Los mapas que muestran las disputas territoriales en países de América Latina
Algunos casos fueron llevados antes La Haya, mientras que otros involucran a otros organismos internacionales o permanecen como tensiones bilaterales
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BBC Mundo
En América Latina hay varias disputas territoriales entre algunos países del continente o con países como Reino Unido y Estados Unidos.
Muchos desacuerdos se remontan a cuando se delimitaron las fronteras tras los procesos de independencia y no se cerraron debido a la importancia estratégica de las zonas en reclamo.
Cinco casos fueron llevados ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya (CIJ), de los cuales cuatro siguen pendientes de fallo.
Algunas disputas nunca se presentaron ante la corte, pero involucran a organismos internacionales y, en otros casos, sigue habiendo tensiones diplomáticas a pesar de que el caso se resolvió con un fallo de La Haya.
Estas últimas suelen reavivarse en épocas de campaña electoral o durante ciertas conmemoraciones, como es el caso de la disputa del Golfo de Fonseca entre El Salvador, Honduras y Nicaragua.
La región también tiene al menos tres disputas latentes, es decir, que siguen sin resolverse pero que hace tiempo que no son un tema de discusión entre los involucrados, como es el caso entre Uruguay y Brasil por dos puntos en su frontera.
A través de distintos mapas te enseñamos qué territorios están disputados y cuál es la situación en cada caso:
Casos que están pendientes en la Corte Internacional de Justicia de La Haya
Guyana vs. Venezuela por El Esequibo
La región conocida como El Esequibo o Guayana Esequiba tiene 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales, y equivale a dos tercios del territorio de Guyana.
Esa zona ha sido el epicentro de una disputa que enfrenta a Guyana y a Venezuela desde hace 180 años, y en la cual Venezuela incluso contó con el apoyo de Estados Unidos.
El Esequibo fue controlado por el imperio español, el holandés y más tarde el británico, que en 1897 se comprometió con Venezuela, que reclamaba el territorio, a resolver la disputa en tribunales internacionales.
En 1899, la zona fue adjudicada al Imperio británico por medio de un laudo arbitral en una corte en París.
Pero en 1962, Venezuela presentó ante Naciones Unidas una demanda alegando que el laudo fue resuelto de manera fraudulenta, ya que supuestamente hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que determinó el fallo.
Mientras tanto, Guyana obtuvo su independencia en 1966.
Ese año, y tras la denuncia venezolana, se firmó el Acuerdo de Ginebra, según el cual la zona es controlada por Guyana aunque su soberanía es disputada por Venezuela.
El acuerdo, que era de carácter transitorio, estableció un plazo de 4 años para solucionar el diferendo. Pero sus pautas siguen vigentes.
La zona del Esequibo figura frecuentemente en los mapas venezolanos con un rayado denominado “Zona en Reclamación”.
La disputa ha tenido altos y bajos en las últimas décadas.
Pero los múltiples hallazgos de vastos yacimientos petroleros en Guyana en los últimos cinco años han hecho que las tensiones aumenten.
El país empezó a explotarlos, incluso construyó plataformas en alta mar cerca de la región reclamada por Venezuela.
Guyana introdujo en 2018 una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para que se resuelva el conflicto territorial, pero Venezuela ha negado desde entonces la legitimidad de esa institución para resolver la disputa.
En diciembre de 2020, la CIJ se declaró competente en el asunto; pero Venezuela no lo acepta.
En marzo de 2021, La Haya declaró que Guyana tendría un año, hasta marzo de 2022, para presentar sus documentos sobre el caso, y Venezuela un año más a partir de entonces.
Disputa de frontera entre Belice y Guatemala
El conflicto fronterizo entre Guatemala y Belice dura más de 160 años.
Comenzó en la época de la Colonia, cuando España entregó a la Corona británica concesiones para extraer madera en una parte del actual Belice y evitar a cambio el asedio de los piratas ingleses a sus embarcaciones.
