La corrupción de los gobiernos ante el coronavirus también es una pandemia

Cuando las autoridades de su departamento empezaron a repartir cajas de comida a las familias afectadas por la cuarentena del coronavirus en Colombia, el legislador Ricardo Quintero se sorprendió con los exorbitantes precios que se les estaba pagando a los proveedores. Así que se armó con fotos de café, pasta y otros productos y fue a su supermercado local.

Allí, compró los mismos productos por casi la mitad del supuesto precio al por mayor pagado por el gobierno del departamento de Cesar. La comparación de las compras impulsó una de las 14 investigaciones criminales relacionadas con el coronavirus en Colombia. El país sudamericano es uno de los tantos en el mundo que ha tenido un incremento en acusaciones de corrupción. "Siempre puedes encontrar corrupción", dijo Quintero. "Pero lo que más duele es que la estamos viendo ahora, en un momento como este".

Países grandes y pequeños están desembolsando billones de dólares para combatir la epidemia del coronavirus y sus brutales repercusiones económicas, en lo que los analistas están llamando la reacción financiera más grande de todos los tiempos ante una misma crisis mundial. Mientras los gobiernos corren para obtener de todo, desde ayuda alimentaria hasta tapabocas, están priorizando la velocidad sobre la transparencia, abandonando las licitaciones públicas y otras garantías para poder seguirle el ritmo a la pandemia.

La mayoría no tienen opción. Dada la velocidad de esta crisis aún en desarrollo, o se compra rápido o se pone en riesgo la vida de millones de personas. Sin embargo, hay una creciente preocupación sobre el porcentaje de dólares -y euros, yenes, pesos y más- de contribuyentes que están llenando los bolsillos de burócratas corruptos, contratistas clientelistas y sindicatos criminales.

"Hay casos que están sucediendo justo ahora, en tiempo real", dijo Max Heywood, jefe de promoción de la organización de vigilancia anticorrupción Transparencia Internacional. "Viendo las carencias en los sistemas y la cantidad de dinero que se está gastando correctamente en el problema, es acertado afirmar que estamos muy preocupados".

La ayuda alimentaria para los trabajadores que se han quedado sin empleo está siendo un objetivo particularmente jugoso. Cuando el gobierno de Bangladesh lanzó una iniciativa el mes pasado para distribuir arroz a sus ciudadanos más vulnerables, alrededor de 272.000 kilogramos desaparecieron. Cerca de 50 personas, incluyendo burócratas y funcionarios locales, fueron acusados de intentar revender el arroz a precios más altos. El gobierno ha modificado el plan de ayuda con el objetivo de eludir burócratas.

"Se esperaba que una crisis nacional de esta magnitud despertara las mejores virtudes humanas, como la empatía y la solidaridad, las cuales hemos visto de muchas maneras", afirmó Iftekharuzzaman, director ejecutivo de Transparencia Internacional Bangladesh, quien utiliza un solo nombre. "Pero lamentable y vergonzosamente, también ha salido a relucir lo peor de los vicios humanos".

Fernando Carrillo, procurador general de Colombia, dijo que se han puesto en marcha investigaciones relacionadas con el coronavirus, la mayoría sobre flagrantes sobreprecios, en 14 departamentos. En el departamento de Cesar, Quintero logró poner el foco sobre los lucrativos contratos de alimentos realizados bajo el mandato del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

La emisora local Radio Guatapurí realizó algunos reportajes sobre la denuncia de Quintero y funcionarios estatales publicaron una lista detallada de los costos de los productos en las cajas de alimentos. Resultó ser que, por ejemplo, el Estado estaba pagando 2,81 dólares por 250 gramos de café que se conseguían por 1,20 dólares en el supermercado al que fue Quintero. Monsalvo Gnecco declinó hacer comentarios al respecto. "Yo no le tengo que informar nada de esto", escribió a través de un mensaje de WhatsApp. "Tengo años haciendo esto, no estoy improvisando. Este es mi segundo periodo porque fui reelecto".

Los altos precios de artículos como tapabocas y respiradores pueden en parte ser explicados por la economía de mercado: la escasez en medio de una fuerte demanda genera un incremento de los precios. Pero es la dimensión de esos incrementos en los contratos estatales, junto a los antecedentes de los proveedores, lo que está creando sospecha en todas partes del mundo.

En Rumania, donde los procesos normales de licitación han sido suspendidos para acelerar las adquisiciones, los críticos están advirtiendo sobre la existencia de tratos clandestinos. Romwine and Coffee SRL, una pequeña compañía ubicada a 51 kilómetros al sur de Bucarest, vende tabaco y licor. Sin embargo, logró dos contratos estatales valorados en 12.6 millones de dólares para proveer mascarillas médicas especializadas a más del doble del precio del mercado.

