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¿Por qué los escándalos ya no hacen caer a los líderes políticos?
De EE.UU. a España e Israel, numerosos líderes logran sobrevivir a denuncias que antes habrían puesto fin a sus carreras; expertos advierten que la polarización partidaria está rompiendo el vínculo entre las conductas indebidas y sus consecuencias
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NUEVA YORK.– Los escándalos, pareciera, están perdiendo su poder.
A juzgar por una larga lista de escándalos en los últimos tiempos sin consecuencias políticas, podría pensarse que la vergüenza ha desaparecido de la vida pública. En 2015, el analista Ezra Klein definió la falta de pudor de Donald Trump como su “superpoder”, porque nunca retrocedía cuando lo confrontaban con declaraciones políticamente incorrectas. Y aunque Trump nunca puso a prueba su famosa teoría de que podría “pararse en la Quinta Avenida y dispararle a alguien” sin perder votantes, su carrera política se mantuvo a flote incluso después de haber sido sometido a dos juicios políticos, declarado responsable en una causa civil por abuso sexual y cuestionado por haberse enriquecido durante su paso por la Casa Blanca.
Sin embargo, la pérdida de eficacia de los escándalos no es un fenómeno exclusivamente estadounidense. Resulta difícil atribuirla solo a la política de Estados Unidos cuando puede observarse también en otros países. En España, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha permanecido en el cargo pese a una sucesión de controversias que afectaron tanto a su administración como a su entorno familiar.
Las investigaciones en ciencia política sugieren que el problema no es la desaparición de la vergüenza ni una anomalía particular de Estados Unidos. En distintos países, los estudios coinciden en señalar que la creciente polarización partidaria está rompiendo la cadena de acontecimientos mediante la cual las conductas indebidas solían derivar en consecuencias concretas.
El politólogo Theodore Lowi definía un escándalo como una “corrupción revelada”: una violación de normas morales o legales expuesta al juicio público. Tradicionalmente, la divulgación de una irregularidad provocaba indignación social y esa reacción impulsaba algún tipo de castigo. Hoy, en cambio, el vínculo entre la revelación de una falta y la sanción parece haberse debilitado.
Las implicancias para la rendición de cuentas son profundas. Durante décadas, los escándalos funcionaron como uno de los mecanismos mediante los cuales las democracias hacían cumplir normas y límites. Si ese mecanismo pierde eficacia, se genera un círculo vicioso: las conductas indebidas dejan de tener consecuencias, disminuye la confianza en las instituciones y esa desconfianza alimenta aún más la polarización, facilitando nuevas formas de corrupción, abuso o incumplimiento de la ley.
El nuevo manual de supervivencia
En teoría, cuando se conoce una conducta escandalosa, los votantes reaccionan con rechazo. Eso crea incentivos para la dirigencia política: la oposición intenta capitalizar el caso y el partido del involucrado busca tomar distancia. Si la polémica persiste, ambos sectores suelen coincidir en la necesidad de exigir renuncias o sanciones.
Pero el escenario actual es diferente. “Ahora existe un manual que antes no existía”, explica Brandon Rottinghaus, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Houston. “Los políticos resisten en lugar de dimitir porque, cada vez más, esa estrategia funciona en sistemas polarizados”.
En Estados Unidos y en muchas otras democracias, la distancia ideológica y cultural entre izquierda y derecha se ha ampliado. Diversos estudios muestran que las preferencias políticas pasaron a formar parte central de la identidad personal. Desde la ropa hasta los hábitos de consumo, cada vez más aspectos de la vida cotidiana se asocian a una posición política. A eso se suma la denominada polarización afectiva, por la cual las personas sienten simpatía hacia quienes integran su propio bando y una fuerte hostilidad hacia quienes pertenecen al contrario.
Según los especialistas, esta dinámica erosiona el poder de los escándalos. Los votantes son menos propensos a indignarse por las faltas cometidas por dirigentes de su propio espacio y menos propensos a abandonarlos si hacerlo pudiera beneficiar a sus adversarios. Sin la amenaza de una reacción electoral, los líderes políticos tienen pocos incentivos para impulsar renuncias, juicios políticos u otras sanciones.
Otra explicación es que, en contextos polarizados, también se polarizan los medios de comunicación. Los medios alineados con una determinada corriente ideológica suelen minimizar las acusaciones contra dirigentes afines o presentarlas como operaciones impulsadas por sus rivales.
