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La derecha en España propone un histórico cambio para controlar la inmigración: “Se acabó eso de regalar pasaportes”
El PP propone un giro restrictivo en el acceso a la ciudadanía española: si llega al poder en 2027, buscará endurecer los requisitos para obtenerla
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PARA LA NACIONIván Ruiz
MADRID.– El Partido Popular (PP), la fuerza política con más posibilidades de gobernar España desde 2027, tiene entre sus planes endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española, una medida hasta ahora inédita para el partido de derecha.
“Se acabó eso de regalar pasaportes”, dijeron fuentes del PP citadas hoy por el diario El Mundo, que accedió a la propuesta, que se presentará en la próxima legislatura si, como aseguran desde el espacio, Alberto Núñez Feijóo es electo presidente.
Será un cambio histórico en la política migratoria española, que en las últimas décadas había tomado medidas que alentaban la llegada de inmigrantes. Por eso, llegaron al menos cuatro millones de extranjeros en la última década que fue incentivado por los administradores del Estado (tanto el Partido Socialista como el PP), así como las centrales empresarias. Pero la crisis desatada en Ceuta y el crecimiento de Vox, el partido de ultraderecha, como tercera fuerza, le hicieron al PP cambiar su postura.
La nueva ley que impulsa la oposición propone endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad española, con exámenes más rigurosos de español y una prueba de “valores constitucionales” que deberán superar los inmigrantes que quieran tener el pasaporte. Otro punto llamó la atención: si un inmigrante comete un delito grave (asesinato o agresión sexual) o si incurrieran en reincidencia penal, el Estado tendrá la potestad de quitarle la nacionalidad y expulsarlo del país.
Fuentes del PP explicaron a LA NACION que esta reforma impulsa el concepto de “inclusión positiva”, que favorece a los inmigrantes de países de América Latina, especialmente al endurecer el examen de español. En el partido conservador están convencidos de que la llegada de millones de latinoamericanos fue una de las claves del crecimiento económico sostenido en España y que, además, concentra buena parte de su electorado.
“Las políticas que han puesto en marcha tanto el PSOE como el PP cuando fueron gobierno no han sido muy distintas hasta ahora. Fueron laxos y poco intervencionistas con la inmigración, sin controles estrictos. Pero esto puede cambiar”, advirtió María Miyar, experta en políticas migratorias y profesora de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pero Ceuta marcó un quiebre. Desde el ingreso masivo de inmigrantes africanos, el tema se volvió un dolor de cabeza para el gobierno de Pedro Sánchez. A más de un mes del comienzo de la crisis, todavía quedan al menos 5000 inmigrantes en Ceuta, muchos de ellos durmiendo en la calle ante el colapso de los centros de refugio que ofrece el Estado.
La propuesta del PP es una reacción política sobre un tema que lo había dejado atrapado en la polarización entre el oficialismo y la extrema derecha. “Dada la situación que se está viviendo en toda la Unión Europea en este momento, necesitamos una ley que regule la nacionalidad. La nacionalidad es un honor, no es un trámite administrativo. Vamos a ser más exigentes con el conocimiento del idioma, con la inclusión positiva y activa en los valores democráticos constitucionales de nuestro país”, remarcó una fuente del partido liderado por Feijóo.
La primera de las medidas migratorias que despertó polémica ocurrió en abril, cuando Sánchez anunció una regularización masiva para los inmigrantes que ya vivían en España, pero que estaban sin papeles. El objetivo -explicó el gobierno- era que tuvieran más derechos, pero también que pagaran impuestos y sean elegibles para los puestos de trabajo de baja capacitación, desde camarero hasta albañil. La idea fue apoyada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, pero el PP se opuso. Feijóo dijo que Sánchez quería manipular el censo electoral con la inclusión de hasta un millón de inmigrantes.
Ese argumento fue retomado la semana pasada por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial de España, para hacer referencia a otra de las iniciativas del gobierno socialista: la ley de nietos. En un voto dividido, los jueces consideraron -ante un reclamo de Vox- que esta iniciativa, que le otorgará la nacionalidad a descendientes de españoles que viven en América Latina, ocasiona “un peligro fundado, real y serio de afectar gravemente la objetividad y transparencia del proceso electoral”, lo que causaría “un daño irreversible a su rectitud”.
Santiago Abascal, líder de Vox y aliado de Javier Milei, calificó como una “invasión” el ingreso de inmigrantes africanos a Ceuta. Su partido propone desde hace años la expulsión de los extranjeros que cometen delitos en España. “Las posiciones del PP han sido muy cambiantes. Estamos consiguiendo cambiar algunas cosas en relación a la defensa de nuestras fronteras, a la repatriación de los ilegales, también, por supuesto, a trabajar para que los menores que llegan a España vuelvan con sus padres y a sus países”, dijo hoy Abascal desde Italia, donde visitó a la primer ministra Giorgia Meloni.
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