Hoy, Guatemala reclama esta zona del sur de Belice, desde el río Sibun hasta el río Sarstún, que tiene más de 11.000 kilómetros cuadrados e incluye islas, cayos, islotes y superficie marítima en el golfo de Honduras.
Pero el área en disputa equivale a casi la mitad del territorio de Belice.
Desde 1991 se estableció la llamada “zona de adyacencia”, una línea imaginaria que separa el territorio de cada uno.
Sin embargo, el hecho que no haya una definición clara de frontera ha favorecido la violencia y el tráfico de drogas y mercancías.
Después de varios intentos de negociación, los dos países consultaron a sus poblaciones y en 2019 llevaron la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que deberá establecer una frontera real entre ambos países.
Si la CIJ favorece a Guatemala, el país duplicaría su acceso al océano Atlántico, donde está la segunda reserva coralina más grande del mundo después de Australia.
Y si la sentencia fuera en sentido contrario, Belice podría conservar las zonas turísticas que reciben un promedio de dos millones de visitantes al año.
El 8 diciembre de 2020, Guatemala presentó su demanda a La Haya. El plazo había sido extendido por seis meses a causa del impacto de la covid-19. Belice, por su parte, tiene hasta el 8 de junio de 2022 para presentar su respuesta.
Colombia vs. Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Este archipiélago está a 110 kilómetros de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros de la costa colombiana.
Nicaragua y Colombia llevan décadas disputándose en instancias internacionales la soberanía de este archipiélago en el que viven alrededor de 100.000 habitantes, además de playas de arena blanca, mar cristalino, frondosas montañas, cayos e islotes de postal y reservas de petróleo y gas.
Hace dos siglos, la Corona española le dio el control de las islas a Colombia, y a Nicaragua la de Costa Mosquitos.
En 2001 Nicaragua puso un reclamo ante la CIJ, pero esta ratificó en 2012 la posesión colombiana del archipiélago. Pero esa misma resolución dio la exclusividad económica a Nicaragua de una parte importante del espacio marítimo que antes pertenecía a Colombia.
Colombia afirmó que no se podría aplicar el fallo de La Haya hasta que se suscribiera un tratado con Nicaragua, y decidió delimitar la “zona contigua integral”, que concibe las aguas del archipiélago como un todo.
Esto generó dos nuevas demandas de Managua a la Haya: argumenta que Colombia no está respetando el fallo de 2012 y pide que se extienda su plataforma continental más allá de las 200 millas.
Ambas causas siguen pendientes.
Bogotá, por su parte, argumenta que con su exploración por petróleo, Nicaragua está perjudicando la biodiversidad de la zona, y por eso viola los derechos de pesca artesanal y de subsistencia del pueblo autóctono.
La corte empezará a deliberar sobre el tema, pero no tiene fecha definida para anunciar su decisión.
Chile vs. Bolivia por el río Silala
El conflicto entre los países vecinos por el derecho a las aguas del río o manantial de Silala se reanudó a finales de los años 90 y llegó a La Haya en 2016.
El Silala se origina en el departamento de Potosí, en el sureste de Bolivia, a cuatro kilómetros de la frontera con Chile.
Bolivia afirma que es un manantial cuyas aguas fluyen a Chile en parte por canales artificiales construidos en 1908, y que Chile está haciendo un “uso ilegal y abusivo” de estas aguas “sin pagar por ello”.
Chile asegura que se trata de un río internacional, que nace en Bolivia, cruza la frontera hacia Chile y desemboca en el Río San Pedro de Inacaliri, en la cuenca hidrográfica del Pacífico.
Sus aguas, sostiene, pertenecen a ambos países.
En 2016, Evo Morales anunció que su gobierno presentaría una demanda a la CIJ para que Chile “reconociera una deuda millonaria” por el uso de las aguas del Silala, tras un permiso dado por Bolivia en 1908 a una empresa de ferrocarriles de Chile, que fue revocado en 1997.
