Fujimori, comprometido por un tráfico de armas

El desvío de fusiles a las FARC pone en un aprieto al Perú
(0)
27 de agosto de 2000  

LIMA.- El tráfico de armas provenientes de Jordania y destinadas a la guerrilla colombiana, denunciado por Perú en los últimos días, ha creado serios problemas de credibilidad internacional al presidente Alberto Fujimori luego de que cuatro países objetaron la revelación realizada por el gobierno peruano.

Fujimori, que hizo personalmente la denuncia sobre la base de las investigaciones realizadas por el poderoso y controvertido asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, defendió su primera versión y ratificó que Perú ha contribuido a alertar sobre el peligro que significa la guerrilla colombiana y las consecuencias del denominado Plan Colombia, por el cual Estados Unidos destinará 1300 millones de dólares para combatir el narcotráfico en el país sudamericano.

Pero la revista peruana Somos subrayó en su edición de ayer que "tras presentar la denuncia como un gran golpe al terrorismo internacional, el gobierno se vio atrapado en la maraña de sus inconsistentes afirmaciones, metiéndose en más de un lío diplomático".

La revista, editada por el influyente diario El Comercio, recuerda que a las pocas horas de la denuncia de Fujimori y su asesor Montesinos "ambos personajes fueron tajantemente desmentidos" por autoridades colombianas, jordanas, españolas y estadounidenses.

Mientras Colombia expresó su desagrado por la forma como el gobierno peruano denunció el tráfico de armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jordania acusó a las autoridades peruanas de no haber controlado mejor el destino de las armas que se vendieron de manera legal a los militares de Perú.

La legalidad de la venta de estas armas a "oficiales peruanos" fue confirmada por versiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania y convalidadas por fuentes de la CIA y también del Departamento de Estado norteamericano, según las versiones difundidas en Lima.

Por su parte, también negó que aviones rusos o de Ucrania hayan aterrizado en las islas Canarias con el cargamento de armas con destino a las guerrillas de las FARC, como había denunciado el gobierno peruano.

"Lavar la culpa"

Los líderes de la oposición en Perú ya parecen convencidos de que el gobierno de Fujimori lanzó la denuncia en un intento por "lavar" la cara y la actuación de Montesinos, el más controvertido, discutido y temido personaje al que se considera como una persona que, desde las sombras, ostenta un enorme poder político y militar en Perú.

Ante el escándalo desatado, el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, declaró ayer que el gobierno de Perú cumplió con hacer pública su denuncia y que no hubo ninguna versión falsa o distorsionada.

El Ministerio de Defensa peruano también emitió un comunicado oficial que señala que "jamás, bajo ninguna circunstancia o modalidad", adquirió ningún tipo de armamento del reino de Jordania.

La fuente militar reconoció, sin embargo, que los contratos suscriptos para la adquisición de 10.000 fusiles AKM-762 a altos oficiales de Jordania "fueron suscriptos por personal subalterno militar en situación de retiro, que formaban parte de la organización delictiva y fraguaron documentos, nombres y firmas con el objeto de cometer el delito".

Lanzadas en paracaídas

El Ministerio de Defensa peruano señaló que "esta acción delictiva fue montada por una organización criminal internacional, la que, mediante lanzamiento por paracaídas, entregó dicho armamento a las FARC".

Pero la prensa peruana parece tener su propia opinión sobre el tema, y titulares como los del diario La República destacan: "Escándalo mundial: gobierno compromete al Perú en tráfico de armas".

También señala en su portada, como principal noticia, que "la CIA comprobó que fusiles de las FARC salían de Perú".

Pero Federico Salas, virtual primer ministro, dijo que con las "suspicacias lo único que se logra es favorecer a quienes están detrás del tráfico de armas y de los intereses que agobian al pueblo colombiano".

Extreman la seguridad ante la visita de Clinton

Cinco mil militares vigilan Cartagena

BogotA (DPA).- Las autoridades colombianas extremaron desde ayer las medidas de seguridad en la caribeña ciudad de Cartagena de Indias, donde este miércoles llegará el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, para entrevistarse con su colega colombiano, Andrés Pastrana.

El reforzamiento del esquema de seguridad incluye un sofisticado robot, llamado Andrews II, que empezó a recorrer los sitios turísticos, residenciales y comerciales del balneario en busca de bombas, especialmente en los lugares que visitarán Clinton y su comitiva, calculada en cerca de 400 personas.

El comandante de la policía en el departamento de Bolívar, coronel Carlos Ospina, señaló que unos 5000 efectivos del ejército, de la armada y de su institución vigilan la ciudad permanentemente desde la última semana.

Las actividades de las autoridades locales, que cuentan con el apoyo de un número indeterminado de agentes estadounidenses, también buscan impedir el ingreso en Cartagena de terroristas que tendrían intención de atentar contra Clinton.

Las FARC han señalado que Clinton "no es bienvenido", aunque afirman que no sabotearán la visita con actos terroristas.

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?