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Los Castro, divididos por la reforma migratoria
Es el cambio más esperado por los cubanos; Fidel se opone
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Guardado bajo siete llaves en un cajón del Palacio de la Revolución, el proyecto de ley de la esperada reforma migratoria cubana duerme el sueño de los justos por las diferencias que genera en el núcleo duro del régimen. Aunque, en sus últimas intervenciones, el presidente Raúl Castro dijo que la reforma está en la mente del gobierno, el borrador del proyecto de ley, elaborado por dos prominentes juristas, choca con la reticencia del sector más ortodoxo, encabezado por el líder histórico de la revolución: Fidel Castro.
"Hay un conflicto en la jerarquía, al máximo nivel, sobre el alcance de los cambios migratorios y ésa es la razón por la que se frenó su aprobación", señalaron a LA NACION fuentes conocedoras del proceso de reformas en Cuba. En esa disputa interna hasta ahora habría primado la posición de la vieja guardia, recelosa de dar un paso que, desde su perspectiva, pondría en peligro la seguridad interna del país.
Hace ya más de medio siglo que los cubanos sólo pueden viajar al extranjero con una carta de invitación y un permiso de salida que sólo algunos privilegiados obtienen tras un proceso burocrático y caro (unos 400 dólares). Según datos oficiales, más de 30.000 personas emigran cada año de la isla de forma legal (20.000 de ellas, a Estados Unidos), a las que hay que sumar un número indeterminado de balseros que se lanzan al mar para llegar a Florida.
Encuadrados en el sector duro, junto con Fidel Castro, estarían, entre otros, los también octogenarios José Ramón Machado Ventura, "número dos" del régimen, y Ramiro Valdés, "número tres". Por su parte, Raúl, que en sus intervenciones públicas se posicionó a favor de la reforma, contaría con la confianza de los generales de las fuerzas armadas a los que incorporó a su gobierno paulatinamente, con el ministro de Defensa, Leopoldo Cintra Frías, a la cabeza.
Las dos cuestiones de fondo en el debate entre ortodoxos y aperturistas son la seguridad interna y la fuga de cerebros. Los primeros aducen que una ley demasiado flexible, con la eliminación de la "carta blanca" y otras restricciones, como sugiere el proyecto de ley, pondría en peligro el control fronterizo del país.
En cuanto a la salida de profesionales, una de las soluciones que barajan los aperturistas es exigirles dos años de servicios gratuitos al Estado antes de abandonar la isla, para compensar la inversión en su educación. "Unos y otros tratan de llegar a un consenso, una solución intermedia que permita aprobar la ley, y que probablemente será una versión más restrictiva que el proyecto de ley original", explicaron las mismas fuentes. La reforma también incluiría una flexibilización de las limitaciones a los cubanos que viven en el extranjero y deseen regresar a Cuba.
Desde que Raúl Castro asumió el poder, en 2008, y mostró su disposición a emprender reformas económicas, las especulaciones sobre la derogación de las prohibiciones para viajar no han cesado. La semana pasada, en la clausura del pleno de la Asamblea Nacional, el mandatario cubano se refirió otra vez al asunto. No dijo nada nuevo, pero el hecho de que hiciera una mención a la ley en un discurso de apenas media hora es significativo: "En las dos últimas intervenciones ante este Parlamento abordé la actualización de la política migratoria, cuestión que no ha sido relegada en lo más mínimo; por el contrario, hemos continuado profundizando para su gradual flexibilización, teniendo en cuenta los efectos asociados y el escenario internacional".
Como bien recordaba Castro, la cuestión migratoria ya estuvo presente en el Parlamento hace un año y en la sesión de diciembre pasado, que estuvo precedida de fuertes rumores sobre una inminente aprobación de la reforma más esperada por los cubanos. Desde medios digitales oficialistas se dio por hecho que el momento había llegado, pero Raúl enfrió las expectativas con la misma tonada: "Reafirmo la invariable voluntad de introducir, paulatinamente, los cambios requeridos en esta temática…".
Recientemente, el presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, se refirió varias veces a una pronta liberalización de los viajes al exterior: "Vamos a proceder a una reforma radical en los próximos meses con el fin de eliminar este tipo de restricción; la cuestión se está debatiendo al más alto nivel del Estado", dijo Alarcón a un medio digital, en abril.
Pero el debate se abrió mucho antes en el régimen. En 2008, el entonces canciller, Felipe Pérez Roque, reconoció que la política migratoria sería reconsiderada gradualmente. Un año después, Pérez Roque y Carlos Lage (vicepresidente) serían defenestrados por "deslealtad". Algunas fuentes señalaron en su momento que la caída de las dos figuras más aperturistas del régimen se debió, entre otras razones, a que preparaban en secreto un proyecto de ley sobre la política migratoria.
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