Sin embargo, Chile se adelantó y llevó el tema a La Haya ese mismo año, pidiendo que la corte reconociera el río como internacional y que el reparto de sus aguas se hiciera “de forma equitativa y razonable”.
La Paz contestó en agosto del 2018, argumentando que el río fue canalizado hasta la frontera con Chile por la empresa de ferrocarriles, pero admitió que parte de las aguas fluye naturalmente al país vecino por la pendiente del terreno.
El caso sigue parado en La Haya desde 2019, sin fecha para una decisión. Pero en mayo de 2021, los dos países acordaron normalizar las relaciones bilaterales, pese a la disputa.
Casos resueltos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya pero disputados por los países
Honduras y Nicaragua vs. El Salvador por el Golfo de Fonseca
El golfo de Fonseca, con solo 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido históricamente un escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Hasta los años 90 no había delimitación clara de las aguas, un tema que llegó a la CIJ en una disputa entre El Salvador y Honduras.
Para Honduras el golfo es su única salida a ese océano, a diferencia de Nicaragua y El Salvador, que cuentan con 352 y 307 kilómetros de costa sobre el Pacífico, respectivamente.
En una resolución en 1992, la CIJ determinó que El Salvador y Honduras tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, y que el golfo sería administrado por los tres países que lo comparten.
Pero la disputa no terminó ahí.
En el centro del golfo de Fonseca queda la Isla Conejo, de menos de 1 km², ocupada por el ejército hondureño en los años 80, mientras El Salvador estaba en guerra civil.
Las autoridades salvadoreñas dicen que la ocupación fue ilegal y que el islote pertenece a su país. Honduras argumenta que la franja delimitada por La Haya le da derecho a la isla.
Isla Conejo no fue mencionada en el fallo de La Haya en 1992, que establecía la soberanía sobre otros islotes.
Aunque en 2003 la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar su resolución, este caso sigue siendo objeto de declaraciones de los mandatarios de ambos países.
Meses antes de las elecciones generales, que se celebraron el pasado 28 de noviembre, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández hizo un comunicado en su Twitter reafirmando la soberanía del país sobre la Isla Conejo, al cual el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contestó con un meme.
Nicaragua, por su parte, firmó con Honduras el pasado mes de octubre un acuerdo ratificando la decisión de La Haya sobre los límites marítimos de los dos países en el golfo.
Casos que no se presentaron ante la CIJ pero tienen a organismos internacionales involucrados
Argentina vs. Chile por el pasaje de Drake
El pasado 23 de agosto, el presidente chileno, Sebastián Piñera, aprobó por decreto una actualización de una carta náutica que extendía los límites marítimos de Chile en unos 30.000 kilómetros cuadrados.
Pero dentro de esta extensión se incluyó una zona de unos 5500 km² de plataforma submarina, en forma de medialuna, que Argentina considera propia: el pasaje de Drake.
La decisión de Piñera reanudó la disputa histórica de los vecinos en el Cono Sur, quienes casi fueron a la guerra por una región cercana en los años 70, y son los dos únicos países del continente americano que reclaman una parte de la Antártida.
En un comunicado, el gobierno argentino acusó a Chile de pretender “apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina”.
Argentina argumenta que ese área fue considerada suya por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas(CLPC).
En 2016, la CLPC aprobó los nuevos límites marítimos presentados por el país, que representaban una ampliación de unos 1,6 millones de km², incluyendo el área que ahora reclama Chile.
Pero Chile considera que la CLPC es un “órgano científico” que no tiene autoridad para determinar los límites legales de un país.
Andrés Allamand, ministro de Exteriores de Chile, respondió al comunicado argentino diciendo que “nadie se apropia de lo que le pertenece”, pero aseguró que la situación será resuelta a través del diálogo entre los países, según los tratados ya firmados.
