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Indigenismo y realpolitik, un difícil equilibrio
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No es fácil catalogar el modelo de gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia. Desde que llegó al poder en enero de 2006, con un abrumador respaldo electoral del 54% de los votos, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales lideró un proceso de cambios en Bolivia, apoyado en dos pilares ideológicos: la vocación indigenista para refundar el país y el discurso nacionalista como sustento para la recuperación del control de los recursos naturales.
Pero esa retórica nacionalista e indigenista -manifestada en la ofensiva contra Coca-Cola- se ha equilibrado, a menudo, con decisiones políticas y económicas moderadas. La nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo, decretada en 2006, no supuso una ruptura con las empresas extranjeras.
Desahuciada en la Argentina, la petrolera española Repsol mantiene su presencia en Bolivia y, en su momento, se adaptó a la nueva legislación del país, que otorgaba al Estado el control de un sector estratégico de la economía.
La política estatista y antineoliberal del gobierno de Evo Morales no entró en colisión frontal con la economía de mercado que supone la presencia de las compañías transnacionales en el país. En el lenguaje del oficialismo, se aplicó una "nacionalización legal" que no puso en riesgo las inversiones realizadas y, al mismo tiempo, provocó un significativo aumento de los ingresos fiscales para el Estado.
La apuesta indigenista tampoco está exenta de contradicciones. La aprobación de la Constitución de 2009 (con una mayoría del 61%) supuso un espaldarazo al proyecto de Estado plurinacional que defiende Evo Morales -el primer presidente indígena en la historia de Bolivia- al integrar a los pueblos originarios (que representan más del 60% de la población) a la vida política de Bolivia, tras siglos de marginación social.
Pero algunas decisiones tomadas en el Palacio Quemado han enfurecido a varios colectivos indígenas.
El caso más sonado fue el proyecto de construcción de una ruta que atravesaría un parque nacional de gran riqueza forestal, el Tipnis, situado en la Amazonia boliviana. La movilización indígena logró paralizar el proyecto y someterlo a una consulta popular en la zona, que se dirime en estos días. Y durante unos meses, puso en evidencia la pretendida ecuanimidad del mandatario respecto de los derechos de los pueblos originarios.
Para los habitantes del Tipnis, el gobierno trata de favorecer con la construcción de la ruta a los cultivadores de coca del vecino Chapare, bastión político de Evo.
"El proyecto indigenista pasa por un momento difícil, entre otras razones, por las protestas de los habitantes del Tipnis. La octava marcha indígena [organizada en octubre pasado] desacreditó al gobierno por la represión policial contra los manifestantes; por eso ahora tratan de revertirlo con mucha propaganda", señala, desde La Paz, el analista político Carlos Cordero.
Si hay algo que el gobierno y el oficialista MAS saben que no deben descuidar son sus bases indígenas. El apoyo popular de Evo radica, sobre todo, en ese sustrato rural y campesino. Las clases medias de las grandes ciudades (la rebelde Santa Cruz, en primer lugar, pero también La Paz en los últimos tiempos) llevan tiempo contrariadas con el gobierno por las subidas de impuestos y la contención de los salarios.
La popularidad de Morales, que en 2010 logró la reelección con un apabullante 64% de los votos, ha descendido progresivamente desde el conflicto del Tipnis, a finales del año pasado. A la protesta indígena se sumaron paros de los profesionales de la salud, maestros y transportistas en abril y un reciente motín policial.
Según varias encuestas, el respaldo popular al mandatario se sitúa entre el 35% de las grandes ciudades y el 55% de las zonas rurales.
Antiguos compañeros de viaje, como la Central Obrera Boliviana (COB), le dieron la espalda por primera vez. Ese complicado equilibrio entre el proyecto nacionalista e indigenista y la realpolitik llevó a Morales a remodelar su gobierno en enero, dotándolo de un perfil más técnico, algo que no sentó nada bien entre los sectores más izquierdistas que apoyan al presidente.
"Evo Morales se mueve en una dualidad de actitudes contradictoria; por un lado, se nacionaliza y, por otro, se reivindica la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras porque el país necesita capitales externos. El gobierno sabe que las nacionalizaciones generan simpatía en amplias capas de la población por la recuperación del patrimonio nacional", explica Cordero.
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