Lula condenado, preso y liberado: cómo fue el proceso judicial en Brasil con el que se compara Cristina Kirchner por la acusación en la causa Vialidad

BRASILIA.- El pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión para Cristina Kirchner llevó a que la vicepresidenta denunciara un supuesto “lawfare” e intento de proscripción que, según sus dichos, es similar al proceso que enfrentó en Brasil el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La vicepresidenta dijo que por detrás de la acusación de Luciani existe un “partido judicial” que en Ecuador, Bolivia y Brasil ha intentado “proteger a los que verdaderamente roban el país”.

El caso del expresidente de Brasil, en particular, se convirtió en estos días en un posible espejo para algunos observadores que analizan el futuro de la vicepresidenta.

La posibilidad de que, tal como esgrime Cristina Kirchner, existan inconsistencias en la acusación de la causa Vialidad podría abrir la puerta a una futura anulación de la causa o vuelta atrás en el proceso, como ocurrió con el caso de Lula.

El izquierdista recuperó sus derechos políticos en marzo de 2021, tras haber pasado 580 días preso, gracias a la anulación de sus condenas por corrupción en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. La máxima corte no declaró inocente a Lula, tal como suele presentar la izquierda, sino que lo favoreció con la revocación de los fallos debido por criterios técnico-formales.

El juez Edson Fachin, en una decisión que luego fue ratificada por el pleno del STF, entendió que Lula no tuvo sus derechos respetados a lo largo de los procesos, conducidos en primera instancia por el exjuez federal Sergio Moro, quien lo había condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

“Estaba seguro de que ese día llegaría (...), de reconocer que nunca hubo delitos cometidos por mí, que nunca hubo involucramiento mío con Petrobras”, celebró Lula, de 76 años, en abril del año pasado.

La investigación

Lula había comenzado a ser investigado en 2016 en la operación anticorrupción “Lava Jato” debido a un supuesto involucramiento en casos de desvíos de dinero de la petrolera estatal Petrobras.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado a 9 años y seis meses de prisión en julio de 2017, por haber recibido supuestos beneficios indebidos a cambio de tres contratos entre la petrolera Petrobras y la constructora OAS entre 2006 y 2012.

La Justicia lo encontró culpable de haber recibido indebidamente un departamento tríplex en la ciudad costera de Guarujá, en la primera y más emblemática condena de Moro, ratificada y con una pena ampliada por una Corte revisora en 2018.

Lula fue encarcelado en abril de 2018, cuando se entregó a la Policía Federal tras haber dormido dos días en la sede del sindicato de los metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, San Pablo. En noviembre de 2019, el STF derrumbó el entendimiento de que los reos debían comenzar a cumplir pena de cárcel tras una condena en segunda instancia, provocando la liberación de Lula, quien tenía recursos abiertos frente a la corte.

Cambio de suerte

La suerte política y jurídica del expresidente brasileño (2003-2010) cambió definitivamente en 2021.

El magistrado Fachin entendió en marzo de ese año que, tanto en ese caso, como en otros dos procesos por corrupción -uno con condena ratificada por supuestas reformas en un sitio en la ciudad paulista de Atibaia y otro abierto por supuestas coimas a través del Instituto Lula-, el Ministerio Público nunca había podido demostrar la participación de Petrobras en los supuestos crímenes. Se trataba de un requisito indispensable para que los procesos fueran tramitados en el tribunal federal de Curitiba, donde trabajaba Moro, quien quedó declarado incompetente.

Por tratarse de delitos federales cometidos en la capital, los casos contra Lula debieron haber sido tramitados em Brasilia, a donde la Corte los envió.

El tiempo terminó siendo un gran aliado del líder de izquierda.

Pese a que el STF envió los procesos a la capital, las causas no fueron reanudadas debido a la prescripción de los delitos que se le imputaban, quedando libre de los procesos del tríplex de Guarajá y del sitio de Atibaia. En el caso del supuesto recibimiento de coimas a través del Instituto Lula, en tanto, la investigación no se reanudó debido a falta de pruebas.

Lula recibió en 2021 una segunda victoria judicial, más significativa inclusive para la narrativa de persecución política: el pleno de de la Corte brasileña juzgó en junio de 2021, por siete votos contra cuatro, que Moro fue parcial al condenar a Lula en el caso del tríplex de Guarujá, llevando a fojas cero el caso y anulando las pruebas recogidas en ese caso.

El fallo se dio en el contexto del “Vaza Jato”, una serie de reportajes publicados en 2019 por el sitio The Intercept que revelaron supuestos diálogos privados de la fuerza tarea de fiscales del Lava Jato, conducida por el exfiscal Deltan Dallagnol, y Moro, que indicaban una complicidad entre el juez y la parte acusadora para perjudicar a Lula.

Moro, según se desprende de esas conversaciones, asistía a la acusación y sugería qué testimonios debían ser escuchados para incriminarlo.

El líder del PT recibió también en abril de este año un espaldarazo del comité de Derechos Humanos de la ONU, que dijo que la investigación y enjuiciamiento violaron el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y también agredieron su derecho a la privacidad y derechos políticos.

El Comité de Derechos Humanos destacó que Moro y sus declaraciones y las de los fiscales violaron el derecho a la presunción de inocencia.

Con sus derechos políticos recuperados, Lula marcha como favorito para la elección del 2 de octubre, cuando enfrentará a Jair Bolsonaro. Tildado de “descondenado” por el mandatario brasileño, Lula puede volver a la presidencia de Brasil como un Ave Fénix a quien, al calor del Lava Jato, una parte importante de la polarizada sociedad brasileña creyó haber visto acabado.