Argentina vs. Reino Unido por las Malvinas y la Antártida
El pasado mes de noviembre, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad una declaración reafirmando la necesidad de que los gobiernos de la Argentina y de Reino Unido vuelvan a la mesa de negociaciones sobre la soberanía de las islas Malvinas, una disputa que empezó en 1833.
Desde entonces, estas islas del Atlántico sur, donde viven cerca de 3000 personas, son un territorio de ultramar británico. La Argentina sigue reclamando su soberanía.
En 1982 protagonizaron una guerra que dejó cientos de muertos y la cual terminó con la rendición argentina. Sin embargo, los gobiernos del país sudamericano nunca han dejado de afirmar que el territorio le pertenece a la Argentina.
Durante los ocho años de su gobierno (2007-2015), la expresidenta Cristina Kirchner reclamó de manera férrea la soberanía de las islas y trató de presionar a empresas británicas y estadounidenses para que no perforaran las aguas aledañas en busca de petróleo.
En 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, los dos países acordaron reanudar los vuelos desde aeropuertos argentinos a las islas Malvinas e iniciaron conversaciones sobre temas de comercio, seguridad, exploración de hidrocarburos y pesca.
Pero el presidente Alberto Fernández, que sucedió a Macri en diciembre de 2019, volvió a afirmar el pasado junio que Reino Unido debe “devolver la tierra que nos usurparon”.
Las tensiones más recientes entre estos dos países se deben a la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas en las Malvinas y tienen a la Antártida como “frente de batalla”.
Y es que la Argentina y Reino Unido son los únicos países que reclaman exactamente la misma porción de territorio del continente blanco.
Ahora, la construcción de esta obra ha sido vista por autoridades y analistas argentinos como una forma de Reino Unido de aumentar su influencia en la región y de reemplazar a la capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, como punto de ingreso a la Antártida.
Ni el gobierno de la islas ni Reino Unido respondieron a la petición de comentario de BBC Mundo sobre este nuevo episodio.
Casos latentes sin disputa diplomática
Brasil vs. Uruguay por el pueblo Thomas Albornoz y la Isla Brasilera
Hace casi 90 años que hay una disputa latente entre Uruguay y Brasil por dos pequeños trechos en su frontera.
Desde 1974, Uruguay representa en sus mapas oficiales el Rincón de Artigas y la Isla Brasilera como zonas disputadas. Brasil no reconoce el reclamo.
Sin embargo, desde finales de los años 80 ninguno de los dos países se pronuncia al respecto.
En 1934, Uruguay contestó por primera vez una parte del tratado de límites de 1851 entre los dos países, más específicamente una región que se llama Rincón de Artigas, de unos 220 kilómetros cuadrados.
El gobierno uruguayo de la época afirmó que el arroyo que marcaba la frontera era incorrecto y que esa zona pertenecía a su país.
Brasil le respondió que confiaba en la demarcación hecha en el siglo XIX y que le extrañaba que el vecino tardara tantos años en disputarla.
Hoy viven unas 40 familias en la zona, en el pueblo brasileño de Thomas Albornoz. Según el periódico Folha de S. Paulo, que lo visitó en 2019, sus habitantes reclaman la falta de asistencia del Estado brasileño y se benefician más de la infraestructura uruguaya, que está más cerca.
Cerca de 220 kilómetros al este del pueblo queda la Isla Brasilera, un islote desierto de 2 kilómetros cuadrados en el río Cuareim, también reclamado por Uruguay desde 1940.
El gobierno uruguayo afirma que la isla está localizada en el desagüe del río Uruguay y que su posesión no estaría determinada en los tratados de fronteras. Brasil, que puso su marca en el territorio en 1862 e instaló una familia ahí en los años 60, diverge de esa interpretación.
La isla hoy está desierta y recibe visitas intermitentes de estudiantes y científicos a través de una ONG que busca convertirla en un símbolo de integración entre los países.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil le dijo a BBC Mundo que “este tema no forma parte de la agenda bilateral con Uruguay”. Su homónimo uruguayo no respondió a la petición de comentario de BBC Mundo.
