequible la vivienda y nacionalizaría las asociaciones de vivienda privadas.
Una ley aprobada en España durante la pandemia de Covid-19 para proteger a los inquilinos vulnerables expiró en marzo, después de que los partidos de la oposición rechazaran su prórroga.
Debido a ello, las asociaciones de defensa de inquilinos reclamaban la renovación automática de los contratos de alquiler, similar a los contratos de alquiler indefinidos que ya existen en Holanda, Austria y Alemania, así como una medida en Reino Unido para prohibir el desahucio de inquilinos sin justificación.
Si un propietario no puede justificar la no renovación de un contrato, tendría que indemnizar al inquilino con un mes de alquiler por cada año que este haya vivido en la vivienda, en caso de que aun así quisiera desalojarlo. También reclaman medidas legales para detener los desahucios, la regulación de los contratos de alquiler por habitaciones y una congelación de los alquileres.
Agencias AFP, Reuters y diario El País
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