La OEA sostiene que el opositor Oswaldo Payá fue asesinado por el régimen cubano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a la conclusión de que hay “indicios serios de que agente estatales” cubanos tuvieron participación en la muerte de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero, sucedida hace más de una década, en 2012. El dictamen fue dado a conocer ayer por esa comisión de la OEA.

Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, era uno de los disidentes más reconocidos a nivel mundial cuando murió en un accidente. Había sido el organizador en 1998 del Proyecto Varela, que reclamaba mayores libertades políticas y buscaba cambiar la legislación en la isla. Para ello, juntó más de 10.000 firmas –la cifra señalada por la Constitución cubana para lograr un reférendum-, pero el régimen desconoció en 2002 el pedido. Más tarde, el castrismo cambió la Constitución para evitar esa clase de consultas. Payá convocó, con otros activistas, el Diálogo Nacional.

La CIDH recomendó ahora a Cuba la adopción de “medidas de compensación económica y satisfacción” para las víctimas de las violaciones de derechos humanos de este caso, que son las familias de Payá y Cepero, y, también, Ángel Carromero, un dirigente del Partido Popular (PP) español que conducía el auto en que viajaban los dos disidentes y que, tras perder el control, se estrelló contra un árbol. La colisión ocurrió cerca de Bayamo, en el este de la isla.

Carromero -que sobrevivió al choque- y un testigo ocular coinciden en que “no fue un accidente vehicular sino que otro auto estuvo involucrado en el choque”. La CIDH identificó “múltiples irregularidades y omisiones en la investigación seguida” por las autoridades cubanas y certificó las amenazas sufridas por el dirigente español para que confesase que era el único responsable del accidente. Carromero fue culpado en aquel momento por el gobierno cubano y condenado luego por homicidio.

El dictamen también recoge como Payá había sufrido previamente otro atentado “cuando un auto colisionó contra el suyo”. Se trataba de “un agente estatal en un auto oficial”. Además, la CIDH ha recabado “múltiples hechos de violencia, hostigamiento y amenazas”.

LA NACION

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