La trama judicial complica al presidente, pero también a sus verdugos
La trama en Brasilia se está complicando. Y no sólo para Michel Temer, sino también para sus verdugos, los hermanos Joesley y Wesley Batista, controladores de JBS, una de las mayores industrias alimentarias del mundo.
Las grabaciones ya conocidas serían pruebas menores frente a la documentación reunida por la policía y por los fiscales en las últimas cinco semanas, desde que los hermanos Batista comenzaron a confesar crímenes y complicidades en el PMBD, el PT y el PSDB, entre otros partidos. Hay mucho más, y será divulgado en breve.
Temer se convirtió en un personaje único en la historia brasileña: es el primer presidente en ejercicio de su cargo que enfrenta una investigación por corrupción, asociación delictiva y obstrucción de la justicia. Temer busca un vericueto jurídico que le permita ganar tiempo para intentar recomponer su base política, en proceso de rápida desintegración.
El viernes por la noche, le solicitó al Supremo que bloquee la investigación. Alegó ilegalidad de las pruebas, en especial de la grabación que lo incrimina, realizada en acuerdo por el millonario Joesley Batista el 7 de marzo último, en una conversación en el sótano de la residencia de Jaburu. El juez Luís Roberto Barroso se negó.
Ayer Temer retomó la ofensiva. Le solicitó al juez Edson Fachin la suspensión de la indagatoria para la realización de peritajes. Apuntó alto, porque un nuevo rechazo del Supremo Tribunal Federal sería interpretado casi como una sentencia. En un discurso, el presidente descartó de plano su renuncia. Lo hizo por segunda vez en el lapso de 72 horas. "Mi gobierno tiene rumbo", dijo.
En la vida real, Temer es un gobernante sin aliento, que busca respaldo para sobrevivir en el Palacio del Planalto. En política, todo es posible, incluso la recuperación de un gobierno que está en el piso. Pero esa chance es remota, como admiten hasta en el principal aval del presidente, el PSDB. Bajo directivas del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, el PSDB planea decidir su propio destino durante esta semana. Si abandonara a Temer, el gobierno podría caer en cuestión de horas. En caso de que se mantuviera encolumnado detrás del presidente investigado, pondría en juego su propia supervivencia.
Incierto es también el futuro de los hermanos Batista y del grupo JBS. Hasta la noche del viernes, gozaban de una situación bastante privilegiada en relación con otros empresarios y compañías privadas investigadas en la operación Lava Jato.
La situación ahora cambió porque supuestamente, como denunció el sábado Temer, habrían cometido "el crimen perfecto", un crimen contra la patria, ya que desataron una grave crisis política en beneficio propio, usufructuando de una inmunidad judicial definida en el preacuerdo de delación premiado que firmaron el 7 de abril por la tarde.
La dupla de megamillonarios se negó a aceptar un acuerdo de indulgencia que preveía una multa de 11.100 millones de reales, valor un tercio superior al del acordado por Odebrecht con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza. Los hermanos Batista prefirieron dejar al grupo JBS, del que controlan un 44 por ciento, expuesto al riesgo de sanciones financiera aún mayores.
Al mismo tiempo, han surgido investigaciones sobre una sospechosa multiplicación de su fortuna, manipulando una crisis política que ellos mismos detonaron, con confesiones de sobornos pluripartidarios que involucran a 1829 políticos, incluido el presidente de la república.
Esa percepción extendida forzó a la Comisión de Valores Mobiliarios a ponerse a trabajar, en tanto los fiscales pasaron a analizar una revisión del acuerdo de delación premiada, ya que contiene cláusulas de rescisión. Una de ellas prevé su nulidad si se comprueba que los firmantes "mintieron u omitieron, total o parcialmente, hechos ilícitos realizados por ellos, o de los cuales participaron o tuvieron conocimiento".
Traducción de Jaime Arrambide
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