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Expropiación, préstamo o subsidio: qué hacen los países con las empresas en crisis
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La parálisis de las actividades que generó el confinamiento para combatir el nuevo coronavirus dejó a las empresas frente a un desequilibrio sin precedentes. Alrededor del mundo, los gobiernos decidieron delinear distintos planes de salvataje financiero para intentar mitigar el cimbronazo que provocó la pandemia. Pero después de que el presidente, Alberto Fernández , anunciara que buscará expropiar la exportadora de granos, harinas y aceites Vicentin, se abrió un interrogante: ¿Qué hacen otros países con las empresas en crisis?
"Subsidios, préstamos, desembolsos. Hay un abanico de soportes financieros, donde la última instancia es que el Eestado compre una compañía. Ahora los gobiernos se están haciendo cargo de atenuar el impacto del virus sobre empresas y sectores", explicó a LA NACION el economista José Siaba Serrate.
No todos los países reaccionaron de la misma manera ni aplicaron los mismos mecanismos de rescate económico. "Hay dos grandes fuentes de financiamientos: los bancos centrales y los presupuestos. En Estados Unidos y Europa, los bancos centrales establecieron una política monetaria más laxa para asistir al sector productivo, por ejemplo, comprando bonos de las empresas, mientras que con los presupuestos se empezó a subsidiar o a bajar impuestos", sostuvo Marcelo Elizondo, consultor en economía y negocios internacionales.
Las medidas de contingencia alcanzaron a muchos sectores productivos. "En el rubro textil, las compañías recibieron ayudas a través de préstamos garantizados", describió Elizondo en diálogo con este diario. Pero entre esos sectores, uno de los más maltratados por el coronavirus es el aeronáutico. "Las aerolíneas son el emblema de la industria afectada por la pandemia. Los aviones fueron los grandes transmisores del virus y ahora son los más golpeados. Por eso, en este caso, los países salieron a actuar de forma más drástica. Casi no hay casos en los que el estado se quede con las compañías, pero sí en muchos casos toman acciones como garantía", indicó el consultor.
El último método refleja el caso de la empresa alemana Lufthansa, el mayor grupo de transporte aéreo europeo, donde se aprobó un plan de rescate de 9000 millones de euros ofrecido por el gobierno alemán, que podrá tener 20% de las acciones del grupo y se convertiría en el mayor accionista de la aerolínea. Sin embargo, Berlín no está habilitada a intervenir en las decisiones de la compañía, según consignó la emisora Deutsche Welle.
También hay otras estrategias de ayuda. El gobierno italiano anunció al comienzo de la pandemia la nacionalización de Alitalia, aunque luego, según un comunicado emitido por Roma, el Consejo de Ministros detalló que se "prevé la constitución de una nueva sociedad totalmente controlada por el ministerio de Economía y Finanzas o por una sociedad de participación pública mayoritaria, incluso indirecta".
Francia, por su parte, anunció un programa de apoyo de 15.000 millones de euros -que incluye inversiones directas, subsidios y préstamos- destinado al sector aeronáutico, que representa unos 300.000 puestos de trabajo y una balanza comercial positiva de 34.000 millones de euros. El gobierno otorgará 7000 millones de euros en préstamos a Air France, lo que permitirá concretar la compra de 60 aviones Airbus, algo que también favorece a la fabricante. A cambio, los beneficiarios tendrán que invertir en aviones más amigables con el ambiente, ya que Francia aspira a formar el sector "más limpio del mundo". Por otro lado, la automotriz francesa Renault obtuvo de los bancos 5000 millones de euros de préstamo garantizado por el estado bajo la condición de que este año la empresa no pague dividendos a sus accionistas.
Otro ejemplo es el de Israel, donde el gobierno pidió a El Al, la aerolínea de bandera del país, que emita acciones como parte del paquete de rescate del Ministerio de Finanzas israelí. El Al recibirá un crédito de 250 millones de dólares, por el que la aerolínea tendrá que vender acciones por 150 millones de dólares, mientras que el gobierno se hará cargo de las acciones que no se vendan. Este acuerdo podría convertir al estado en el accionista mayoritario de la compañía. Pero lo llamativo es que la línea aérea israelí no podrá renovar las operaciones de vuelo a menos que acepte el plan estatal, informó un ejecutivo de la aerolínea a los empleados, según consignó el diario Jerusalen Post.
Una situación distinta parece ocurrir en Zambia, donde el gobierno emitió un instrumento legal en el que califica a las líneas eléctricas como "operadores comunes" y las obliga a transmitir electricidad en nombre de otros actores productivos. La empresa Copperbelt Energy Corp (CEC), que anteriormente era estatal y se privatizó en la década de 1990, acusó al gobierno de intentar expropiar sus líneas eléctricas diciendo que a otros solo se les debe permitir usar la red si pagan por eso. El gobierno negó esa intención, pero CEC dijo que las acciones del gobierno habían quitado sus derechos comerciales y de propiedad de la compañía, y le habían impedido tomar decisiones comerciales viables.
Más allá de las particularidades de cada caso, el interrogante latente reside en la posibilidad de que las ayudas financieras habiliten a los gobiernos a sentarse en la mesa de decisiones de las empresas. "Las condiciones cambian para todos los países y los sectores, pero no se ve, en general, que los gobiernos quieran quedarse con las compañías. La intervención del estado es más mesurada porque el objetivo es la subsistencia de la empresa", consideró Siaba Serrate.
En tanto, Elizondo completó: "Son medidas transitorias y no se requieren decisiones tan contrarias a los de los dueños de las firmas. La norma es auxiliar sin quedarse con la propiedad. Lo regular es que sean medidas tomadas como consecuencia de la pandemia, algo de coyuntura más que estructural".
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