La investigadora Veronika Patkos sostiene que, en sistemas mediáticos paralelos y altamente partidistas, resulta cada vez más difícil que los ciudadanos reciban información clara y creíble. Los medios afines suelen ignorar las faltas de su propio sector, mientras que los del bando opuesto pueden exagerar incidentes menores o incluso difundir acusaciones sin fundamento.
Cuando el escándalo se convierte en una ventaja
España ofrece un ejemplo ilustrativo. Según el politólogo Mariano Torcal, la polarización entre izquierda y derecha aumentó significativamente en las últimas décadas. Muchos votantes se comportan como hinchas incondicionales de un club de fútbol: respaldan a su equipo independientemente de las circunstancias.
Esa lógica favorece la idea de que cualquier denuncia es parte de una campaña de manipulación impulsada por adversarios políticos o por medios hostiles. Y en ocasiones existe un elemento de verdad: los medios partidarios tienen incentivos para presentar faltas menores como grandes escándalos. El resultado es un efecto similar al del cuento del lobo: los ciudadanos terminan desconfiando de todas las denuncias.
En entornos altamente polarizados, incluso los escándalos pueden beneficiar a los dirigentes implicados. Les ofrecen visibilidad y una oportunidad para presentarse como víctimas de persecuciones impulsadas por poderes ocultos o por el establishment.
Rottinghaus cita el caso del fiscal general de Texas, Ken Paxton, que utilizó las acusaciones en su contra para reforzar la idea de que era blanco de una “caza de brujas”. Algo similar ocurrió con Pedro Sánchez, quien presentó las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, como una ofensiva impulsada por sectores conservadores. El líder socialista llegó incluso a describir a algunos medios de comunicación como “enemigos de la democracia”.
Los líderes populistas de derecha se han mostrado especialmente hábiles para explotar esta estrategia. La francesa Marine Le Pen, condenada por malversación e inhabilitada temporalmente para competir por cargos públicos, denunció una conspiración organizada por jueces y sectores del llamado Estado profundo. Aun así, varias encuestas indican que conserva opciones reales de llegar al poder.
En el Reino Unido, Nigel Farage también calificó las acusaciones sobre presuntas irregularidades financieras como un complot del establishment destinado a impedir su ascenso político. Según los sondeos, ese argumento ha encontrado eco entre muchos votantes.
La investigadora Tamar Hermann sostiene que, cuando una sociedad está profundamente dividida, los electores tienden a perdonar las faltas de determinados dirigentes para preservar la supremacía política de su propio bloque. Aunque puedan sentirse molestos por un escándalo, consideran más importante evitar que el poder quede en manos del adversario.
Israel constituye otro ejemplo. El primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta desde hace años un juicio por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu sostiene que las acusaciones tienen motivaciones políticas y que solo él puede garantizar la seguridad del país. Según diversos especialistas, la creciente polarización llevó a muchos votantes a concluir que los riesgos políticos de reemplazarlo son mayores que los derivados de las acusaciones en su contra.
Espiral descendente
Cuando los escándalos dejan de producir consecuencias, los efectos sobre la democracia pueden ser graves.
En circunstancias normales, funcionan como una herramienta esencial de control democrático. Pueden ayudar a corregir abusos, reforzar la supervisión institucional y restaurar la confianza pública. El caso Watergate, por ejemplo, impulsó reformas destinadas a limitar el poder presidencial y fortalecer los mecanismos de control del Congreso en Estados Unidos.
Pero cuando domina la lógica de la polarización, ese mecanismo deja de funcionar. Un estudio realizado en 28 países europeos concluyó que la responsabilidad democrática se debilita a medida que aumenta la polarización política.
Así, un sector interpreta cada nueva denuncia como la confirmación de que sus adversarios son corruptos por naturaleza, mientras que el otro la minimiza como un episodio irrelevante o una maniobra política. El resultado es que las conductas indebidas quedan cada vez más impunes.
Permitir que quienes cometen irregularidades mantengan el poder favorece nuevas transgresiones, erosiona aún más la confianza ciudadana y profundiza la polarización. A medida que los medios partidarios destacan los escándalos del bando contrario e ignoran los propios, el círculo se retroalimenta.
Y cuanto más se agranda esa grieta, más difícil resulta imponer consecuencias por nuevos abusos. Es una dinámica devastadora para las instituciones democráticas. Con cada vuelta de la rueda, el sistema se vuelve un poco más débil.
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