La tensión en la frontera norte de Chile pone en jaque la política migratoria de Piñera

SANTIAGO, Chile.– Ya no hay cenizas ni restos de las pertenencias de las familias venezolanas que sufrieron la barbarie. Hace menos de una semana, y en un hecho que conmocionó a Chile, un grupo de manifestantes antiinmigrantes quemó los pocos enseres que mantenían decenas de personas sin techo que acampaban en un parque de la ciudad de Iquique (norte). Padres y madres con hijos menores que cruzaron la frontera por distintos pasos ilegales sufrieron las consecuencias del ataque.

“Recién llegamos y ya nos sucedió esto. Estamos muy tristes y sorprendidos. Solo queremos trabajar y poder tener una vida más digna, pero fue algo muy duro”, contó vía telefónica Yulibeth Guevara, una de las migrantes venezolanas que sufrió la agresión en el sector de la plaza Brasil, el mismo que hoy luce cercado e intervenido por maquinaria pesada como parte de un plan de “recuperación del espacio público” que impulsó el propio municipio.

“Si no es ahí, será en otro lugar, pero a Venezuela no queremos regresar”, añadió Mónica Guerra, que se desplazó al norte de Chile acompañada de su pareja y de su hijo de 3 años, sobreponiéndose a largas caminatas a más de 3600 metros de altura y un constante halo de precariedad. Su deseo es ser pronto trasladada a uno de los albergues que las autoridades chilenas se comprometieron a habilitar en los próximos días. “Te dan ganas de llorar. Tenemos niños y familias completas, gente con problemas de salud, y aquí no nos quieren. La humillación que sufrimos el sábado [de la semana pasada] es algo difícil de superar”, resaltó.

Gabriel Moreno, otro de los venezolanos expatriados, no olvida el incidente. “No había ninguna necesidad de quemar nada, pero solo fue un grupo pequeño. La mayoría de los chilenos nos han apoyado. De hecho, nos alimentamos con lo que nos dan los vecinos y dormimos en cartones, pero como en el desierto hace mucho frío en la noche, necesitamos un techo”.

Además de los refugios que se instalarán en las localidades fronterizas de Colchane y Huara, el gobierno chileno informó que la ciudad de Iquique contará con un hospedaje dotado de elementos de primera necesidad. Un cambio rotundo de estrategia para una zona que hace un par de días fue el epicentro de violentas protestas contra la migración irregular, y cuyo ataque a los ciudadanos venezolanos fue censurado por organismos internacionales como la ONU y Unicef.

“Es una inadmisible humillación”, la calificó Felipe González, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de las Naciones Unidas.

Sin embargo, las críticas también apuntaron a las propias autoridades locales luego del incidente del sábado pasado. Aquello reavivó el debate sobre el tema migratorio y expuso el desborde que actualmente atraviesa el país: en los últimos tres años y medio, Chile ha recibido más de un millón de extranjeros, el equivalente a casi el 8% de su población.

En el caso de la inmigración venezolana, puntualmente, el aumento ha sido exponencial: de contar con 8000 personas en 2012, la cifra se incrementó más de medio millón en 2020.

Además, y según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, los ciudadanos venezolanos conforman el grupo más numeroso de extranjeros en Chile, con un 30,5%, seguido de los peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%), lo que al mismo tiempo ha granjeado la oposición de sectores de derecha.

De hecho, fue el propio presidente Sebastián Piñera quien promulgó en abril una nueva ley de migración más estricta que obliga a los extranjeros a obtener visados en sus países de origen y permite las deportaciones.

“Esto se da porque no solo hay características xenófobas, sino que también se manifiesta un término que califico como pigmento-fobia, es decir, esta aversión al color de piel, y que no está 100% relacionado con la pobreza”, dijo a LA NACION Máximo Quitral, historiador y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

En los últimos días, las autoridades regionales ya anunciaron el refuerzo de las medidas de control fronterizo. Algunos expatriados se han movilizado más al sur del país, mientras otros aún deambulan por las calles, plazas y playas del norte chileno.

“En las regiones donde hubo reacciones xenófobas y racistas, el Estado no logró entregar medidas de respuesta y apoyo a los grupos migrantes que llegaron a las comunidades. Eso dejó a las autoridades locales y a la ciudadanía a cargo de la gestión de una crisis que los supera”, comentó Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga.

Según datos oficiales, entre enero y julio de este año se registraron más de 23.600 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40% más que en todo 2020, cifras que se amplificaron con la pandemia y dejaron en entredicho la política del país frente a la inmigración, representada en la ausencia de medidas concretas y una respuesta coordinada para abordarla.

“No es que en Chile exista una aversión al extranjero en sí mismo, sino que más bien es una aversión al extranjero que es distinto y, especialmente, al que es pobre. Siempre existió este miedo a la pobreza”, dijo Adriana Palomera, coordinadora del centro de estudios migratorios e historiadora de la Universidad de Santiago.

“Y, por otro lado, también hay una corriente que responde a intereses políticos y un discurso populista, que mira al extranjero como una amenaza laboral y genera réditos electorales”, añadió la académica.

Este sábado, una marcha convocada en contra de la inmigración terminó con violentos incidentes cuando grupos denominados antifascistas intentaron impedir el acto, lo que dejó por lo menos dos personas heridas en el centro de Santiago.

En Iquique, escenario de fuertes choques de la población contra los extranjeros que se vivió el fin de semana pasado, también se realizaron dos marchas, una a favor de la migración y otra en contra.

La tensión en la frontera norte del país también ha generado roces entre los países implicados. El delegado presidencial regional de Tarapacá (Chile), Miguel Ángel Quezada, acusó a Bolivia de “no hacer ningún esfuerzo” para frenar el avance de los migrantes por su territorio.