Haití vs. EE.UU. por la isla de Navaza
En 1859, el secretario de Estado estadounidense Lewis Cass aceptó el pedido de un capitán que reclamó la posesión de la pequeña isla caribeña de Navaza en nombre de Estados Unidos.
La ley de la época permitía que cualquier ciudadano del país se hiciera con una isla con la finalidad de extraer guano si es que no estaba bajo la jurisdicción de otro gobierno.
Navaza, sin embargo, ya tenía dueño, teóricamente.
En 1801, en plena revolución, Haití había reclamado la posesión de la pequeña isla en su nueva Constitución, pero el gobierno estadounidense no reconocía al gobierno haitiano (y no lo haría hasta 1862) e ignoró las protestas por la isla.
La Constitución actual de Haití sigue listando la isla de Navaza como parte de su territorio, pero la zona es considerada una reserva de biodiversidad caribeña y es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.
Ninguno de los dos países respondieron a la petición de comentarios de BBC Mundo.
Salida al mar: El caso de Bolivia vs. Chile
Hasta el principio del siglo XX, el territorio de Bolivia llegaba hasta el océano Pacífico. Pero el país perdió sus 400 kilómetros de costa en llamada “Guerra del Pacífico” (1879-1884) de Perú y Bolivia contra Chile.
La actual delimitación territorial fue fijada en un tratado firmado en 1904, en el que se afirma que la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de Bolivia no alcanza a tocar el mar.
El documento, sin embargo, le otorga a Bolivia a perpetuidad un amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio chileno y por los puertos del Pacífico.
Sin embargo, desde entonces la Constitución del país reivindica el “derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico y a su espacio marítimo”.
Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya en 2013 para que el tribunal obligase al país vecino a negociar la restitución de su acceso soberano al océano Pacífico.
A diferencia de otros conflictos limítrofes dirimidos ante La Haya, en este caso lo que se reclama no es un pedazo concreto de tierra o de mar, o una cantidad específica de kilómetros de costa. Por eso, no se puede decir que, en este momento, sea una disputa territorial.
En 2018, La Haya determinó que Chile no tenía la obligación de negociar el tema con Bolivia. La decisión es inapelable.
“Sin embargo, a pesar de este fallo, la CIJ invita a ambos gobiernos a buscar una forma de entablar un diálogo sobre este asunto”, dijo el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf.
A lo largo de los años, Bolivia ha hecho acuerdos con otros países vecinos para asegurar acceso al océano Pacífico y al Atlántico.
La aspiración boliviana era terminar con la “puerto-dependencia” de Chile, considerando que el 75% de su carga pasa por las instalaciones del país vecino.
El argumento de empresarios y autoridades bolivianas es que el desarrollo económico de su país se ha visto afectado por tener que utilizar los puertos chilenos de Arica, Antofagasta e Iquique.
Chile, por su parte, dice que no impone “gravámenes, aranceles o impuestos a la carga boliviana en tránsito desde o hacia Bolivia”.
Las negociaciones entre los dos países no han dado señales de avance desde el fallo de La Haya en 2018.
El pasado mes de marzo de 2021, el presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso abrir un nuevo diálogo con el vecino para tratar del tema, durante la conmemoración del Día del Mar.
Bolivia pretende buscar una solución a “una cuestión abierta y pendiente”, dijo Arce, según la agencia AFP.
Sin embargo, la cancillería chilena contestó a la declaración diciendo que “la insistencia boliviana en el acceso soberano al mar fue resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2018″.
En respuesta a BBC Mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano reafirmó que “Bolivia considera que esta controversia con Chile aún se encuentra pendiente de solución, y que las partes deben continuar con el diálogo diplomático a fin de encontrar una formula que permita a Bolivia recuperar un acceso soberano al mar”.
El ministerio chileno no contestó a preguntas sobre el tema hasta la fecha de publicación de este reportaje.
Por Camilla Costa y Cecilia Tombesi
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