Ese acuerdo se realizó luego de que Sanimed International, un proveedor médico al que se le prohibió realizar contratos directos con el Estado por deuda de impuestos, lograra un acuerdo de colaboración con la compañía vendedora de tabaco y licor, informó Catalin Hideg, el dueño de Sanimed. Hideg insistió en que el acuerdo no era inusual.

"En todas partes del mundo, todas las compañías grandes usan otras empresas para realizar licitaciones. Usan consorcios, asociaciones, alianzas", declaró Hideg al canal B1 TV de Rumania. "Existen compañías con tres empleados y tres computadoras portátiles que han ganado licitaciones valoradas en cientos de millones de euros para la construcción de carreteras, autopistas, puentes y más".

Sorin Ionita, experto rumano en reformas de administración pública, calificó a la competencia por los contratos del coronavirus como "una zona gris". "Es una zona gris, con o sin corrupción", dijo Ionita. "La gente está agarrando lo que puede".

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por su sigla en inglés) le otorgó un contrato de 55 millones de dólares por tapabocas a una compañía en Delaware que no tiene ningún historial de haber fabricado o adquirido alguna vez equipos médicos, reportó The Washington Post a principios de abril. Seleccionada sin pasar por un proceso de licitación pública, Panthera Worldwide -cuya empresa matriz se declaró en bancarrota el año pasado- está recibiendo 5,5 dólares por tapaboca, mucho más de lo que cobra cualquier otro proveedor gubernamental.

James Punelli, un ejecutivo de la compañía, le dijo a The Washington Post que su compañía había realizado entrenamientos médicos con el Departamento de Defensa "durante varios años" y que ahora estaba acudiendo a sus contactos militares para obtener los tapabocas, los cuales, afirmó Punelli, serían de "alta calidad".

Existen medidas de seguridad anticorrupción en el proyecto de rescate financiero por el coronavirus de 2,2 billones de dólares aprobado por el Congreso y firmado por el presidente estadounidense, Donald Trump. La legislación incluye una regla en la que ninguna empresa en la que el presidente o cualquier funcionario de la Casa Blanca posea una participación mayoritaria puede recibir fondos, y además establece la conformación de un comité de inspectores generales que supervisen los gastos. Sin embargo, los observadores siguen preocupados por la posibilidad de injerencia de la Casa Blanca, en particular tras la decisión de Trump el mes pasado de despedir al inspector general que supervisaba los servicios de inteligencia estadounidenses.

"El presidente puede destituir a cualquier inspector general del proceso de fiscalización si señala algo que no le gusta", advirtió Liz Hempowicz, directora de políticas públicas de Project on Government Oversight, una organización independiente que investiga y expone irregularidades en el gobierno federal estadounidense.

Cuando se les solicitó realizar un comentario, algunos funcionarios de la Casa Blanca señalaron los "100 millones de dólares como mínimo" destinados a financiar la supervisión del Congreso como evidencia de la transparencia escrita en la legislación.

En términos más generales, a Hempowicz y a otros les preocupa que el gasto de Estados Unidos por el coronavirus se convierta en una mina de oro para la corrupción: "Esta es una oportunidad perfecta para los estafadores".

La historia indica que la falta de supervisión puede resultar en pérdidas masivas por fraude. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos reportó en 2014 que hasta 22% del dinero destinado por FEMA para los huracanes Katrina y Rita, en 2005, estuvo en riesgo de haber sido gastado de manera fraudulenta o inadecuada. FEMA adoptó normas más rigurosas y la cifra cayó a 2,7% tras el huracán Sandy en 2012.

En algunos casos, las regulaciones anticorrupción están detectando acuerdos sospechosos. En Buenos Aires, Argentina, el gobierno de la Ciudad debe publicar los contratos de adquisición, los cuales deben estar disponibles en formato de búsqueda en línea, incluso durante la crisis del coronavirus.

Eso ha traído a la luz por lo menos dos acuerdos dudosos. En uno, 15.000 mascarillas médicas fueron obtenidas por más de 40 dólares cada una, de una compañía que solo tenía 1500 dólares de capital circulante. El otro caso involucraba un acuerdo lucrativo para albergar pacientes de coronavirus en un hotel donde la hermana del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, forma parte de la junta directiva.

La aparición de estos acuerdos en la prensa argentina provocó la cancelación de los contratos y la renuncia de dos funcionarios. "Necesitamos conseguir un balance entre flexibilizar los controles para combatir la pandemia y realizar una buena gestión", afirmó la legisladora Graciela Ocaña.

The Washington Post

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