La ley de 1798 con la que Estados Unidos encerró a miles de japoneses en campos de concentración y que Trump quiere revivir para su plan de deportaciones masivas

La operación de deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos. Eso es lo que prometió Donald Trump durante su campaña y en el discurso de inauguración de su segundo mandato.

Quedó claro que sus duras políticas migratorias no solo están dirigidas contra los migrantes que llegan a la frontera sur, a veces en caravanas, sino también contra los inmigrantes sin estatus migratorio legal que ya viven en suelo estadounidense.

Y para ayudar a que su expulsión de Estados Unidos sea amplia, su administración puso los ojos en una ley del siglo XVIII creada en tiempos de guerra: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act).

“Nuestro gobierno no protege a nuestros ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero sí brinda refugio y protección a criminales peligrosos que ingresaron ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo”, dijo Trump en su discurso inaugural.

“Se detendrá toda entrada irregular a Estados Unidos Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país”, añadió al tiempo que mencionaba la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Esta norma de 227 años de antigüedad otorga a los presidentes la autoridad para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que su nación está en guerra. Es decir, naciones con las que Estados Unidos mantenga hostilidades reales.

La ley es conocida por su papel en el encarcelamiento de alemanes, italianos y japoneses que vivían en Estados Unidos. Más de 30.000 de estos ciudadanos extranjeros pasaron la guerra presos en campos de internamiento, porque el gobierno los consideraba potencialmente peligrosos.

Pero aunque Trump lleve meses planeando con sus asesores como cumplir con sus promesa de llevar a cabo esta ofensiva sin precedentes contra la inmigración legal e ilegal, de momento no invocó la norma formalmente, por más que la nombre en discursos y entrevistas.

Consecuencias

Si decide a utilizarla en lugar de la ley de inmigración existente, “la Alien Enemies Act daría al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad”, le explica a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón.

El vicepresidente JD Vance declaró que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.

“La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración”, dice Tichenor.

Al eliminar el proceso legal y las apelaciones a las que pueden acudir los inmigrantes, se reducirían los tiempos y permitiría deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump.

“Esta ley permite al presidente discriminar a los inmigrantes en función de su país de ciudadanía o de su lugar de nacimiento, es decir, de su ascendencia. Y, como reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos, la discriminación basada en la ascendencia implica las mismas graves preocupaciones que la discriminación basada en la raza”, recuerda Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.

La abogada cree que los venezolanos en Estados Unidos podrían ser el grupo más vulnerable.

“Hay algunos indicios de que podría usarla para ordenar la detención y deportación de todos los venezolanos mayores de 14 años, incluidos los residentes permanentes, que no sean ciudadanos estadounidenses”, asegura la investigadora.

Venezolanos, salvadoreños y mexicanos

Pero Yon Ebright admite que es más probable que Trump apunte a los venezolanos “considerados peligrosos” o “considerados miembros del Tren de Aragua”, una sangrienta banda de Venezuela que se expandió por América Latina y tiene presencia en Estados Unidos.

Como la Ley de Enemigos Extranjeros no necesita pruebas que determinen si se pertenece o no a la pandilla, “cualquier venezolano podría ser considerado una amenaza y ser objeto de persecución, incluso si no hay una base real para esa acusación”, añade la investigadora.

Según las estimaciones más recientes del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, hay aproximadamente unos 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos.

Solamente México ya representa más de la mitad de esa cifra, mientras que Centroamérica supone el 15%. Los expertos creen que esto coloca a esas poblaciones en el punto de mira de la ley.

“Trump planea decir que Estados Unidos está en guerra con los cárteles de la droga que controlan ciertos países latinoamericanos como pretexto para invocar la ley. Tal intento seguramente será juzgado por los tribunales federales”, estima el profesor Tichenor.

Y es que tanto el texto como la historia de la Ley de Enemigos Extranjeros presentan enormes obstáculos legales para la administración Trump.

En primer lugar porque Estados Unidos no está en una guerra abierta y en segundo todo apunta a que será difícil para el equipo de Trump demostrar que la inmigración es una “invasión” extranjera hostil.

Detrás de su argumento yace la idea de Trump -repetida en innumerables discursos- de que hay gobiernos extranjeros que envían intencionalmente legiones de inmigrantes indocumentados no deseados y violentos a Estados Unidos.

En varias ocasiones, el presidente citó expresamente a México y a Venezuela. Por eso los analistas creen que existe el riesgo de que la administración republicana etiquete a algunos países latinoamericanos como narcoestados rebeldes en guerra con Estados Unidos.

“La ley de 1798 es clara en que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse”.

“Sin embargo, el Congreso no declaró la guerra a ningún país en más de 80 años, ni ningún otro gobierno lanzó una invasión contra territorio estadounidense”, recuerda Tichenor.

Los presidentes que invocaron la ley en el pasado lo hicieron durante conflictos bélicos, como James Madison en la Guerra de 1812 o Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial y Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para internar a 31.000 extranjeros de ascendencia japonesa, alemana e italiana.

“Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz. Si Trump sigue adelante de todos modos, seguramente se enfrentará a impugnaciones legales por los afectados, los grupos de defensa y por los estados”, afirma Yon Ebright.

Criminalización de los inmigrantes

“La pregunta que van a tener que resolver los tribunales es si la ‘invasión’ que contempla la ley de 1798 es una invasión tradicional, al estilo militar, de cuerpos armados, o si su interpretación puede abarcar a las personas que vienen a Estados Unidos buscando trabajo o huyendo de persecuciones”, plantea el académico César Cuauhtémoc García Hernández, especialista en estudios migratorios y catedrático de Derechos y Libertades Civiles en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio.

“Lo que vemos hoy es que Trump equipara a los inmigrantes que llegan de Honduras huyendo de la pobreza o de Venezuela huyendo del régimen político de Maduro, con un soldado alemán capturado después de una batalla de la Segunda Guerra Mundial”.

“El miedo a los inmigrantes aumentó durante las recientes décadas. Es casi imposible oír a políticos hablar de inmigración sin ligarla al crimen”, añade.

“Hace un siglo se hablaba de los inmigrantes como una fuerza laboral que fortalecía la economía de un país, ahora vivimos tiempos se trata a los inmigrantes como criminales. Y esa retórica, se habló bajo la influencia de Donald Trump en el Partido Republicano y, obviamente, en la oficina presidencial”, explica el profesor.

Otra parte del problema, apunta, es que vivir en Estados Unidos sin documentación no es un delito penal de ningún tipo. Es una violación de la ley civil administrativa del gobierno federal, pero no es un delito penal.

Título 42

No es la primera vez que Trump desentierra una antigua ley para deportar migrantes.

Durante la pandemia, su primera administración alegó riesgos para la salud pública como justificación para cerrar las fronteras del país y deportar rápidamente a los migrantes que intentaban cruzar al ilegalmente.

Lo hizo sacando a relucir el Título 42, una antigua ley de salud pública que permitió bloquear el paso de los migrantes antes de que pudieran poner un pie en el país e incluso se limitó la oportunidad de solicitar asilo.

“El sueño americano pronto volverá”, dijo Trump en el discurso inaugural. Pero seguramente para muchos en América Latina ese sueño se vuelve ahora más lejano. Es probable que la última palabra la tenga la Corte Suprema.

Cristina J. Orgaz

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