Los indígenas ecuatorianos encabezan una protesta contra el gobierno pese al estado de excepción

QUITO.- El poderoso movimiento indígena de Ecuador, que participó en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005, cortó este martes las rutas en varias provincias en protesta contra la política económica del gobierno, y en desafío al estado de excepción que rige por la violencia del narcotráfico.

La medida de fuerza se produce tan solo cinco meses después de la asunción del presidente conservador Guillermo Lasso, quien se encuentra sin aliados claros, y en medio de las revelaciones de los Pandora Papers que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

Los cierres de rutas afectan a cinco de las 24 provincias, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito, de acuerdo con el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que junto a otros sectores convocó a la protesta que incluye una marcha en Quito, informó la detención de nueve manifestantes.

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) difundió un video en su cuenta en Twitter con imágenes de un bloqueo con árboles talados al norte de Quito.

En la capital ecuatoriana, la policía acordonó la sede presidencial ante el llamado de los grupos de protesta a manifestarse en rechazo a medidas económicas del gobierno conservador, que se instaló en mayo.

Los indígenas, que representan un 7,4% de la población, se movilizaron desde temprano a pesar del estado de emergencia que rige en el país desde el 19 de octubre, decretado para reforzar el combate a las mafias del narco, aunque no restringe derechos como los de reunión y protesta.

“La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias y hogares ecuatorianos. Dile #NoAlParo, por la reactivación y la prosperidad del país entero”, tuiteó Lasso.

Agitación social

La agitación social volvió a un Ecuador sacudido por el repunte de homicidios y masacres carcelarias, que este año dejan más de 2000 muertos en el país, lastrado además por la depresión económica que trajo la pandemia.

La Conaie, que en 2019 también encabezó violentas manifestaciones contra la eliminación de subsidios a combustibles que dejaron 11 muertos, rechaza las alzas mensuales aplicadas desde 2020.

Lasso decretó un nuevo precio del diésel que trepó a 1,90 dólares el galón, casi el doble del dólar que costaba hace más de un año, y fijó el de nafta común a 2,55 dólares. Si bien anunció un congelamiento indefinido de esas tarifas, no bastó para calmar el descontento.

“Esta convocatoria la hemos hecho para rechazar todo lo que está imponiendo el gobierno nacional”, dijo Julio César Pilalumbo, un líder de la localidad andina de Zumbahua, de mayoría indígena. “Vamos a resistir y no vamos a declinar ante ninguna represión”, añadió.

“No tenemos de dónde pagar, no hay trabajo para los jóvenes que se prepararon”, dijo por su parte Fabiola Gualotuña, una profesora que vive en Zumbahua y debe viajar a una comunidad vecina para dar clases.

Lasso ya está negociando un posible plan de compensación con el sector del transporte terrestre y dijo que se mantiene abierto al diálogo con otros grupos.

Si Lasso “se retrae a una posición de neoliberalismo clásico la consecuencia va a ser lastimosamente un nuevo estallido social”, dijo la politóloga Karen Garzón Sherdek, de la privada Universidad Sek.

Agencias AFP y Reuters